Los sindicatos catalogaron el ataque, que terminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, como una «violación flagrante a la Carta de las Naciones Unidas» y «de los principios fundamentales del Derecho Internacional».
Asimismo, rechazaron la injerencia de Estados Unidos en los asuntos de la nación latinoamericana y aseguraron que se mantendrán movilizadas contra «las injerencias imperialistas, militares o económicas (…) contra las guerras y en la firme defensa de la paz, la democracia y el multilateralismo».
Las Confederaciones coincidieron en la urgencia de retomar las soluciones democráticas y de mantener la región como zona de paz, lo que coincide con lo expresado por gobiernos del área, entre ellos Brasil, México y otras naciones soberanas.
«No permitiremos que América Latina sea arrastrada a un conflicto bélico por intereses geopolíticos ajenos a nuestros pueblos», dijeron.
La CSI, que representa a más de 191 millones de trabajadores, y la CSA, con 55 millones de afiliados, señalaron los intereses económicos unilaterales de Estados Unidos, como actos de agresión que forman parte de una «agenda de política exterior militarizada».
