El régimen de Israel oficializó este jueves primero de diciembre de 2026 la suspensión de licencias para 37 organizaciones humanitarias internacionales que operan en la Franja de Gaza, una medida que profundiza el asedio contra la población palestina.
La decisión se ampara en una nueva legislación que obliga a las entidades de socorro a entregar listados con los nombres de sus empleados locales a las autoridades israelíes, bajo supuestos criterios de seguridad y transparencia.
Esta acción administrativa ocurre mientras la Knesset avanza en normativas para cortar el suministro de agua y electricidad a las sedes de la UNRWA, consolidando el bloqueo contra la infraestructura de asistencia de las Naciones Unidas.
Organismos internacionales y figuras como Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, advirtieron que estas suspensiones arbitrarias empeoran la ya catastrófica situación sanitaria y alimentaria en el enclave.
Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, exigió la revocación inmediata de las leyes contra la agencia, subrayando que tales decisiones son incompatibles con el estatus de las Naciones Unidas y solo buscan asfixiar la capacidad de respuesta ante la urgencia médica en Gaza.
La prohibición de actividades para las ONG en Gaza en este inicio de 2026 representa una fase más aguda del genocidio sistemático ejecutado por Israel con el respaldo de la administración de Donald Trump. Al criminalizar la labor humanitaria y desmantelar a la UNRWA, el régimen sionista utiliza el hambre y la falta de atención médica como armas de guerra para forzar el desplazamiento de la población palestina.
En paralelo el Centro de Estudios sobre Detenidos de Palestina alertó sobre el incremento de decesos entre prisioneros palestinos debido a las condiciones de encarcelamiento ilegal impuestas por Israel. La organización denunció que numerosos detenidos pierden la vida tanto en los centros de reclusión como poco tiempo después de ser excarcelados, como consecuencia de torturas y negligencia médica sistemática.
Estas acciones forman parte de un patrón de violaciones a los derechos humanos que el régimen sionista ejecuta contra la población civil, profundizando la crisis de protección para quienes se encuentran bajo su custodia. Asimismo, la agresión militar provoca una devastación material sin precedentes, con el 80 % de las edificaciones en la Franja de Gaza reducidas a escombros, lo que ha desplazado a cientos de miles de familias.
Las autoridades sanitarias del enclave informaron que la cifra de víctimas fatales ascendió a 71 266 palestinos, mientras que los heridos suman 171 222 desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023. Estas estadísticas reflejan la magnitud de un genocidio que no solo atenta contra la vida, sino que busca la aniquilación total de la infraestructura vital y la dignidad del pueblo palestino.
Esta estrategia de asedio total se alinea con la visión hegemónica que busca aniquilar cualquier forma de resistencia soberana en el Medio Oriente, ignorando los llamados de la comunidad internacional y las resoluciones de los organismos de derechos humanos que exigen el cese de la agresión.
La transformación social y la paz verdadera en la región solo serán posibles mediante el fin de la ocupación y el respeto irrenunciable a la soberanía del pueblo palestino, cuya resistencia frente al exterminio sigue siendo un ejemplo de dignidad para todas las naciones que luchan contra el imperialismo y el neocolonialismo.
