La salud no es una mercancía: el negocio de la enfermedad y el desguace de la sanidad pública.
Si hay un terreno donde la crueldad del capitalismo y el sistema de las puertas giratorias se muestra sin careta es en el sector de la salud. En España, la sanidad pública, una de las mayores conquistas históricas de la clase trabajadora, está siendo sometida a un proceso planificado de demolición controlada. No estamos ante un problema de falta de recursos o de mala gestión; estamos ante una estrategia política y económica perfectamente diseñada para deteriorar lo público y empujar a la población hacia los brazos del negocio privado.
El modus operandi es tan viejo como el propio capitalismo: asfixiar financieramente los hospitales y centros de salud públicos, precarizar a los profesionales sanitarios, saturar la atención primaria y engrosar las listas de espera hasta niveles insoportables. Cuando pedir una cita con el médico de cabecera tarda semanas y una operación quirúrgica se demora meses, la clase obrera es condenada a la desprotección. Es en ese escenario de desesperación inducida donde las grandes corporaciones de la salud privada y las aseguradoras hacen su agosto, presentándose como la «solución» a un problema que sus propios aliados políticos han creado.
La penetración del capital privado en la sanidad se disfraza habitualmente bajo eufemismos técnicos como la «colaboración público-privada» o los modelos de concesión. Pero la realidad detrás de la propaganda es el desvío sistemático de dinero público hacia manos privadas. Los hospitales de gestión privada financiados con presupuestos públicos seleccionan los pacientes y las patologías más rentables, derivando los casos complejos, crónicos y costosos de vuelta a la red pública. El objetivo de estas empresas no es curar, es maximizar el beneficio de sus accionistas; y en medicina, la rentabilidad empresarial se consigue recortando en personal, reduciendo camas y escatimando en pruebas diagnósticas.
Al igual que ocurre en el sector energético, las puertas giratorias aseguran que este trasvase de riqueza no se detenga. Altos cargos de las consejerías de sanidad de diversos gobiernos autonómicos han terminado sus mandatos para incorporarse inmediatamente como directivos de las grandes multinacionales de la salud privada o de las constructoras que gestionan los hospitales privatizados. Quienes un día redactaban los pliegos de condiciones de las contratas públicas, al día siguiente se sentaban en el lado de la mesa que se beneficia de esos mismos contratos.
Esta mercantilización de la salud profundiza de forma dramática la brecha de clase. Mientras los ricos pueden saltarse las listas de espera pagando mutuas exclusivas, las familias trabajadoras, cuyos salarios apenas cubren la cesta de la compra, quedan atrapadas en un sistema público infrafinanciado. La salud se convierte así en un privilegio de clase en lugar de un derecho universal.
Frente a la privatización de la vida, la respuesta no puede ser pedir más presupuesto para que lo sigan gestionando las empresas del Ibex 35. Defender la sanidad exige la expulsión inmediata del capital privado de todo el sistema sanitario. Es imprescindible prohibir por ley cualquier forma de concertación o privatización de servicios médicos, revertir todas las concesiones existentes a la gestión pública directa y garantizar condiciones dignas para los trabajadores de la salud. La vida y la enfermedad de nuestro pueblo no pueden seguir siendo el nicho de mercado de ninguna corporación.
André Abeledo Fernández
