¿Salud o rentabilidad? El chantaje de la productividad.
El modelo de gestión de la Xunta sitúa el factor económico por encima de la salud. Al incorporar la duración de las incapacidades temporales como indicador de productividad, se devalúa el criterio clínico de los profesionales de la atención primaria.
Ataque a la autonomía médica: Condicionar un complemento salarial anual a que las bajas no excedan un estándar estadístico presiona al profesional. Cada persona tiene un proceso de recuperación único que ningún manual de tiempos óptimos puede homogeneizar.
Quiebra de la confianza: Esta medida dinamita la relación de confianza entre el médico y el paciente. El enfermo entra en consulta con el temor de si recibe el alta médica real o si se busca el cumplimiento de un objetivo financiero institucional.
Ocultación de las carencias del sistema: La Xunta obvia deliberadamente que la larga duración de muchas bajas se debe a las listas de espera crónicas para especialistas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. Un paciente permanece más tiempo de baja porque el propio sistema público tarda meses en atenderlo, no por voluntad propia o complacencia del facultativo.
La respuesta social: Dignidad frente al desmantelamiento.
Las reacciones en contra de esta medida reflejan el rechazo unánime de los colectivos profesionales y sindicales:
Oposición de los colegios médicos: Las organizaciones colegiales de Galicia y sociedades como AGAMFEC tachan la medida de «burda» y denuncian presiones inadmisibles para acelerar las altas.
La Xunta de Galicia cuestiona la honestidad de trabajadores y facultativos.
Criminalización de la clase trabajadora: Se despliega una campaña que asocia implícitamente la incapacidad temporal con el fraude laboral, incrementando la contratación de inspectores sanitarios en lugar de reforzar el personal clínico de los centros de salud.
Conclusión: La sanidad no es una empresa.
Los derechos laborales y el derecho a la salud no pueden estar supeditados al ahorro fiscal ni a objetivos numéricos corporativos. Un gobierno que premia económicamente por restringir el tiempo de recuperación de un trabajador enfermo vulnera los principios de equidad y bienestar social.
La solución para reducir el gasto en incapacidades temporales no requiere presionar al personal de atención primaria. Pasa necesariamente por invertir en la sanidad pública, agilizar de forma efectiva las listas de espera, garantizar condiciones laborales dignas y penalizar el incumplimiento empresarial en la prevención de riesgos laborales. Defender la sanidad pública implica impedir que se convierta en una herramienta de control y ajuste presupuestario a costa de la salud de las mayorías sociales.
André Abeledo Fernández
