El cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos, que ya se extiende por 26 días, amenaza con dejar sin cupones de alimentos o con asistencia reducida a más de 40 millones de personas de bajos ingresos.
Así han advertido desde el Departamento de Agricultura (USDA), desde donde alertan que no utilizarán fondos de contingencia para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en noviembre, una medida que los demócratas catalogan como una «ofensa cruel» diseñada para presionar políticamente, pero en la práctica implica dejar desamparadas a numerosas familias que solamente cuentan con estos bonos para su alimentación.
La situación se tornó crítica luego de que el Departamento de Agricultura de EE.UU. amenazara con retener miles de millones de dólares del fondo de contingencia del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) si el cierre gubernamental se extiende más allá del 31 de octubre. Este fondo fue asignado por el Congreso justamente para situaciones de emergencia.
Actualmente, el fondo de contingencia dispone de entre cinco mil millones y seis mil millones de dólares. Sin embargo, esta cifra es insuficiente para cubrir los ocho mil millones de dólares estimados que se requieren para entregar la totalidad de los beneficios del SNAP el próximo mes, aunque permitiría pagos parciales a los beneficiarios de bajos ingresos.
El Departamento de Agricultura (USDA), liderado por la administración republicana, indicó que no utilizará esos fondos para cubrir los beneficios del SNAP, argumentando que el cierre actual «no cumple los requisitos» para el uso de estos recursos, ya que fue creado por los demócratas.
El memorando del USDA señala que usar el dinero en un evento de este tipo sería ilegal, pues el fondo fue diseñado para responder a desastres naturales.
Los demócratas del Congreso han alegado que la administración republicana está empeorando deliberadamente las consecuencias negativas del cierre, incluso teniendo la capacidad de mitigar el impacto en la población vulnerable. Esta acción intenta maximizar la presión sobre los demócratas del Senado para que apoyen un proyecto de ley de gastos del Partido Republicano que permitiría reabrir el Gobierno, pero implicará renunciar a programas sociales como el Medicare.
Las congresistas Rosa DeLauro y Angie Craig reaccionaron con dureza, criticando la maniobra: «Esta es quizás la ofensa más cruel e ilegal que la Administración Trump ha perpetrado hasta ahora: congelar fondos ya promulgados para alimentar a los estadounidenses hambrientos».
Las demócratas contrapusieron el trato a los más vulnerables con la supuesta generosidad del presidente, advirtiendo que Trump «despacha decenas de miles de millones de dólares a Argentina y los lleva a su salón de baile».
La controversia pone de manifiesto cómo el pulso político en Washington, impulsado por intereses partidistas, impacta directamente en la seguridad alimentaria de más de 40 millones de personas de bajos ingresos, quienes ahora enfrentan la incertidumbre de no poder sufragar sus gastos básicos en comestibles.
