PONER EL DINERO POR ENCIMA DE LA SALUD ES VIOLENCIA. PUNTO.
Hay cosas que no admiten eufemismos. Hay realidades que no pueden envolverse en el lenguaje aséptico de la gestión presupuestaria ni ocultarse tras los tecnicismos de la administración pública.
Lo que hace la Xunta de Galicia con la sanidad no es mala gestión. No es un error. Es una decisión deliberada, calculada y criminal: poner los intereses económicos de unos pocos por encima de la salud y la vida de un pueblo entero. Y eso tiene un nombre: violencia. Violencia económica. Violencia de clase. Un ataque en toda regla a los derechos humanos más elementales.
El derecho a la salud no es una prestación que el poder concede con generosidad cuando las cuentas cuadran. Es un derecho humano fundamental, irrenunciable, que no puede estar subordinado al superávit de ningún gobierno ni a los objetivos de ahorro de ningún gestor sin escrúpulos. Cuando una institución pública convierte ese derecho en una variable de ajuste económico, deja de ser una administración al servicio del pueblo y se convierte en un instrumento de opresión contra él.
Lo que ha diseñado el gobierno de Alfonso Rueda con los complementos de productividad del Sergas es un mecanismo perverso, éticamente repugnante y profundamente antidemocrático. Se premia económicamente a los médicos que dan altas prematuras, que deniegan bajas a personas enfermas, que reducen el gasto farmacéutico a costa de la salud de sus pacientes. Se convierte al facultativo, que debe ser un garante de la vida, en un contable al servicio de la patronal. Se le pone delante de una disyuntiva abyecta: o cuidas a tu paciente, o cobras el plus. Y eso no es gestión sanitaria. Es corrupción del sistema desde arriba. Es terrorismo institucional contra la clase trabajadora.
Porque el mensaje que manda el PP a los trabajadores y trabajadoras de Galiza es tan claro como brutal: no tienes derecho a ponerte enfermo. Tu única función es producir. Si tu cuerpo falla, eres un sospechoso. Si necesitas una baja, eres un fraude. Si tu salud se rompe, el problema eres tú, no el sistema que te exprime hasta que ya no das más.
Obligar a una persona a acudir al trabajo sin estar recuperada, bajo la amenaza implícita de perder ingresos o el puesto, es atentar directamente contra su integridad física. Eso cuesta vidas. Cronifica enfermedades. Destruye familias. Y mientras tanto, los amigos de Rueda en la sanidad privada celebran con champán cada recorte del sistema público.
Esto no es un fenómeno aislado ni una particularidad gallega. Es la expresión local de una lógica global: la mercantilización de la vida humana. El capitalismo en su fase más predatoria no solo explota el trabajo de las personas, sino que también quiere explotar su enfermedad, su vejez, su muerte. La salud convertida en negocio es la negación más radical de la dignidad humana. Es la demostración de que para el poder económico y sus gestores políticos, el ser humano no tiene valor en sí mismo, sino solo en tanto que produce y consume. Cuando deja de hacerlo, es un coste a eliminar.
No hay forma de calificar esto que no sea llamarlo por su nombre: violencia económica contra el pueblo. Y la violencia económica es violencia. Tan real como la física. Tan letal como cualquier otra. El trabajador que acude enfermo a su puesto porque no puede permitirse perder el salario y empeora hasta la invalidez es una víctima de esa violencia. La persona que no recibe el tratamiento que necesita porque un médico tiene incentivos económicos para prescribir menos es una víctima de esa violencia. Las familias que se derrumban porque el sistema sanitario que debía protegerlas las abandonó en nombre del ahorro son víctimas de esa violencia.
Frente a esto no cabe la resignación ni la queja individual. Frente a esto la única respuesta digna es la que siempre ha sido: organización, movilización y lucha colectiva. En las calles. En los centros de trabajo. Sin pedir permiso y sin esperar que los mismos que diseñaron este sistema vengan a desmontarlo. Los pluses de la vergüenza deben desaparecer. La sanidad pública debe defenderse como lo que es: un bien común, un derecho conquistado con décadas de lucha obrera, una línea que no se puede cruzar.
Nos va la salud en ello. Nos va la vida.
André Abeledo Fernández
