El Tribunal de Turín ha dictado sentencia de primer grado contra 18 militantes anarquistas italianos, imponiendo condenas que oscilan entre el año y medio y los cinco años y seis meses de prisión. El fallo responde a los incidentes registrados el 4 de marzo de 2023 durante una manifestación en apoyo al preso político anarquista Alfredo Cospito, quien en aquel momento realizaba una huelga de hambre prolongada contra su encarcelamiento bajo el régimen de tortura del 41-bis. Según detalla Il Manifesto, la sentencia del tribunal piamontés valida gran parte del esquema represivo de la fiscalía al reconocer delitos de «daños agravados», «pintadas», «resistencia» y «violencia contra funcionario público», castigando la participación en una protesta que el Estado ha tratado como un ataque directo a su estructura.
La resolución judicial no solo implica la privación de libertad de los encausados, sino que impone una asfixiante carga económica mediante el pago de indemnizaciones solidarias a las partes civiles personadas. Entre los beneficiarios de estas cuantías se encuentran instituciones públicas y entidades financieras: el Ayuntamiento de Turín recibirá 33.000 euros, la empresa de transportes GTT 10.500 euros y Banca Reale 2.575 euros. Además, los 18 condenados deberán sufragar 16.000 euros adicionales en concepto de costas legales, consolidando una transferencia de recursos desde los movimientos sociales libertarios hacia las instituciones del Estado y el capital bancario.
A pesar de que el tribunal no aceptó la calificación de «devastación» solicitada por el fiscal Paolo Scafi —que pedía hasta 13 años de cárcel—, la defensa ha señalado que la condena sigue siendo política y punitiva. El abogado Claudio Novaro subrayó que la mayoría de los imputados han sido castigados por acusaciones tan vagas como «concurrencia moral» o por «facilitar conductas ajenas», basándose en actos de extrema levedad. Esta interpretación judicial permite, sin embargo, condenar a militantes sin necesidad de probar una autoría material directa, reforzando la capacidad de castigo del Estado contra cualquier forma de disidencia que se manifieste de manera combativa en el espacio público.
La condena ha sido celebrada con matices por los sectores más reaccionarios del Gobierno italiano. Paolo Zangrillo, ministro de Administración Pública y dirigente de Forza Italia, ha insistido en que no se puede ser «garantista» con quienes «atacan al Estado y ponen en peligro la colectividad», validando así la persecución judicial contra los movimientos que denunciaron la situación de Cospito. La sentencia del 16 de abril se suma a la tendencia de criminalización del antifascismo y el anarquismo en Italia, utilizando penas de prisión y multas económicas para neutralizar la protesta política y proteger la propiedad privada de las instituciones y el sector financiero.
