El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este viernes nuevas medidas para «reforzar la pena de muerte federal».
Entre las acciones tomadas, la entidad menciona la ampliación del protocolo de ejecución para «incluir formas adicionales de ejecución, como el pelotón de fusilamiento«.
Asimismo, se ha ordenado restablecer el protocolo de ejecución basado en «el pentobarbital como agente letal«, adoptado durante la primera Administración de Donald Trump, pese a que este método fue eliminado del protocolo federal en el mandato de Joe Biden, debido a la preocupación por la posibilidad de que causara dolor y sufrimiento innecesarios.
Paralelamente, la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) tendrá que examinar la reubicación o ampliación del corredor federal de la muerte o la construcción de una instalación adicional de ejecución para permitir formas adicionales de estas.
Con estas nuevas directivas, se busca despejar «el camino para que el Departamento [de Justicia] pueda llevar a cabo ejecuciones, una vez que los presos condenados a muerte hayan agotado sus recursos».
Según el fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche, la Administración anterior «falló en su deber de proteger al pueblo estadounidense, al negarse a perseguir y ejecutar el castigo máximo contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de policías».
Ante ello, señaló que ahora el Departamento de Justicia «vuelve a hacer cumplir la ley y a apoyar a las víctimas».
Actualmente, la pena capital es legal en 27 estados del país norteamericano, aunque en cuatro de ellos hay vigentes moratorias que impiden las ejecuciones. En otros 23 estados y el Distrito Columbia este castigo está abolido, según datos de la organización Death Penalty Information Center.
