Sonia Iruela (Unidad y Lucha).— El Estado español presume de crecimiento económico mientras protege de forma obscena a una minoría privilegiada. Las cien mayores fortunas del país concentran una riqueza que no deja de crecer, incluso en los años de mayor deterioro social. A la cabeza se sitúa Amancio Ortega, la persona más rica del Estado, con una fortuna que supera ampliamente los 100.000 millones de euros. Mientras una trabajadora aporta cada mes una parte sustancial de su salario a través del IRPF y otros tributos, estas grandes fortunas pagan proporcionalmente mucho menos, aprovechando sociedades patrimoniales, ingeniería fiscal y un sistema tributario que favorece a quienes más tienen. Y luego, cuando Amancio Ortega dona equipos oncológicos para hospitales públicos, aparecen en los medios como héroe, pero, si realmente pagara impuestos proporcionales a su riqueza contribuiría con una parte mucho mayor de lo hace actualmente, y sin duda mucho más, de lo que han podido gastarse en aparatos médicos.
No hablamos de fraude puntual, sino de un modelo fiscal estructuralmente injusto, donde quien vive de su trabajo sostiene el Estado y quien vive del capital lo esquiva con total impunidad.
Frente a esta acumulación de riqueza, la realidad de millones de personas es la pobreza. En el Estado español, 9,4 millones de personas viven en situación de pobreza, y si ampliamos el foco al riesgo de pobreza o exclusión social la cifra supera los 12 millones. Lo más grave es que una parte importante de estas personas tiene empleo. Pero hoy en día, con los salarios de miseria que hay no se garantiza una vida digna frente a unos alquileres desbocados, hipotecas asfixiantes y una cesta de la compra disparada.
Una reponedora de supermercado, con contrato a jornada completa y salario mínimo, puede verse obligada a destinar más de la mitad de su sueldo solo a la vivienda. Tras pagar alquiler, suministros y transporte, el margen para vivir desaparece. Trabajar ya no significa salir de la pobreza, sino permanecer atrapada en ella.
La situación es todavía más dramática cuando hablamos de la infancia. En el Estado español, el 29,2% de niñas, niños y adolescentes vive en situación de pobreza, lo que supone alrededor de 2,3 millones de menores. España encabeza las tasas de pobreza infantil en la Unión Europea. No se trata solo de ingresos bajos, sino de malnutrición, de carencias educativas, de viviendas sin condiciones adecuadas para estudiar o descansar. El ejemplo mas sangrante lo tenemos en la Cañada Real, donde miles de persona, entre ellas numerosos menores, llevan más de tres años sin suministro eléctrico estable. Niñas y niños que hacen los deberes con linternas o velas, que no pueden conservar alimentos, que pasan inviernos enteros sin calefacción.
Mientras millones de hogares sobreviven en esta situación de precariedad, el Estado incrementa el gasto militar, destinando miles de millones de euros a armamento, compromisos con la OTAN y participación en guerras imperialistas ajenas a los intereses de la clase trabajadora. Hay dinero para tanques y misiles, pero no para erradicar la pobreza.
Desde el Partido Comunista de los Pueblos de España exigimos que se tomen una serie de medidas inmediatas, una fiscalidad que haga pagar a las grandes fortunas, la subida inmediata del SMI hasta los 1.400 euros, el control y freno de los beneficios obscenos de la banca, que en 2025 vuelven a batir récords, y una regulación firme del mercado inmobiliario que ponga fin a la especulación. Para la infancia: comedores escolares universales, prohibición efectiva de cortes de suministros en hogares con menores y ningún barrio sin luz, agua y electricidad.
Estas medidas, aunque necesarias, no resolverán el problema de fondo. El capitalismo no puede ofrecer soluciones a la pobreza que él mismo genera. Solo una sociedad socialista, basada en la planificación económica al servicio de las necesidades sociales y no del beneficio privado, puede garantizar derechos básicos para toda la población.
