El diputado del Partido Alianza Libre y economista, José Luis Porcel, advirtió que, de acuerdo con estudios, el aumento de tarifas afecta en mayor medida a las familias que dependen de trabajos eventuales y, por tanto, disminuye su capacidad para cubrir gastos de salud, educación, transporte y vivienda.
Como consecuencia de la carestía de los productos de primera necesidad, el 86 por ciento de los núcleos familiares optó por la compra de alimentos más baratos, manifestó Porcel en declaraciones a Radio Fides.
Para vivir en condiciones de austeridad, una familia de cuatro personas necesita mensualmente para su alimentación de cuatro mil a cuatro mil 500 bolivianos (unos 409 dólares), sin embargo, sólo puede invertir unos dos mil 500 bolivianos (227 dólares) en ese lapso, consideró el legislador.
Otros economistas coinciden con el diputado en que Bolivia vive actualmente una crisis económica, marcada por la elevada inflación, la especulación, el alza de precios del transporte y los combustibles, además de déficit de fuentes laborales.
En una declaración pública del 6 de octubre, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno nacional a adoptar medidas para proteger el derecho a la alimentación de las familias.
Según el titular de ese organismo, Pedro Callisaya, tiene preocupación porque, según una encuesta, 18 de 21 alimentos básicos registraron incrementos superiores al ciento por ciento, y en algunos casos computaron el 200 por ciento.
Indicó en la ocasión que el monitoreo del acceso a los alimentos fue realizado por la Defensoría del Pueblo del 31 de julio al 25 de septiembre en 10 ciudades capitales y El Alto.
Entre otros resultados, el estudio reveló que el 71 por ciento de los hogares bolivianos considera insuficientes sus ingresos para adquirir alimentos, más de un tercio de los pobladores redujo las raciones diarias y el 76 por ciento emplea del 50 al 90 por ciento de sus ingresos a la adquisición de comestibles, sostuvo.
Tras llamar a las autoridades a proteger a los sectores en mayores condiciones de vulnerabilidad, Callisaya recomendó al Estado central y a los gobiernos departamentales y municipales dar respaldo a personas con discapacidad y a otros grupos sociales en desventaja.
