El presidente Donald Trump, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el Comando Sur de Estados Unidos han utilizado repetidamente las redes sociales para alardear de los mortíferos ataques con bombas a barcos, supuestamente dirigidos contra narcotraficantes en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, durante casi ocho meses.
Este martes, sobrevivientes de algunos ataques contra barcos pesqueros acusaron a las fuerzas estadounidenses de tortura. El barco pesquero ecuatoriano La Fiorella «se incendió» el 20 de enero, y «los ocho pescadores a bordo no han sido vistos desde entonces», informó la periodista Camila Lourdes Galarza en Drop Site News el martes.
«Ahora, 36 sobrevivientes de dos ataques en el Pacífico con características similares alegan haber sido secuestrados y torturados por las fuerzas estadounidenses y llevados en barco hasta El Salvador antes de ser devueltos a Ecuador», dijo la publicación cuyo periodista habló con abogados, familiares y sobrevivientes, entre ellos Hernán Flores, capitán de La Negra Francisca Duarte II, que fue atacada con un dron con un cilindro amarillo el 17 de marzo.
Commondreams.org, se ha hecho eco del reportaje de Drop Site News en el que Flores relató: «Muchos de nosotros teníamos heridas por todo el cuerpo a causa de la explosión. Un joven sangraba tanto que llenó el suelo de nuestro bote salvavidas de sangre… El dron atravesó la ventana de nuestra cabina, le destrozó el pie a mi sobrino de tal manera que se le veía la carne y el hueso, y provocó que el techo del bote se hundiera sobre mi cuello. Unos segundos después, una explosión sacudió la embarcación, provocando un terrible zumbido en los oídos. Desesperados, los hombres se lanzaron al agua, algunos sin chalecos salvavidas, incluso los que no sabían nadar».
Los supervivientes se dirigieron a una lancha azul con una lanza en el casco, llena de hombres armados, rubios y angloparlantes, vestidos con uniformes de camuflaje. Estos hombres desenfundaron sus armas, esposaron a los pescadores, les cubrieron la cabeza con capuchas y los retuvieron en la cubierta metálica abrasadora de la embarcación durante más de 24 horas, provocándoles ampollas en la piel, según informó Galarza.
Solo les dieron una botella de agua y, salvo a un pescador, a todos se les negó atención médica, a pesar de la gravedad de lo que acababan de sufrir. Finalmente, fueron devueltos a Ecuador, donde Trump ha desplegado recientemente fuerzas estadounidenses para una campaña conjunta contra los que califica de narcoterroristas.
La descripción de las agresiones continúa asegurando que sin embargo, antes fueron entregados a la Guardia Costera de El Salvador, que el 3 de abril también interceptó a otros 20 pescadores ecuatorianos con pérdida de visión y audición, contusiones y perforaciones en los brazos.
Según Galarza, esos pescadores se encontraban a bordo del Don Maca y «contaron un relato sorprendentemente similar de un presunto ataque de soldados estadounidenses: un barco bombardeado, una ráfaga de balas y la ausencia de un debido proceso».
Sebastián Palacios, uno de los sobrevivientes presuntamente retenidos como rehenes durante ocho días, afirmó que «nos trataron como animales».
Galarza señaló que el Comando Sur de Estados Unidos (US Southcom) remitió las preguntas sobre los tres incidentes a Ecuador, cuya Autoridad Portuaria colgó el teléfono al enterarse de que la llamada solicitando comentarios provenía de periodistas.
Harriet Barber recibió una respuesta similar del Southcom por su reportaje del martes sobre el ataque al Don Maca en The Guardian.
La periodista habló con sobrevivientes, incluido Palacios, así como con el abogado que representa a la tripulación, Fernando Bastias Robayo, del Consejo de Derechos Humanos.
«Un buque estadounidense los interceptó y los obligó a subir a bordo. Una vez detenidos, su barco pesquero fue dinamitado», declaró el abogado. «Les cubrieron la cabeza arbitrariamente y luego los abandonaron en la costa salvadoreña. Cualquier aprehensión seguida de detención incomunicada constituye una desaparición forzada». «Fue una forma de tortura psicológica, no saber qué iba a pasar con tu vida y tener la cara cubierta», añadió.
Palacios le dijo a Barber: «Me asusto en medio de la noche. No puedo dormir bien. Todavía me duelen los oídos… Creo que se acabó para mí. Dejo de pescar. Volver allí es imposible. Pensé que nos iban a matar».
El informe del martes se produjo apenas dos días después de que el Southcom anunciara en redes sociales que «la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas… a lo largo de rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe», matando a tres presuntos «narcoterroristas», dijo Common Dreams.
El ataque del domingo elevó el número de muertos por la campaña de atentados con bombas en barcos de Trump a al menos 180, según The New York Times, cifra que según el conteo de The Intercept es de 181, mientras que la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) estima que hay 182 muertos en lo que está calificado como «ejecuciones extrajudiciales». Los críticos de la campaña han acusado al gobierno estadounidense de «crímenes de guerra, asesinato o ambos».
En respuesta al último ataque confirmado de Trump, Amnistía Internacional sw Estados Unidos condenó el lunes «tres asesinatos más en el mar» y declaró que «el Congreso debe actuar para detener estos bombardeos».
Hasta el momento, ambas cámaras del Congreso, controlado por los republicanos, se han negado a aprobar resoluciones que autoricen la imposición de poderes de guerra destinadas a detener los ataques marítimos de Trump. Medidas similares dirigidas a su agresión contra Venezuela e Irán tampoco han prosperado en el cuerpo legislativo estadounidense.
