El representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, presentó una misiva formal ante el Consejo de Seguridad en la que denuncia el abordaje, secuestro y robo de un cargamento de petróleo venezolano en aguas internacionales por parte de Estados Unidos, calificándolo como un acto de “piratería marítima ejercida directamente por un Estado”.
En su comunicación dirigida al presidente del Consejo de Seguridad, el embajador esloveno Samuel Žbogar, Moncada subrayó que este incidente “no es un hecho aislado”, sino parte de una “política sostenida de coerción y agresión” contra Venezuela, basada en “medidas coercitivas unilaterales, ilegales e ilegítimas”.
El documento refiere que tales acciones han escalado a prácticas que constituyen, en términos jurídicos, piratería marítima, prohibida expresamente por el Derecho Internacional.
La misiva hace referencia al artículo 101 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), que define la piratería como “todo acto ilegal de violencia, detención o depredación cometido en alta mar”.
Moncada argumentó que cuando una fuerza militar estatal comete actos idénticos, la gravedad del hecho “agrava la acción hostil” y compromete la integridad del sistema multilateral.
“El régimen jurídico de la alta mar protege la libertad de navegación y el comercio internacional lícito; principios que han sido flagrantemente vulnerados en este caso”, señala la carta.
Además, se recuerda que la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2, párrafo 4, prohíbe categóricamente el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, competencia exclusiva del Consejo de Seguridad bajo los artículos 39 y 42. No existe ninguna autorización del órgano que justifique el abordaje violento, el secuestro de la tripulación ni el robo del cargamento, reiteró Venezuela.
El documento también destaca que el propio Consejo ha condenado reiteradamente la piratería mediante resoluciones como la 1816 (2008), 1838 (2008), 2015 (2011) y 2634 (2022), reconociéndola como una amenaza a la paz y la seguridad internacional. Asimismo, la Organización Marítima Internacional (OMI) ha reiterado su rechazo a tales actos por constituir una amenaza directa a la seguridad marítima.
Ante este escenario, Venezuela exige a EE.UU. la liberación inmediata de la tripulación secuestrada, la devolución del petróleo confiscado y el cese de cualquier interferencia contra su comercio petrolero legítimo. También insta al Consejo de Seguridad a condenar públicamente este acto, actuar para preservar la seguridad de la navegación y evitar que la piratería se consolide como instrumento de coerción política.
Finalmente, el Gobierno bolivariano solicitó que se reafirme, por vía escrita, que no existe ninguna resolución que autorice acciones contra Venezuela ni contra su comercio de petróleo, y que la comunicación sea distribuida como documento oficial del Consejo a todos los Estados miembros.
