Organizaciones de la sociedad civil de Panamá manifestaron este martes preocupación ante un deterioro acelerado del orden institucional en el país y advirtieron de la criminalización de la protesta y persecución contra organizaciones sociales, gremios, estudiantes, docentes y ciudadanos.
Mediante un comunicado, el Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM) denunció el uso creciente de mecanismos de fuerza frente a las manifestaciones sociales.
“Hemos observado con inquietud el uso desproporcionado de gases lacrimógenos, poniendo en riesgo la vida e integridad de ciudadanos, incluyendo niños y personas mayores. Estas acciones contradicen el mandato constitucional que garantiza el derecho a la protesta pacífica y la obligación del Estado de proteger a su población”, resaltó el mensaje difundido por el CIDEM.
En este sentido, destacó que esta tendencia «se aleja del marco de libertades garantizadas por la Constitución”.
Asimismo, advirtió en el comunicado sobre el quebrantamiento de las garantías constitucionales, que “compromete la estabilidad institucional y puede abrir paso a formas de Gobierno autoritarias, incompatibles con nuestra tradición republicana”.
CIDEM realizó un llamado urgente a las instituciones del Estado a actuar dentro del marco constitucional, y demandaron el respeto a los principios de legalidad, proporcionalidad y transparencia.
“La democracia no se fortalece con represión ni con imposiciones, se consolida con diálogo, rendición de cuentas y garantías efectivas para todos los sectores de la sociedad”, recalcó CIDEM.
De igual manera, la Coordinadora Nacional de Pastoral Indígena solicitó al Gobierno detener la represión, establecer diálogos eficaces “con los movimientos sociales para encontrar puentes y vías de salida”. Asimismo, la coordinadora instó a denunciar “como nulos e ilegales los documentos firmados con EUA”.
En tanto, exigió “respeto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre Minera Panamá y, por ende, el terrible daño ambiental y humano que ya ha sido causado”. También exigieron suspender el proyecto del embalse de río Indio, destacando el desastre ecológico en el área.
De igual manera, el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería denunció las amenazas contra el Estado de Derecho y condenó “la violación a los derechos humanos tanto de manifestantes como de población en general”.
Asimismo, denunció la negativa del Gobierno a ordenar el proceso de cierre definitivo de la mina.
También reveló acerca de los “cientos de detenciones arbitrarias, intimidaciones, un desproporcionado uso de la fuerza contra personas que no han cometido ningún delito, represión violenta hacia docentes, maestras de edad avanzada o jóvenes que simplemente hacían una vigilia”.
El movimiento social denunció las lesiones ejecutadas a menores de edad, mujeres y adultos, a personas de las poblaciones indígenas y comunidades vulnerables.
Asimismo, denunciaron la violación del debido proceso y las garantías constitucionales y el principio de estricta legalidad, a los líderes sindicales o sus organizaciones.
Además de la preocupación por el precedente de una dictadura militar, requirieron la actuación de los diversos organismos internacionales.
El Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, se unió a las voces que solicitan “un alto a la represión, la búsqueda de una salida dialogada con amplia y real participación y un manejo civil y democrático de la crisis que atraviesa nuestro país”.
Diversos sectores sociales mantienen en Panamá una huelga general desde hace semanas en rechazo a las medidas implementadas por el Gobierno del presidente José Raúl Mulino, entre ellas la Ley 462 de pensiones, la posible reapertura de la mina de cobre en Donoso y un memorándum de entendimiento con Estados Unidos que afecta la soberanía nacional.
El sector de docentes continúa en paro, a pesar de la convocatoria del Ministerio de Educación (Meduca) para el regreso a clases el lunes 26 de mayo.
La Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), organización que representa a más de 12 millones de trabajadores en 117 países, denunció el aumento de la represión del Gobierno panameño contra el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).
En tanto, Suntracs es víctima de allanamiento a sus instalaciones y una persecución política abierta a sus líderes.
