Denuncian desmantelamiento de políticas de derechos en Argentina

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La Asociación Trabajadores del Estado de Argentina (ATE) cuestionó hoy el desmantelamiento de políticas de derechos humanos y el congelamiento de fondos destinados al sitio de memoria ubicado en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

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En un comunicado, ese sindicato calificó de “arbitraria e ilegal” la decisión del Gobierno de suspender por 60 días las asignaciones a esa instalación, convertida en espacio de denuncia tras funcionar como uno de los centros de detención, tortura y exterminio de la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

Si el Ejecutivo no da respuesta en las próximas horas, evaluaremos realizar acciones directas esta semana, afirmó el secretario general de esa organización, Rodolfo Aguiar.

Además, precisó que la medida dictada por el Ministerio de Justicia impide el pago de los salarios correspondientes al mes de marzo de los trabajadores de la exESMA.

Por tal motivo, ATE envió una intimación a esa cartera del Estado y exigió el pago total de los sueldos.

“El salario es fundamental para garantizar la asistencia familiar, que es la vivienda digna, alimentación adecuada y vestimenta, entre otras prestaciones a cumplir”, afirmó Aguiar.

Persisten en su intento de cerrar los espacios de memoria para legitimar la actuación de la dictadura. Ellos saben que, si logran reivindicar el pasado, disciplinan en el presente. No lo podemos permitir, añadió.

Asimismo, reiteró que recurrirán “a todas las medidas legítimas de acción sindical y legales que correspondan”.

Como parte de su plan de lucha, ATE tiene previsto iniciar un paro nacional de 36 horas el próximo miércoles.

En 2023, el Museo Sitio de Memoria ESMA fue declarado Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Por su condición de prueba judicial en las causas por crímenes de lesa humanidad, ese lugar no fue alterado durante su recuperación, sino que permanece como fue descrito en los testimonios de los sobrevivientes del régimen en el llamado Juicio a las Juntas (1985) contra los principales jefes militares de aquel período y en los procesos retomados a partir de 2004.

En él estuvieron retenidos cerca de cinco mil militantes políticos y sociales, de organizaciones revolucionarias —armadas o no—, trabajadores, estudiantes, profesionales, artistas y religiosos, la mayoría de los cuales fueron arrojados vivos al mar.

Además, allí nacieron en cautiverio cientos de niños que fueron separados de sus madres y apropiados ilegalmente o robados.

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