La sanidad pública: un derecho conquistado que nos están robando en silencio.
Las listas de espera se alargan, los centros de salud se vacían de médicos y los hospitales privados crecen. No es casualidad: es política. Y tiene nombre y apellidos.
Hay algo que la clase trabajadora entiende mejor que nadie, porque lo vive en su propia piel: la diferencia entre tener un derecho reconocido en la ley y poder ejercerlo de verdad. En España tenemos una sanidad pública universal que sobre el papel es la envidia de medio mundo. Tenemos médicos de familia, hospitales públicos, pediatras, especialistas, urgencias abiertas las veinticuatro horas. Lo tenemos escrito, lo tenemos legislado, lo tenemos en los discursos de todos los partidos en época electoral. Lo que no tenemos, cada vez menos, es la capacidad real de acceder a esa sanidad sin esperar meses, sin desplazarnos decenas de kilómetros, sin acabar pagando de nuestro bolsillo lo que deberíamos tener garantizado como ciudadanos.
Cuando un trabajador espera ocho meses para ver a un especialista, cuando una madre no consigue cita con el pediatra de su hijo hasta pasada una semana, cuando un anciano tiene que coger dos autobuses para llegar al centro de salud más cercano porque el suyo cerró por recortes, ese derecho constitucional a la protección de la salud se convierte en papel mojado. Y ese papel mojado no es una fatalidad inevitable: es el resultado de decisiones políticas concretas, tomadas por gobiernos concretos, al servicio de intereses concretos. El negocio de la salud privada no crece porque sí. Crece porque alguien se encarga de que la pública no funcione lo suficientemente bien.
Cuando la sanidad pública falla, no falla para todos por igual. Falla siempre para los mismos: para quienes no pueden permitirse pagar.
Los recortes que no se recuperaron nunca.
La crisis de 2008 fue el pretexto perfecto. Con la excusa de la austeridad, de la deuda, de la prima de riesgo y de los mercados financieros —esa nueva divinidad ante la que todos los gobiernos se postran—, se aplicaron recortes brutales a la sanidad pública que dejaron heridas que no han cicatrizado. Se cerraron camas hospitalarias, se redujeron plantillas de médicos y enfermeras, se congelaron salarios hasta hacer inviable la permanencia de profesionales en el sistema público, y se externalizaron servicios que acabaron engordando las cuentas de resultados de empresas privadas vinculadas al poder político.
Y lo más grave no es que esos recortes se aplicaran, lo más grave es que nunca se revirtieron del todo. Cuando la economía supuestamente se recuperó, cuando los datos macroeconómicos volvieron a ser presentables en Bruselas, la sanidad pública no recuperó lo que había perdido. Las plantillas siguieron bajo mínimos, las listas de espera siguieron creciendo, y los profesionales sanitarios siguieron marchándose a trabajar fuera, a la sanidad privada o directamente al extranjero, donde se les valora y se les paga como merecen. La pandemia de 2020 lo puso ante los ojos de todo el mundo con una crudeza que no admitía matices: teníamos un sistema sanitario al límite, sostenido por la vocación y el sacrificio de sus trabajadores, no por una inversión pública a la altura de las necesidades.
Lo que los recortes han dejado atrás:
Listas de espera quirúrgicas que en algunas comunidades superan el año de espera para intervenciones no urgentes pero necesarias.
Centros de salud rurales cerrados o con atención reducida, dejando a poblaciones enteras sin acceso cercano a la atención primaria.
Fuga de médicos especialistas hacia la sanidad privada o el extranjero, atraídos por mejores condiciones salariales y laborales.
Conciertos con clínicas privadas que desvían fondos públicos hacia el negocio privado de la salud sin resolver el problema estructural.
Salud mental, la gran olvidada: escasísimos psicólogos en la red pública, con esperas de meses para quienes más lo necesitan.
Desigualdad territorial flagrante: la comunidad autónoma en que naces determina en buena medida la calidad de la sanidad a la que puedes acceder.
La privatización que no se llama privatización.
Uno de los grandes éxitos del discurso neoliberal ha sido convencernos de que privatizar la sanidad es algo que no está pasando, o que si pasa es inevitable y hasta beneficioso. Nadie dice abiertamente «vamos a privatizar la sanidad pública». Lo que dicen es que van a introducir «eficiencia», «gestión profesional», «colaboración público-privada». Lo que dicen es que los conciertos con clínicas privadas permiten reducir las listas de espera. Lo que no dicen es que cada euro que va a esa clínica privada es un euro que no se invierte en fortalecer el sistema público, y que cada paciente derivado a la privada es un argumento más para justificar que lo público no funciona y hay que seguir recortando.
Es un círculo perfectamente diseñado: se infrafinancia lo público, lo público deteriora su servicio, la ciudadanía pierde confianza en lo público, se justifica la entrada de la privada, la privada prospera, y los mismos que tomaron las decisiones de recorte acaban en los consejos de administración de las empresas que se han beneficiado de esos recortes. No es una teoría conspirativa: es lo que ha ocurrido en comunidades como Madrid, donde el experimento de privatización sanitaria lleva décadas ejecutándose ante nuestros ojos con una impunidad que debería escandalizarnos más de lo que nos escandaliza.
Primero recortan la sanidad pública hasta que duele. Después te venden la privada como la solución. El negocio es redondo. Para ellos.
Los profesionales sanitarios: héroes de pancarta, precarios de nómina
Durante la pandemia los aplaudimos desde los balcones. Les pusimos el cartel de héroes, les dedicamos canciones, les regalamos flores y agradecimientos. Y mientras tanto, muchos de ellos cobraban sueldos de vergüenza, trabajaban con contratos temporales encadenados durante años, y realizaban guardias interminables que ponían en riesgo su propia salud y la de sus pacientes. El aplauso fue barato. Lo que cuesta dinero es pagar dignamente a quien te salva la vida, contratar las plantillas que hacen falta, garantizar condiciones laborales que no expulsen del sistema público a los mejores profesionales.
Los médicos de familia, los enfermeros, los auxiliares, los celadores, el personal administrativo de los centros de salud: todos ellos sostienen un sistema que los maltrata laboralmente y que después se sorprende de que haya plazas sin cubrir, de que los MIR no elijan medicina de familia, de que la atención primaria esté en crisis. No es un misterio. Es la consecuencia directa de décadas de infravaloración y de una política salarial que trata al sanitario público como un recurso prescindible en lugar de como el pilar sobre el que descansa la salud de toda la sociedad.
La salud no es una mercancía: es un derecho.
Lo que está en juego no es un debate técnico sobre modelos de gestión sanitaria. Lo que está en juego es si en este país la salud va a seguir siendo un derecho universal o va a convertirse, definitivamente, en una mercancía que se compra y se vende. Si vas a recibir la misma atención médica tengas el dinero que tengas, o si tu esperanza de vida va a depender de lo que ganas cada mes. Esa es la pregunta real. Y la respuesta que estamos dando como sociedad, a base de recortes silenciosos, de privatizaciones disfrazadas y de resignación ciudadana, no es la que merecemos.
La sanidad pública es una de las grandes conquistas del movimiento obrero y de las luchas democráticas del siglo XX. Costó sangre, sudor y décadas de organización conseguirla. Puede perderse en una generación si nos descuidamos, si dejamos que el relato de la ineficiencia pública nos convenza de que no hay alternativa. Hay alternativa: invertir en lo público, exigir rendición de cuentas a los gestores, blindar el sistema frente a los intereses privados y defender con uñas y dientes cada centro de salud, cada cama hospitalaria y cada profesional que sostiene este sistema. Esa defensa no la van a hacer por nosotros. La tenemos que hacer nosotros mismos, organizados y con la conciencia clara de lo que nos jugamos.
André Abeledo Fernández
Delegado sindical de la CIG en Mercadona (A Coruña)
