El atraco al salario diferido: privatización, mentiras y precariedad en el sistema de pensiones.
El ataque sistemático contra el sistema público de pensiones en España representa la última gran frontera del saqueo financiero contra la mayoría social. Las pensiones no son una limosna del Estado, ni un subsidio, ni un gasto social que dependa de la buena voluntad del gobierno de turno. Son salario diferido: dinero que la clase trabajadora ha acumulado fruto de su esfuerzo durante décadas de explotación y que le pertenece por derecho legítimo. Sin embargo, el capital financiero ha puesto sus ojos en esa gigantesca tarta de recursos públicos, iniciando una ofensiva para mercantilizar la vejez de nuestro pueblo.
La estrategia para desmantelar este pilar de la solidaridad intergeneracional sigue el mismo guion utilizado en la sanidad o la vivienda: la asfixia inducida acompañada de una campaña del terror mediático. Los bancos, las aseguradoras y sus altavoces en la prensa generalista bombardean diariamente a la población con el falso mantra de que «el sistema público es insostenible» debido al envejecimiento demográfico. Es una mentira calculada. El sistema no sufre un problema de demografía, sino de reparto de la riqueza. Mientras los beneficios empresariales del Ibex 35 baten récords históricos, las cotizaciones sociales se mantienen bajas debido a los salarios de miseria y a las bonificaciones fiscales otorgadas a la patronal.
Las sucesivas reformas laborales y de pensiones de los últimos años han sido el instrumento legal para perpetrar este atraco. Al retrasar de forma progresiva la edad de jubilación, el sistema busca que la clase obrera trabaje hasta el desgaste físico extremo, reduciendo los años de cobro real de la pensión. Además, las últimas modificaciones normativas han abierto de par en par la puerta a los llamados «planes de pensiones de empresa», privatizando por la puerta de atrás la gestión del ahorro obrero a través de fondos de inversión, descapitalizando la Seguridad Social y rompiendo la caja única.
El impacto de estas políticas se traduce en una precariedad feroz que castiga doblemente a los sectores más vulnerables. La generalización de los contratos temporales, las jornadas parciales y el desempleo estructural cronifican la existencia de futuras pensiones de miseria. Esta realidad golpea con especial crueldad a las mujeres trabajadoras, víctimas de la brecha salarial y de la falta de reconocimiento del trabajo de cuidados. Hoy en día, miles de pensionistas se ven obligados a elegir entre comer tres veces al día, comprar los medicamentos que necesitan o encender la calefacción durante el invierno. Condenar a la pobreza a quienes lo han construido todo es una forma de violencia institucional.
Frente a la voracidad de la banca y las aseguradoras, no caben medidas cosméticas ni pactos de Toledo que solo sirven para retrasar el desastre. La dignidad de nuestros mayores exige una respuesta de ruptura. Es imprescindible blindar las pensiones públicas y garantizar por ley que ninguna pensión contributiva ni no contributiva esté por debajo del salario mínimo de subsistencia. El sistema debe financiarse, si es necesario, mediante una reforma fiscal profunda que grave directamente los beneficios de las multinacionales y de la banca rescatada. Hay que prohibir las deducciones fiscales a los planes privados y unificar las luchas en los barrios y centros de trabajo. La jubilación debe ser el derecho a un descanso digno, no el último negocio del capitalismo a costa de nuestras vidas.
André Abeledo Fernández
