Aprovechando la visita del Papa León XIV recordemos algunas deudas de la iglesia.
La iglesia católica ha devuelto poco más de 1.000 bienes de un listado de más de 35.000 y todavía pretenden que demos las gracias. ¿Gracias por qué exactamente? ¿Qué pasa con los otros 34.000 bienes inmatriculados por la Iglesia católica aprovechando décadas de privilegios políticos y legales construidos a medida?
Estamos hablando de miles de propiedades de toda índole: mezquitas, terrenos, viviendas, edificios históricos, cementerios, iglesias, plazas y patrimonio cultural que pertenece al conjunto de la sociedad y que terminó registrado a nombre de la Iglesia gracias a una estructura de poder profundamente antidemocrática. Un auténtico expolio legalizado.
Porque conviene llamar a las cosas por su nombre. La Iglesia ha robado, ha usurpado y ha mentido durante décadas mientras se presentaba como una institución moral. Y resulta difícil encontrar algo menos cristiano que apropiarse de patrimonio público utilizando privilegios heredados del franquismo y ampliados posteriormente por gobiernos serviles al poder eclesiástico.
La Iglesia católica española se ha convertido en una de las mayores inmobiliarias del país. Y lo más obsceno de todo es que gran parte de ese inmenso patrimonio no ha sido fruto del esfuerzo económico ni del trabajo productivo, sino de una maquinaria política y jurídica diseñada para favorecer sus intereses. Especialmente durante el gobierno de Aznar, cuando se otorgó a los obispos la capacidad de actuar prácticamente como registradores de la propiedad, permitiéndoles poner a nombre de la Iglesia bienes que jamás habían sido suyos.
Eso no tiene otro nombre que usurpación indebida. Un robo ejecutado desde el privilegio institucional y protegido por el poder político.
Mientras millones de ciudadanos pagan impuestos, sufren hipotecas abusivas o son expulsados de sus viviendas por fondos buitre, la Iglesia continúa disfrutando de privilegios fiscales escandalosos. No paga IBI por buena parte de sus propiedades, acumula patrimonio sin apenas costes y además recibe dinero público para mantener edificios históricos que previamente ha puesto a su nombre.
Y ahí reside otra de las grandes vergüenzas de este país: muchos de esos monumentos, catedrales, iglesias o incluso mezquitas forman parte del patrimonio histórico y cultural colectivo. Son patrimonio de todos. Sin embargo, la Iglesia actúa como propietaria privada mientras el mantenimiento sigue corriendo a cargo del Estado y, por tanto, del bolsillo de toda la ciudadanía.
La famosa Mezquita de Córdoba simboliza perfectamente este escándalo. Un monumento universal mantenido con dinero público y explotado económicamente por una institución privada que se apropió del edificio mediante un procedimiento profundamente cuestionable.
Y precisamente ahora, coincidiendo con la visita del Papa León a España, resulta un momento especialmente oportuno para recordar y reivindicar esta cuestión. Porque mientras se organizan actos institucionales, recepciones oficiales y campañas mediáticas alrededor de la figura del pontífice, sigue pendiente uno de los mayores escándalos patrimoniales de la historia reciente del país.
No puede hablarse de reconciliación, transparencia ni justicia mientras decenas de miles de bienes continúen bajo control de la Iglesia gracias a privilegios legales profundamente antidemocráticos. Si realmente existe voluntad de renovación dentro de la institución eclesiástica, este sería un buen momento para devolver el patrimonio apropiado y poner fin a décadas de impunidad política y económica.
Todo esto demuestra hasta qué punto sigue existiendo en España una anomalía democrática respecto al poder de la Iglesia católica. Un poder económico, político y judicial que continúa intacto décadas después del franquismo. Porque la separación entre Iglesia y Estado sigue siendo más ficticia que real.
Es hora de que el Estado ejerza verdaderamente como un Estado laico. Es hora de acabar con los privilegios fiscales, con las inmatriculaciones fraudulentas y con la impunidad histórica de una institución acostumbrada a situarse por encima de la ley.
Ya basta de que el viejo “con la Iglesia hemos topado” siga plenamente vigente en pleno siglo XXI. Porque mientras exista una institución capaz de enriquecerse gracias a privilegios políticos heredados y protegidos por los gobiernos, no podrá hablarse de igualdad ni de verdadera democracia.
André Abeledo Fernández
