El botín del Ibex 35: la farsa de la democracia de las puertas giratorias.
La corrupción en España no se limita al maletín de billetes bajo cuerda ni a las comisiones ilegales en bolsas de basura. Esos son los síntomas vulgares de una enfermedad mucho más profunda y devastadora. La verdadera corrupción, la más dañina para la mayoría social, está institucionalizada, viste trajes de alta costura, se sienta en los consejos de administración del Ibex 35 y se ampara bajo la legalidad vigente. Las llamadas puertas giratorias son el mecanismo clave de este sistema: un engranaje perfecto diseñado para subordinar los recursos públicos a los intereses del gran capital a costa del sufrimiento de la clase trabajadora.
No estamos ante coincidencias laborales ni ante el legítimo derecho de un exdirigente a reincorporarse al mercado laboral. Estamos ante el pago de favores diferido. Durante décadas, los sucesivos gobiernos del bipartidismo (PP y PSOE) desmantelaron el patrimonio del Estado, privatizando a precio de saldo sectores estratégicos que pertenecían a todo el pueblo. La luz, el gas, las telecomunicaciones y la banca pasaron de ser derechos garantizados a lucrativos negocios privados. ¿La recompensa? Un retiro dorado con sueldos millonarios para quienes firmaron esas privatizaciones.
La lista de la vergüenza es interminable y no entiende de siglas, demostrando que el régimen del 78 opera como un bloque monolítico cuando se trata de proteger a los poderosos. Expresidentes del Gobierno como Felipe González (PSOE) terminaron en Gas Natural Fenosa, mientras José María Aznar (PP) hacía lo propio en Endesa. El desfile de exministros por los consejos de administración de Iberdrola, Enagás o Repsol —como Ángel Acebes, Elena Salgado, Pedro Solbes o Ana Palacio— evidencia que las multinacionales energéticas no contratan su conocimiento, sino sus agendas telefónicas y su capacidad de influencia para redactar leyes a la carta.
El impacto de este secuestro democrático lo paga diariamente la clase obrera. Cada vez que una familia sufre pobreza energética y se ve obligada a elegir entre comer o encender la calefacción, mientras las eléctricas baten récords históricos de beneficios, se materializa la estafa social. Los consejos de administración tienen más poder real que el Parlamento electo porque los políticos que deberían regularlos están pensando en su futuro sillón. Todo esto ocurre, además, con la complicidad de unos grandes medios de comunicación financiados por la publicidad de estas mismas corporaciones, cuya misión es anestesiar a la población y desviar la atención con falsos debates.
Frente a este saqueo legalizado, las reformas cosméticas o el endurecimiento de los plazos de incompatibilidad son parches inútiles. No se puede regular la codicia de un sistema que mercantiliza la vida. La única salida real es la ruptura: la prohibición absoluta por ley del paso de cargos públicos a grandes empresas de sectores regulados, y la nacionalización inmediata de la energía, el agua y los servicios básicos. Solo recuperando el control público y obrero de estos sectores estratégicos podremos destruir este régimen corrupto y garantizar que los recursos del país sirvan para sostener la vida de la mayoría, y no para llenar los bolsillos de una minoría privilegiada.
André Abeledo Fernández
