El Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz, condenó el reciente ataque militar de Estados Unidos en Venezuela. El experto advirtió que la incursión en territorio venezolano y los ataques en aguas internacionales, que constituyen un “uso excesivo e ilegal de la fuerza letal”, podría derivar en responsabilidades penales internacionales.
La acción estadounidense contra el país suramericano “puede constituir el crimen internacional de agresión atribuible a líderes políticos y militares individuales involucrados”. detalló el funcionario.
Tidball-Binz enfatizó que el uso de la fuerza armada en un Estado soberano sin provocación previa contraviene el Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas. “Las muertes resultantes de un acto de agresión de este tipo son arbitrarias por definición”, sentenció el relator.
De acuerdo con el experto, el ingreso de las fuerzas estadounidenses en territorio venezolano el pasado 3 de enero —que resultó en al menos cien muertes y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores— no posee fundamento jurídico bajo el derecho internacional.
El funcionario también denunció la normalización de medios violentos estadounidenses, tanto en Venezuela como en operaciones marítimas contra el supuesto narcoterrorismo. Morris Tidball-Binz señaló que existen indicios de que Estados Unidos no solo destruyó embarcaciones tras ser interceptadas, sino que atacaron a los sobrevivientes en el mar.
El experto alertó que las declaraciones públicas de funcionarios que promueven una postura de “disparar a matar” vulnera los límites legales internacionales, al tiempo que recordó que el uso de la fuerza letal debe ser siempre el último recurso y estar sujeto a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
La denuncia del experto no se limita al extranjero. Tidball-Binz también se refirió a la violencia institucional dentro de Estados Unidos, destacando la situación en Minneapolis, ciudad en Minnesota, al tiempo que exigió una investigación exhaustiva sobre la muerte de una mujer el pasado 7 de enero a manos de agentes federales de inmigración.
Exigencia de rendición de cuentas
El relator instó al Gobierno de Estados Unidos a realizar una revisión urgente de sus reglas de enfrentamiento y políticas operativas. Asimismo, exigió investigaciones transparentes e independientes bajo el Protocolo de Minnesota para garantizar que las familias de las víctimas tengan acceso a la justicia y la reparación.
Adicionalmente, el experto recordó que el derecho a la vida es “no negociable” y que ningún Estado puede matar basándose en percepciones de apariencia o etiquetas políticas, reafirmando que la prohibición de la privación arbitraria de la vida es absoluta y universal.
