Según el portal oficial del Ministerio de Justicia, la medida se refiere a los fondos extranjeros registrados en la Federación, y vinculados a los países «hostiles» que realizan o participan en actividades que el gobierno de Moscú califica como inamistosas, como es el caso de pretender incautar los activos rusos.
Según lo aprobado, los fondos a los que se podría imponer la medida se dividen en cinco categorías: bienes muebles; bienes inmuebles; valores; participaciones en los capitales estatutarios (contribuidos) de personas jurídicas rusas; y derechos de propiedad.
La gestión externa provisional será realizada por la Agencia Federal para la Gestión de la Propiedad del Estado (Rosimushchestvo).
El documento menciona en su preámbulo que la firma del decreto se debe a «la necesidad de responder a las acciones hostiles y contrarias al derecho internacional de Estados Unidos y otros estados de privar ilegalmente y limitar los derechos de propiedad de la Federación de Rusia.
En febrero pasado la Unión Europea (UE) aprobó crear un grupo especial de trabajo para el uso de los activos rusos congelados en interés de Ucrania bajo la iniciativa de Suecia que preside el Consejo de la UE en los primeros seis meses de 2023.
La UE ha expresado en más de una ocasión la disposición de usar los activos rusos, incluidos los privados, para reconstruir Ucrania tras el conflicto, pero de momento Bruselas no dispone del mecanismo legislativo necesario para cumplir tal procedimiento.
El grupo especial de trabajo estudiará la localización de los activos y su precio, así como analizará las posibilidades y conveniencia de su uso, incluidos aspectos jurídicos, económicos y políticos.
Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores María Zajárova calificó de robo el bloqueo de los activos de su país en Europa.
