El Gran Fraude del Escudo Social.
Nos vendieron una red de seguridad, pero lo que construyeron fue un laberinto de formularios, condiciones kafkianas y mentiras bien empaquetadas para el telediario.
Llevan años diciéndonos que España tiene uno de los escudos sociales más sólidos de Europa. Lo dicen en ruedas de prensa con la cara muy seria, lo repiten en mítines con mucho puño en alto, y lo publican en notas de prensa que los medios afines reproducen sin pestañear. Pero cuando uno baja a la realidad —a la oficina del SEPE, a los servicios sociales del barrio, a la mesa de la cocina de una familia que no llega a fin de mes— el escudo se convierte en papel mojado, y el papel mojado, en bofetada.
La realidad es tan cruda como contundente: en este país hay millones de personas que necesitan ayuda urgente y no la reciben, no porque no existan programas en el BOE, sino porque esos programas están diseñados para no funcionar. Para aparentar. Para el dato bonito, para el PowerPoint ministerial, para el premio europeo de bienandanza social que nunca se materializa en un plato de comida caliente ni en una factura de luz pagada.
El escudo social español no es una red que te recoge cuando caes. Es un formulario de veinte páginas que te exige demostrar que ya tocaste el suelo.
El Kafkiano Arte de Ayudar Sin Ayudar.
Pongan un caso real, que los hay a miles. Una mujer de 52 años, sola, que pierde su empleo de limpiadora después de doce años. Va al SEPE. Formulario. Cita. Espera. Otro formulario. Le dicen que para acceder al subsidio especial tiene que haber agotado primero la prestación contributiva, que lleva cuatro meses cobrar. Bien. Cuatro meses después vuelve. Ahora le piden justificante de búsqueda activa de empleo: tres solicitudes semanales registradas en el portal. El portal no funciona. El funcionario le dice que vaya a la biblioteca a usar el ordenador. La biblioteca cierra a las seis porque recortaron el personal. Sigue intentándolo. Cuando por fin consigue reunir todos los papeles, resulta que su situación de convivencia con un hijo mayor de edad —que trabaja en un contrato parcial de 600 euros— le impide acceder a la ayuda porque los ingresos de la unidad familiar superan el umbral. El umbral: 820 euros. La deuda que tiene esta mujer solo en comunidad y suministros: 1.400 euros. El escudo social: inexistente.
Esto no es un caso excepcional. Es el caso. Repetido en A Coruña, en Badajoz, en Lleida, en el extrarradio de Madrid, en los barrios viejos de Bilbao. El sistema está construido sobre la premisa de que quien pide ayuda debe ser sospechoso, debe ser examinado, debe ser filtrado. Y en ese filtrado, los que más lo necesitan —los más vulnerables, los que menos recursos tienen para navegar la burocracia— son los que más frecuentemente quedan fuera.
El Ingreso Mínimo Vital: La Gran Promesa Rota.
Cuando el Gobierno presentó el Ingreso Mínimo Vital en 2020, lo hizo como una revolución histórica. Nada menos. Pablo Iglesias llegó a decir que era el mayor avance social desde la democracia. La realidad tardó poco en desmentirlo. En el primer año, más del 60% de las solicitudes fueron denegadas. Los criterios de acceso eran tan restrictivos, los documentos exigidos tan numerosos y las condiciones tan laberínticas que muchos de los que más lo necesitaban renunciaban a medio proceso, agotados. El sistema contaba con eso: el desánimo como filtro.
Cinco años después, el IMV sigue siendo una prestación insuficiente, burocráticamente hostil y socialmente opaca. No se publicita adecuadamente. No se explica en los centros de salud, ni en los colegios de los barrios humildes, ni en los centros de mayores. Los que más lo necesitan —personas sin formación digital, sin redes de apoyo, sin tiempo porque trabajan tres trabajos en negro para subsistir— son los que menos probabilidades tienen de conseguirlo. ¿Y el Gobierno? Presenta estadísticas de beneficiarios como si fueran medallas. No dice cuántos se quedaron fuera. Eso no da titulares buenos.
La Mentira de las Ayudas a Inmigrantes:
Aquí toca ser muy preciso, porque hay dos mentiras que circulan simultáneamente y se retroalimentan. La primera la cuenta cierta derecha populista: que los inmigrantes cobran ayudas en cuanto pisan suelo español, que tienen tarjetas prepago cargadas de dinero, que reciben más que los españoles. Es una mentira. No existe ninguna prestación en España —ninguna— que conceda dinero a una persona extranjera recién llegada por el simple hecho de serlo. Los inmigrantes en situación irregular no acceden a prestaciones contributivas ni al IMV. Los que tienen permiso de residencia y llevan tiempo aquí tienen exactamente los mismos requisitos kafkianos que cualquier español. Los mismos formularios. Las mismas listas de espera. Las mismas denegaciones.
La segunda mentira la cuenta cierta izquierda condescendiente: que las ONG y los programas de acogida son meros trampolines de bienvenida, y que el sistema funciona. Tampoco es verdad. Los programas de acogida humanitaria son temporales, limitados y saturados. Las plazas son insuficientes. Muchos migrantes en situación de vulnerabilidad terminan en la calle, en asentamientos informales o en redes de explotación porque el sistema no tiene capacidad real de respuesta. Lo que hay es un sistema de aparente gestión humanitaria para las cámaras, con recursos manifiestamente insuficientes para la realidad del terreno.
¿Y cómo encaja esto con la situación de los españoles que tampoco reciben ayudas? Muy sencillo: los dos grupos —familias españolas empobrecidas y migrantes vulnerables— compiten por una tarta ridículamente pequeña mientras el Gobierno presume de haber multiplicado los programas. Multiplicar programas con presupuestos ridículos y criterios restrictivos no es política social. Es teatro.
No es que los inmigrantes reciban demasiado. Es que nadie recibe suficiente. Y eso, señores, es exactamente lo que interesa que no se entienda.
Españoles que Caen y No Encuentran la Red
Las clases medias y trabajadoras españolas llevan décadas siendo las grandes pagadoras de un sistema que, cuando ellas lo necesitan, les da la espalda. El autónomo que cierra su negocio y descubre que la prestación que puede solicitar está condicionada a haberse quedado con cuota cero durante meses. El trabajador de la construcción que no llega al mínimo cotizado para la prestación. El mayor de 55 años que lleva dos años buscando trabajo, ha agotado todo subsidio y ya no aparece en ninguna estadística porque ha dejado de buscar. El joven que vive en casa de sus padres porque no puede emanciparse, y por eso ninguna ayuda al alquiler le llega porque «la unidad de convivencia tiene ingresos suficientes.» El divorciado que paga pensión alimenticia y no llega a los mínimos de supervivencia, pero tampoco cumple los requisitos de renta para ninguna prestación.
Estas personas existen. Son millones. Y cada vez que algún ministro sale a decir que el escudo social funciona, les están mirando a la cara y mintiéndoles. Porque el escudo social, tal y como está diseñado, no protege a quien trabaja o trabajó honestamente toda su vida. Protege al dato estadístico. Protege al relato. Protege al cargo ministerial que puede decir en Bruselas que España tiene cobertura social.
Conclusión / Veredicto:
El escudo social español es, en buena medida, una farsa bien presentada. No porque no haya necesidad de él —la hay, desesperadamente— sino porque está construido para aparentar más de lo que protege. Para ganar elecciones, no para salvar familias. Para lograr titulares, no para pagar facturas. El día en que este país decida de verdad proteger a los suyos —a todos los suyos, sin distinción de origen, sin laberintos burocráticos, sin que el pobre tenga que demostrar que merece no morirse de hambre— ese día habremos dado un paso civilizatorio real. Hasta entonces, denunciémoslo. Alto. Claro. Sin complejos. Sin que nos llamen agoreros. Porque callar también es cómplice.
André Abeledo Fernández
