Juan Manuel Olarieta.— Las manifestaciones de solidaridad con Palestina se han vuelto habituales en Londres desde que en 2023 comenzaran las matanzas de Israel en Gaza y el primer ministro británico, Keir Starmer, ha amenazado con prohibirlas, debido a su “efecto acumulativo”.
Starmer dice que consignas como “extender la intifada” durante las protestas eran inaceptables y que los perpetradores deberían ser procesados. El primer ministro añadió que muchos judíos le habían expresado su preocupación por la multiplicación de las manifestaciones, sobre todo después de que el miércoles de la semana pasada dos de ellos fueran apuñalados oportunamente en Londres.
El jueves el gobierno laborista elevó su nivel de amenaza terrorista a “grave” en medio de una histeria creciente sobre las “injerencias extranjeras” y la “posible violencia” contra los judíos.
Como es típico, Starmer intercambia los papeles de víctimas y victimarios. Lo que más les preocupa no son las matanzas de Gaza sino las protestas populares en contra.
“Estamos viendo una creciente amenaza para los individuos e instituciones judías e israelíes en Reino Unido”, dice el jefe de la policía antiterrorista, Laurence Taylor, en unas declaraciones alarmistas. La policía se enfrenta, añade, a una situación “impredecible” con consecuencias, como las amenazas físicas a personajes públicos.
Nuevo juicio farsa por ‘terrorismo’ contra Acción Palestina
La ola represiva en Reino Unido no se limita sólo a las manifestaciones. Desde el 13 de abril seis miembros de Acción Palestina se enfrentan a un nuevo juicio farsa después de ser absueltos en febrero. Se trata de Samuel Corner, Jordan Devlin, Charlotte Head, Leona Kamio, Fatema Zainab Rajwani y Zoe Rogers, conocidos como “Los Seis de Filton”.
La farsa se repite porque, a pesar de permanecer más de un año en prisión preventiva, la jugarreta no les salió bien.
La represión va acompañada de la censura. Por orden judicial los medios británicos no pudieron informar de que la acusación era por “terrorismo” y al jurado tampoco se lo notificaron. En el juicio a los acusados también les prohibieron explicar que intentaban impedir el genocidio de Gaza.
La acusación se fraguó tras una reunión secreta entre el gobierno, el servicio de inteligencia y la policía antiterrorista, celebrada en junio de 2024, en la que se discutió la calificación de Acción Palestina como “organización terrorista”.
En circunstancias normales, los acusados enfrentarían un máximo de cuatro años si fueran declarados culpables y cumplirían menos de la mitad de sus condenas. Pero al calificar los hechos como “terrorismo”, los acusados podrían pasar hasta ocho años en la cárcel.
Una lucha contra el apoyo del gobierno británico a los crímenes israelíes
Desde 2020 hasta su prohibición el año pasado, Acción Palestina ha venido denunciando el apoyo del gobierno británico a Israel. Las fábricas y la sede de la empresa israelí de armamento, Elbit Systems, han sido atacadas por el colectivo, hasta el punto de tener que cesar la producción.
La empresa israelí presionó al gobierno de Londres para que tomara “medidas enérgicas” contra Acción Palestina, pero no se conforman con cualquier condena. Si son declarados culpables, el juez Jeremy Johnson puede decidir unilateralmente si deben ser sentenciados como “terroristas“.
Antes de designar a Johnson para dirigir la farsa tuvieron que destituir al anterior juez, con el pretexto de que había concedido la libertad bajo fianza de uno de los acusados.
Los abogados también se sientan en el banquillo de los acusados
Los medios también tienen prohibido informar de que al abogado de los acusados, Rajiv Menon, le han abierto un sumario por “desacato“. Es una manera de extender la intimidación.
En el juicio anterior el abogado había cumplido con su deber: se había saltado las limitaciones impuestas por el juez y denunció la lucha de los acusados por impedir las matanzas en Gaza.
En su informe final, Menon resaltó los intentos del juez de impedir que los jurados no oyeran nada sobre las masacres de Gaza. Por su parte, el juez montó en cólera y amenazó con despedir al jurado después de un juicio agotador que duró seis semanas. No lo hizo; se limitó a abrir una causa contra el abogado por sus comentarios.
Es la primera vez que a un abogado británico le acusan de “desacato al tribunal” por el contenido de su informe final. Ahora Menon se enfrenta a dos años de cárcel por cumplir con sus más elementales deberes profesionales.
Por obra y gracia de la “separación de poderes” el juez Johnson va de la mano con la ministra de Interior, Yvette Cooper, con el objetivo declarado de condenar a los miembros de Acción Palestina como “terroristas”.
Para ello, la ministra relaciona la acusación con la prohibición de Acción Palestina y no vacila en inventar falsedades, como supuestos ataques de Acción Palestina contra personas. En agosto del año pasado, semanas después de que el colectivo fuera calificado como “terrorista”, Cooper defendió la prohibición en un artículo de opinión publicado en el periódico The Observer, acusando al colectivo de una campaña de intimidación, violencia, armas y lesiones.
Fue descarado: el artículo no tenía otro objeto que presionar a los jurados.
La policía se confabula con los israelíes
Las manipulaciones han sido muchas. El 23 de junio del año pasado, otro periódico, el Times, publicaba un reportaje intoxicador afirmando que Acción Palestina era un colectivo financiado por Irán.
El Times actuaba como altavoz experimentado del servicio secreto. Desde noviembre de 2024 algunos miembros de la ONU advertían al gobierno de Starmer que la calificación de Acción Palestina como “organización terrorista” era una verdadera chapuza.
Había que cambiar el argumento para llegar al mismo punto. Lo mejor era deslizar que estaban financiados por Irán y poner en movimiento a los servicios de inteligencia, los propios y los israelíes, con su batería de informes secretos que acaban en las redacciones de los periódicos.
La represión contra el movimiento de solidaridad con Palestina no sería posible sin la complicidad de los medios, la verborrea de los políticos y los chanchullos de los jueces.
