Sonia Iruela (Unidad y Lucha).— El desahucio de la llamada Casa de Mr. Leacock, entre Guía y Gáldar, en Gran Canaria, no es un hecho aislado ni un problema de gestión: es un nuevo acto de violencia de clase. Es la prueba clara de una realidad que el poder político y empresarial en Canarias lleva décadas queriendo esconder bajo la alfombra: mientras la clase trabajadora es expulsada de sus barrios, como está ocurriendo en el emblemático barrio de Guanarteme, la oligarquía sigue haciendo negocio con nuestras vidas, nuestra tierra y nuestras necesidades más básicas.
Durante más de quince años, decenas de familias obreras, personas en paro, trabajadoras precarias, menores y mayores, han sobrevivido en unas instalaciones abandonadas por la desidia institucional. El capitalismo ha convertido el archipiélago en un territorio prohibitivo, donde los alquileres se disparan para garantizar el beneficio privado mientras los salarios no dan ni para empezar el mes. Ahora, a las administraciones les entran las prisas. Aparecen las órdenes judiciales de desalojo y la hipocresía de las declaraciones oficiales que hablan de emergencia social, como si este drama hubiera caído del cielo ayer y no fuera la consecuencia directa de la especulación amparada por el Gobierno canario y los caciques locales.
La historia de estos terrenos, sin embargo, nos pertenece. La antigua Casa de Mr. Leacock forma parte de la memoria histórica y obrera del norte de Gran Canaria. Aquellas tierras se levantaron con el sudor y el sufrimiento de las familias aparceras; de hecho, los vecinos de la comarca recuerdan bien cómo parte de ese suelo fue cedido originalmente para el sustento de quienes allí dejaban la vida trabajando. Existía una relación de dignidad con la tierra: era un medio de vida para la mayoría, no una mercancía para el enriquecimiento de unos pocos.
Hoy, la dictadura del turismo y el capital lo ha devorado todo. Han transformado Canarias en un gran negocio donde todo está en venta: nuestras costas, nuestros barrios, el suelo y el derecho a techo. Lo que antes servía para dar vida a las familias trabajadoras, hoy despierta la codicia del capital inmobiliario. Detrás de este desahucio no solo hay abandono burocrático; hay intereses económicos muy concretos de quienes se frotan las manos esperando que estos terrenos acaben, una vez más, en las garras de los nuevos caciques de la comarca, empresarios y especuladores, que llevan años acumulando poder económico y político en la isla.
En Canarias, el caciquismo nunca se fue, solo se ha modernizado. Ayer controlaban el agua y la zafra; hoy, con el beneplácito de las instituciones, controlan el suelo, las recalificaciones a la carta, las licencias turísticas y los despachos. Mientras las familias obreras hacen encaje de bolillos para llegar a fin de mes, la burguesía canaria y los turoperadores baten récords de beneficios. Es la paradoja colonial y capitalista: somos la comunidad con más turistas y ganancias empresariales, pero lideramos los índices de pobreza, precariedad laboral y exclusión social. La juventud no puede emanciparse y el pueblo vive con el miedo constante a ser desahuciado de su propia tierra, mientras miles de viviendas permanecen vacías o secuestradas por el alquiler vacacional.
Y cuando la contradicción estalla, la respuesta del Estado burgués es siempre la misma: criminalizar a las víctimas. Los medios de comunicación del capital callan ante los especuladores, silencian a los responsables políticos que miraron para otro lado y protegen a los fondos buitre. Todo el peso de la ley y de las fuerzas represivas se dirige contra las familias que solo buscan un techo para sobrevivir.
Lo que ocurre con la Casa de Mr. Leacock no es una excepción ni un accidente del sistema: es el capitalismo funcionando a pleno rendimiento. Un sistema que antepone la ganancia privada al derecho elemental a la vivienda. Frente a su violencia y sus excavadoras, la única salida no vendrá de las promesas institucionales, sino de la organización popular, la solidaridad obrera y la movilización en la calle. Porque al pueblo trabajador ya no le queda otra que organizarse para defender lo que debería ser un derecho básico.
