Dos caras de la misma moneda ensangrentada.
Israel bombardea Gaza. Estados Unidos lo sostiene. Esa es la ecuación que ningún relato diplomático, ningún «plan de paz» y ninguna cumbre en Florida puede maquillar. Podrán escenificar tensiones, filtrar supuestos enfados entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu, dejar caer frases hirientes ante las cámaras. Pero mientras el show del desencuentro ocupa portadas, las bombas siguen cayendo, los niños siguen muriendo y el veto en el Consejo de Seguridad sigue funcionando con precisión de reloj suizo. El teatro no interrumpe la matanza; la acompaña.
Conviene no perder de vista lo esencial: sin el respaldo incondicional de Washington, Israel no podría sostener ni un solo día su ofensiva sobre Palestina. Sin Washington como escudo diplomático tampoco habría sido posible la agresión contra el Líbano ni la escalada bélica contra Irán, que ha arrastrado a buena parte del mundo a una crisis de consecuencias todavía por medir. Esa es la verdadera «sociedad estratégica»: no dos potencias que se llevan bien, sino dos maquinarias de poder que se necesitan mutuamente para sostener la impunidad.
Netanyahu ha sido señalado por instancias internacionales por crímenes contra la humanidad, y aun así se pasea por capitales occidentales protegido, condecorado, invitado a hablar en parlamentos. Ese contraste —el peso simbólico de una condena internacional frente al trato de socio preferente que recibe— es en sí mismo un síntoma de hasta qué punto la legalidad internacional se aplica de forma selectiva según de qué lado del mapa geopolítico se encuentre uno.
El ministro que legitima el odio.
En el propio gobierno israelí, figuras como Itamar Ben Gvir personifican sin matices el rostro más crudo de ese proyecto: alguien que llegó a la vida pública desde la extrema derecha más radical —tan radical que el propio ejército israelí rechazó en su día su ingreso—, y que hoy ocupa una cartera ministerial desde la que ha normalizado discursos de desprecio hacia poblaciones enteras. Cuando un responsable de Seguridad Nacional visita a activistas humanitarios retenidos, atados en el suelo, y los increpa llamándolos «terroristas» por intentar romper un bloqueo con ayuda humanitaria, no estamos ante un exceso verbal aislado: estamos ante la política de Estado hecha gesto.
Esa misma lógica se traduce en legislación: reformas que avanzan hacia la pena de muerte para delitos de terrorismo aplicados de forma asimétrica, con impunidad garantizada para los colonos y mano dura reservada en exclusiva para la población palestina. No es un desliz de un gobierno concreto; es la arquitectura jurídica de un proyecto colonial que necesita del miedo y del castigo desigual para sostenerse.
Una desproporción que los números no permiten esconder.
No hay eufemismo posible ni relativismo geopolítico que sostenga la comparación. Naciones Unidas y organismos como UNICEF y Save the Children han verificado más de 20.000 niños y niñas palestinos muertos en apenas dos años de ofensiva israelí sobre Gaza, con decenas de miles más mutilados o heridos. En ese mismo periodo de tiempo, la guerra de Ucrania —que lleva ya tres años y medio y ha ocupado infinitamente más portadas, cumbres y paquetes de sanciones en Occidente— acumula, según la propia ONU, un total de en torno a 3.000 niños muertos o heridos combinados desde su inicio en 2022.
Dicho de otro modo: en la mitad de tiempo, el ejército israelí ha matado a muchas más veces el número de niños que ha matado la invasión rusa en Ucrania en el doble de tiempo. Y sin embargo, un conflicto concentra portadas, condenas unánimes y ríos de armamento para la parte agredida; el otro recibe complicidad, financiación militar ininterrumpida y el escudo del veto en el Consejo de Seguridad para quien agrede. Esa asimetría en el trato mediático y diplomático no es casualidad: es la medida exacta de qué vidas importan y cuáles no en la jerarquía moral de Occidente.
Una obligación que no admite neutralidad.
La ONU, no un gobierno cualquiera, ha denunciado en Gaza una <em>impunidad generalizada</em> y un desprecio sistemático por la vida civil palestina. Cuando quien firma esa denuncia no es un país «hostil» a Israel sino el propio sistema de Naciones Unidas, la excusa de la «desinformación» o la «hipocresía extranjera» que repiten los portavoces israelíes se cae por su propio peso.
Frente a esto, la neutralidad no es una posición prudente: es una forma de complicidad. Mirar hacia otro lado no exime de responsabilidad; la reparte. La humanidad tiene una obligación moral de sostener al pueblo palestino con la misma firmeza con la que, décadas atrás, debió sostenerse —y en muchos casos no se sostuvo a tiempo— frente a otros proyectos de exterminio en el siglo XX. Detener esto no es una opción entre otras: es un imperativo de supervivencia colectiva, y quienes hoy señalan con el dedo a los países que se atreven a criticar a Israel —España, Irlanda, Suecia entre ellos— solo demuestran que la verdad, aunque incómoda, sigue siendo verdad.
No se trata de antisemitismo, y quien lo confunda con antisemitismo, de mala fe o por comodidad, falta también a la verdad. Se trata de anticolonialismo, de antifascismo, de una defensa elemental de la vida frente a cualquier proyecto —sionista, imperialista o de la naturaleza que sea— que la convierta en un daño colateral aceptable.
La solidaridad internacional con Palestina no es un gesto simbólico de fin de semana. Es, como toda solidaridad de clase consciente, una obligación cotidiana.
André Abeledo Fernández
