Cuatro relatores y mecanismos de Naciones Unidas enviaron una comunicación conjunta al Gobierno español donde expresan su “seria preocupación” por el archivo sistemático de las querellas estatales contra los crímenes de la dictadura franquista y la Transición. Los expertos de la ONU señalan de forma contundente que “mientras el Estado español no inicie investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de derechos humanos” del franquismo, el Ejecutivo “estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”. El documento añade que el derecho internacional de los derechos humanos establece la “obligación de investigar y sancionar estas prácticas en todas sus esferas y niveles”, y advierte que no hacerlo puede “comprometer la responsabilidad del Estado en su conjunto”.
El pronunciamiento de la ONU responde directamente a una denuncia presentada por los colectivos de defensa de los derechos humanos Irídia y CEAQUA. Estas organizaciones civiles documentaron al menos 18 casos que los tribunales españoles bloquearon o archivaron inmediatamente después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática de 2022. Como ejemplo de este bloqueo judicial, el dossier recoge el caso del asesinato del trabajador Teófilo del Valle en 1976; la Audiencia de Alicante revocó la imputación del exministro de la dictadura Rodolfo Martín Villa esgrimiendo la Ley de Amnistía de 1977. Otro caso mencionado fue el de Julio Pacheco, cuyas denuncias por torturas policiales se tomaron en consideración por primera vez en septiembre de 2023, pero la causa terminó archivada poco tiempo después.
Esta nueva advertencia del organismo internacional se suma a los requerimientos idénticos que la ONU ya dirigió formalmente al Estado español en los años 2014, 2015, 2024 y 2025 para frenar la impunidad jurídica de los responsables de la dictadura. Aunque el pasado mes de abril la ONU valoró «de forma positiva» la creación administrativa de una Comisión de la Verdad en el Estado español, los relatores insisten en que estas comisiones no sustituyen en ningún caso la exigencia de responsabilidades penales en los tribunales, la reparación integral a las familias ni la búsqueda activa de las personas desaparecidas.
