La vivienda: derecho innegociable o botín de guerra especulativo.
Por André Abeledo Fernández
Mientras los grandes medios de comunicación se empeñan en alimentar una psicosis colectiva sobre la «okupación» —curiosamente patrocinada por empresas de alarmas y fondos de inversión—, la realidad golpea con dureza las puertas de la clase trabajadora: el acceso a un techo digno se ha convertido en un lujo inalcanzable.
Debemos decirlo claro y sin complejos: la vivienda debe ser un derecho y no un vulgar negocio. El sistema actual no busca alojar personas, busca rentabilizar ladrillos. Hemos permitido que los fondos buitre y los especuladores profesionales dicten quién tiene derecho a un hogar y quién debe vivir con la angustia de un desahucio o un alquiler asfixiante.
La trampa del miedo y la Constitución olvidada.
Es indignante ver cómo se retuerce la realidad. Se criminaliza al vulnerable para proteger al acaparador. La verdadera inseguridad ciudadana no es el miedo a que alguien entre en tu casa mientras vas a comprar el pan —un relato ficticio inflado por tertulianos a sueldo—; la verdadera inseguridad es no saber si podrás pagar el alquiler el mes que viene o si tus hijos podrán independizarse algún día en su propia ciudad.
Aquellos que se llenan la boca hablando de la «unidad de España» y el respeto a la ley, parecen olvidar sistemáticamente el Artículo 47 de nuestra Constitución. Ese artículo no es una sugerencia poética: es un mandato que obliga a los poderes públicos a impedir la especulación. Sin embargo, lo que vemos es una alfombra roja para los fondos de inversión mientras el parque público de vivienda sigue siendo una broma de mal gusto en comparación con nuestros vecinos europeos.
Lucha de clases en el mercado inmobiliario.
No estamos ante un problema técnico de «oferta y demanda»; estamos ante una lucha de clases. El mercado inmobiliario es hoy el principal mecanismo de transferencia de rentas desde el bolsillo del trabajador hacia el capital financiero. Cuando un joven dedica más del 50% de su salario a pagar un alquiler, no está «dinamizando la economía», está siendo saqueado.
La «izquierda progre» debe dejar de mirar hacia otro lado con medidas cosméticas que no tocan el nervio del problema. No basta con parches; necesitamos:
Control real de precios de alquiler que bajen las rentas de forma drástica.
Expropiación del uso de viviendas en manos de grandes tenedores y bancos que rescatamos con dinero público.
Prohibición por ley de los desahucios sin alternativa habitacional.
La vivienda es el centro sobre el que se construye una vida digna, la salud mental y la estabilidad de cualquier familia. Si no somos capaces de garantizar un techo a nuestra gente, nuestra democracia no es más que una cáscara vacía al servicio del mercado. Es hora de elegir: o el derecho a la vida, o el derecho al beneficio de los especuladores.
Ser proprietários de viviendas no te da derecho a asfixiar a las familias que necesitan una casa donde vivir.
La vivienda debe ser un derecho constitucional, no un activo financiero, un negocio para especuladores de fondos de inversión que juegan a la bolsa con nuestras vidas.
El Estado existe para que el código postal donde naces no determine si puedes o no tener una vida digna. Si el mercado no garantiza una vivienda asequible, el Estado tiene la obligación moral y legal de intervenir para garantizar el derecho a la dignidad.
No se trata de un experimento radical; se trata de copiar lo que ya funciona en los países que siempre ponemos como ejemplo de éxito. Países Bajos o Suecia no son sospechosos de ser comunistas o antisistema, y allí el Estado no deja que el mercado inmobiliario se rija por la ley de la selva.
La economía de un país no puede basarse en que los trabajadores entreguen directamente más de la mitad de su pírrico sueldo directamente a sus caseros. Es el caso de la vivienda la llamada ‘libertad económica’ no es otra cosa que el derecho a sacarle hasta el último céntimo a quien solo busca un techo donde poder vivir con dignidad.
La intervención del Estado en los alquileres, en el mercado de la vivienda no es una «locura comunista», sino una práctica común en las democracias más avanzadas de Europa. Defender a los trabajadores de los precios de alquiler desorbitados en nombre de la «libertad» es, en realidad, defender el bienestar de todo un país.
Si crees que regular el alquiler es de países pobres, te informo de que Alemania y Austria llevan décadas haciéndolo y les va bastante mejor que a nosotros, la ley de la selva y la ley del más fuerte son tercermundistas.
André Abeledo Fernández
