Juan Lehmann (Sputnik).— La educación argentina enfrenta una emergencia sostenida. Los resultados de las Pruebas Aprender 2024 revelan una realidad alarmante: apenas el 14,2% de los estudiantes alcanza niveles satisfactorios en Matemática. De hecho, más de la mitad —el 54,6%— quedó por debajo del nivel básico.
La evaluación oficial, organizada por la Secretaría de Educación, abarcó a 379.050 estudiantes de los últimos dos años de la escuela secundaria de todo el país, alcanzando al 70% de la matrícula y a más del 95% de los establecimientos educativos.
En Lengua, los números muestran un escenario menos crítico, aunque aún preocupante: el 58% logró un desempeño satisfactorio o avanzado, mientras que el 42% restante se ubicó en niveles básico o inferior. Si bien se observa una leve mejora respecto a ediciones anteriores, la brecha sigue siendo profunda.
Las cifras refuerzan una tendencia que se arrastra desde hace más de una década. Aunque el deterioro de los aprendizajes no comenzó en la gestión actual, el recorte del presupuesto educativo dispuesto por el Gobierno de Javier Milei agudiza la situación.
En el marco del ajuste fiscal más drástico desde el retorno democrático, el Ejecutivo ha recortado fondos para infraestructura, programas pedagógicos y universidades, en línea con una visión que considera al gasto educativo como prescindible. En 2024, el presidente incluso vetó el aumento de presupuesto votado por el Congreso para las universidades nacionales, una decisión que desató protestas masivas en todo el país.
Desde el Ministerio de Capital Humano, que absorbió las funciones educativas tras la reorganización ministerial, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, reconoció la gravedad del panorama: «Vamos a necesitar por lo menos 15 años de políticas sostenidas para revertir esta situación». Y agregó: «Tenemos una secundaria que no forma en lo básico, que es la lectura y la matemática».
El problema excede a la coyuntura. La Ley de Financiamiento Educativo, sancionada en 2005, establece que el Estado debe destinar al menos el 6% del Producto Bruto Interno a la educación. Sin embargo, la meta estuvo lejos de cumplirse en la enorme mayoría de esos años. Por caso, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) apenas se logró el objetivo en el último año. Durante la gestión de Mauricio Macri (2015-2019) tampoco se cumplió con la normativa. La desinversión, por lo tanto, ha sido transversal a distintas Administraciones.
Los datos de las Pruebas Aprender no son un fenómeno aislado, sino que reflejan una decadencia educativa sostenida que también se manifiesta en evaluaciones internacionales. Según el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) 2022 —organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)—, Argentina se ubica entre los países con peores desempeños en Matemática de la región, con un promedio de 378 puntos, muy por debajo del promedio (472) y de países vecinos como Chile (412) y Uruguay (409).
El mismo informe refleja no solo presenta bajos niveles de aprendizaje, sino también una marcada desigualdad: los estudiantes del 25% más pobre de la población obtienen resultados drásticamente inferiores a sus pares más favorecidos.
Esa falta de financiamiento impacta de forma directa sobre las condiciones del sistema. En muchas regiones, las escuelas carecen de infraestructura adecuada, los salarios docentes pierden poder adquisitivo y los programas de formación y acompañamiento pedagógico se reducen o desaparecen. La secundaria —última etapa obligatoria del sistema— se convierte así en un tramo crítico, con altos niveles de abandono, escasa vinculación con el mundo del trabajo y aprendizajes fragmentarios.
La situación social general actúa como telón de fondo: más del 50% de los niños y adolescentes en Argentina vive en condiciones de pobreza. La crisis económica empuja a muchos jóvenes fuera del sistema educativo o los obliga a combinarlo con trabajo precario, en un escenario de creciente vulnerabilidad.
Mientras tanto, las Pruebas Aprender funcionan como un termómetro que confirma lo que muchas comunidades educativas ya viven como realidad: una escuela que, cada vez más, llega tarde y mal a su función de igualadora social. La crisis educativa argentina no se explica solo por un cambio de Gobierno ni se resuelve con reformas de coyuntura.
Lo urgente y lo importante
«Estamos frente a una verdadera catástrofe educativa. Lo más grave es que, si bien los datos son demoledores, no se trata de algo nuevo: hay una tendencia negativa que no hace más que profundizarse», dijo a Sputnik Martín Nistal, pedagogo y especialista en política educativa.
Según el investigador, se trata de un escenario por demás complejo, no solamente debido a los resultados en sí, sino al marco en el cual se inscriben. «Las operaciones de matemática básica no admiten excusas: si más del 60% de los chicos no entienden cuentas simples, esto significa que no es un problema exclusivo de la asignatura, sino una alarma sobre el sistema educativo en general», destacó el experto.
«El fenómeno del empobrecimiento escolar tiene múltiples causas, pero sin lugar a dudas estos resultados responden a la realidad del país. Desde hace años vemos que la política educativa es insuficiente o directamente nula. No se puede pretender grandes resultados si de fondo no hay una visión planificada de largo plazo», apuntó.
«No hay plata»
Para Nistal, el factor socioeconómico resulta fundamental a la hora de comprender el fenómeno. «Hay un fuerte ausentismo escolar por parte de los chicos y eso se percibe, sobre todo, entre aquellos de menores recursos. Además, la pobreza lleva a que haya una mala alimentación, lo cual redunda en resultados académicos marcadamente peores».
El problema se refleja al otro lado del pupitre. Si los estudiantes más postergados afrontan dificultades económicas concretas, según el experto «esto se complica cuando hablamos del presupuesto: el ajuste fiscal, sumado a la falta de política pública, lleva a que los docentes hoy cobren un salario muy bajo y se vean obligados a mantener dos o tres trabajos en simultáneo, lo que empeora el desempeño profesional».
«Acá no hay una única causa ni un único responsable. Es un problema estructural que requiere una respuesta a la altura de una política de Estado: esto no va a solucionarse ni con uno ni con dos ni con tres Gobiernos, sino con la planificación tanto académica como presupuestaria», destacó Nistal.
