El primer ministro Benjamín Netanyahu anunció que impulsará dos proyectos de ley para sancionar a ciudadanos israelíes que «difamen» a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel en el extranjero. El anuncio sigue a la repercusión que ha tenido en el país por el documental Naza, que expone crímenes de sus militares en Gaza.
El filme ya provocó declaraciones de odio como las del ministro de cultura, Miki Zohar, quien expresó el domingo su decisión de despojar de la nacionalidad a los directores israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor. Las acciones anunciadas por Netanyahu contemplan la posibilidad de revocar la ciudadanía y aumentar las indemnizaciones que podrían reclamarse judicialmente. «Los golpearemos tanto en el bolsillo como en su ciudadanía, porque no tienen cabida entre nosotros», afirmó.
Se espera que el proyecto de ley relativo a la revocación de ciudadanía para aquellos que «difundan difamaciones sobre los soldados de las FDI y el Estado de Israel a nivel internacional» sea introducido a través del Ministerio de Interior. La acción judicial se suma a una oleada de ataques contra los directores de la cinta.
La producción, galardonada el pasado sábado en el Festival de Cine de Venecia con el premio especial del jurado, recoge el testimonio de 24 oficiales de inteligencia y soldados israelíes que aportan nuevos detalles sobre los medios y tácticas empleados para el genocidio en Gaza.
El ministro israelí de Cultura, Miki Zohar, envió este miércoles una carta al jefe del Shin Bet (servicio de inteligencia interior), David Zini, pidiéndole investigar la identidad de las fuentes y los materiales expuestos en el documental. «Aclarar los hechos es fundamental para que el Ministerio del Interior pueda examinar el caso y revocar la ciudadanía» de los directores, dijo Zohar en su cuenta de X, en la que compartió la carta enviada a los servicios de inteligencia domésticos.
En su solicitud, Zohar pide al jefe del Shin Bet descubrir quién proporcionó los materiales a los autores del filme, cómo los obtuvieron, si se «divulgó o utilizó información de seguridad de forma ilegal y si entre las partes que proporcionaron información o participaron en su transferencia hay elementos hostiles o personas que actúan en su nombre, incluida la organización Hamás».
