El secuestro del techo: fondos buitre y la especulación de la vivienda como arma de clase.
El acceso a una vivienda digna ha dejado de ser un derecho constitucional para convertirse en la mercancía más codiciada por el capital financiero internacional. En España, la crisis habitacional no es el resultado de una falta de suelo o de dinámicas naturales del mercado; es la consecuencia directa de una invasión planificada de fondos buitre (como Blackstone o Cerberus) que operan con total impunidad gracias a la alfombra roja extendida por los sucesivos gobiernos del régimen.
El desembarco masivo de estos fondos de inversión se cimentó tras la crisis de 2008. El Estado utilizó el dinero de toda la ciudadanía para rescatar a la banca privada y crear el banco malo (Sareb). En lugar de utilizar ese gigantesco parque de viviendas recuperadas para crear una red de alquiler social, los gobiernos prefirieron vender paquetes enteros de miles de casas y bloques de protección oficial a fondos internacionales a precios de saldo. El patrimonio que debió proteger a la clase obrera fue entregado como botín de guerra a los fondos de inversión neoyorquinos.
La operativa de estos fondos buitre en nuestros barrios sigue un patrón de violencia económica sistemática. Compran edificios enteros habitados por familias trabajadoras, esperan a que venzan los contratos de alquiler e imponen subidas abusivas e inasumibles del 50%, el 70% o el 100%. El objetivo es el llamado «desahucio invisible»: expulsar a los vecinos de toda la vida para reformar los pisos, encarecer los barrios mediante la gentrificación o destinarlos al lucrativo negocio del alquiler turístico flotante. Quienes se resisten a abandonar sus hogares son sometidos al acoso inmobiliario o a la vía del desahucio exprés, ejecutado por fuerzas policiales del Estado al servicio de intereses privados.
Este expolio cuenta con un blindaje legal y fiscal insultante. Los fondos buitre operan fundamentalmente a través de las SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario), estructuras societarias creadas a medida que disfrutan de un tipo del 0% en el Impuesto sobre Sociedades. Es decir, mientras una familia obrera paga impuestos por cada producto básico de la cesta de la compra, los mayores terratenientes del país apenas tributan por los millones que ganan exprimiendo los salarios de los inquilinos. Las tímidas regulaciones de precios vigentes actúan como meros parches que los fondos esquivan mediante triquiñuelas legales, como los falsos alquileres de temporada por meses.
La vivienda es hoy el principal mecanismo de transferencia de riqueza desde las rentas del trabajo hacia las rentas del capital. La mitad del sueldo de una familia trabajadora va directamente a los bolsillos de un fondo o un gran rentista, asfixiando la economía popular y condenando a la juventud a la imposibilidad de emanciparse.
La solución habitacional no pasa por construir más ni por avalar con dinero público las hipotecas de los bancos. La única salida justa es la ofensiva legislativa contra los especuladores: la expropiación sin indemnización de los pisos en manos de fondos buitre y grandes tenedores, la prohibición absoluta de los desahucios sin alternativa habitacional real y la creación de un parque público de alquiler que cubra las necesidades de la población. La vivienda debe ser para vivir, no para especular.
André Abeledo Fernández
