Pensiones dignas y justicia social: el verdadero debate que España necesita
Cada cierto tiempo vuelve el mismo discurso. Nos dicen que las pensiones son insostenibles. Nos advierten de que vivimos demasiado. Nos repiten que cada vez nacen menos niños. Nos presentan gráficos alarmistas y estudios supuestamente técnicos para convencernos de que no hay alternativa: trabajar más años, cobrar menos o complementar la jubilación con planes privados.
Y, sin embargo, rara vez se plantea la pregunta fundamental: ¿de verdad faltan recursos para sostener las pensiones o el problema es cómo se distribuye la riqueza que genera nuestra sociedad?
España nunca ha sido tan rica como hoy. La productividad ha aumentado enormemente en las últimas décadas. Las grandes empresas obtienen beneficios récord. Los bancos presentan ganancias multimillonarias año tras año. Los fondos de inversión acumulan cantidades de capital inimaginables para la mayoría de la población trabajadora. La riqueza existe. Lo que ocurre es que cada vez está más concentrada en menos manos.
Por eso el debate sobre las pensiones no es un problema demográfico. Es un problema político. Es una cuestión de justicia social y de reparto de la riqueza.
Cuando se afirma que no hay dinero para sostener las pensiones o para fortalecer el Estado del Bienestar, conviene preguntarse dónde está la riqueza que genera nuestra sociedad.
Vivimos en un mundo en el que unos pocos individuos acumulan fortunas de cientos de miles de millones de euros mientras millones de personas trabajan todos los días sin poder llegar a fin de mes. El problema no es la falta de recursos. El problema es quién controla esos recursos y cómo se distribuyen.
Resulta difícil aceptar que se nos diga que no hay dinero para garantizar pensiones dignas cuando existen multimillonarios cuya riqueza personal supera la producción anual de numerosos países. Resulta difícil aceptar que se nos hable de sacrificios inevitables mientras una minoría cada vez más reducida concentra una parte creciente de la riqueza mundial.
El capitalismo contemporáneo ha llevado la desigualdad a niveles que hace apenas unas décadas habrían parecido impensables. Mientras la productividad aumenta y la economía crece, los beneficios empresariales alcanzan récords históricos y las grandes fortunas continúan incrementando su patrimonio. Sin embargo, esa riqueza no llega de forma proporcional a quienes la generan con su trabajo.
España es un buen ejemplo de esta contradicción. Durante años la economía ha crecido, las grandes empresas han presentado beneficios cada vez mayores y los indicadores macroeconómicos han mejorado. Pero al mismo tiempo la desigualdad sigue siendo una de las grandes heridas sociales del país. La distancia entre quienes más tienen y quienes menos tienen continúa ampliándose.
Cada vez existen más trabajadores pobres: personas que cumplen con su jornada laboral, que producen riqueza y que, aun así, no pueden permitirse una vivienda digna, ahorrar o construir un proyecto de vida estable. Del mismo modo, miles de pensionistas sobreviven con ingresos insuficientes para afrontar el coste de la vivienda, la energía, los medicamentos o la alimentación.
La existencia de trabajadores pobres y pensionistas pobres en una economía capaz de generar miles de millones de euros en beneficios empresariales demuestra que el problema no es la falta de riqueza. El problema es la injusta distribución de esa riqueza.
Por eso el debate sobre las pensiones no puede reducirse a una cuestión contable. Es, ante todo, un debate sobre qué modelo de sociedad queremos construir. Una sociedad donde la riqueza se concentre en unas pocas manos o una sociedad donde los frutos del trabajo colectivo permitan garantizar una vida digna para la inmensa mayoría.
Las pensiones no son una limosna ni un regalo del Estado. Son un derecho conquistado por generaciones de trabajadores y trabajadoras que dedicaron su vida a construir el país que hoy conocemos. Son salario diferido. Son la garantía de que después de décadas de esfuerzo nadie será condenado a la pobreza por el simple hecho de hacerse mayor.
Resulta llamativo que quienes consideran insostenibles las pensiones públicas nunca cuestionen las ayudas multimillonarias a la banca, los rescates empresariales o los privilegios fiscales de las grandes fortunas. Para determinados gastos siempre parece haber dinero. Para garantizar una vejez digna a millones de personas, en cambio, siempre aparecen las dudas.
La realidad es que el sostenimiento de las pensiones pasa por fortalecer el empleo digno, aumentar los salarios, combatir la precariedad y hacer que quienes más tienen contribuyan de manera proporcional al sostenimiento del sistema. Un trabajador con un empleo estable y un salario digno aporta más al sistema que varios trabajadores atrapados en la temporalidad y los sueldos de miseria.
Por eso la defensa de las pensiones está directamente vinculada a la defensa de los derechos laborales. No puede haber un sistema público fuerte si el mercado laboral se basa en la explotación, los contratos basura y la reducción constante de los salarios.
Pero el debate debe ir incluso más allá. Hablar de pensiones significa hablar del modelo de sociedad que queremos construir.
¿Queremos una sociedad donde la sanidad, la educación, la dependencia y las pensiones sean derechos garantizados para todos? ¿O una sociedad donde cada persona tenga que sobrevivir por su cuenta según su capacidad económica?
El llamado Estado del Bienestar nació precisamente para responder a esa pregunta. Surgió de la convicción de que determinados derechos no podían depender de la cuenta bancaria de cada ciudadano. La salud, la educación, la protección frente al desempleo o una jubilación digna debían ser garantías colectivas.
Sin embargo, durante décadas hemos asistido a una ofensiva constante para debilitar estos pilares. Privatizaciones, recortes, externalizaciones y campañas de desprestigio han tratado de convertir derechos en negocios. Allí donde el sector público retrocede, aparecen oportunidades de negocio para intereses privados.
Las pensiones no han escapado a esta lógica. Cada vez que alguien anuncia el supuesto colapso del sistema público, detrás suele aparecer una propuesta para impulsar planes privados de jubilación. Es decir, transformar un derecho colectivo en un producto financiero.
La experiencia internacional demuestra que estos modelos generan más desigualdad. Quien tiene recursos puede ahorrar más. Quien apenas llega a fin de mes queda desprotegido. El resultado es una sociedad dividida entre quienes pueden permitirse una vejez tranquila y quienes se ven condenados a la incertidumbre.
Por eso defender las pensiones públicas es defender la igualdad. Es defender la idea de que toda persona, independientemente de su origen social o de los ingresos que haya tenido durante su vida laboral, merece vivir sus últimos años con dignidad.
Un verdadero proyecto de justicia social debe aspirar a algo más que mantener lo que existe. Debe fortalecer y ampliar los derechos sociales. Debe garantizar pensiones suficientes, una sanidad pública robusta, una educación accesible y unos servicios de dependencia capaces de atender a quienes más lo necesitan.
La riqueza de una nación no se mide únicamente por el tamaño de su economía. Se mide por la forma en que trata a quienes han trabajado toda una vida, a quienes necesitan atención médica, a quienes atraviesan dificultades y a quienes dependen de la solidaridad colectiva para vivir con dignidad.
Las pensiones no son un gasto. Son una inversión en cohesión social, en estabilidad y en justicia.
Y una sociedad verdaderamente justa no es aquella donde unos pocos acumulan fortunas cada vez mayores mientras se cuestionan los derechos de la mayoría. Una sociedad verdaderamente justa es aquella donde la riqueza generada por todos sirve para garantizar una vida digna para todos.
Ese debería ser el verdadero debate. No cómo recortar las pensiones, sino cómo construir un Estado del Bienestar más fuerte, más justo y más democrático para las generaciones presentes y futuras.
Cuando el debate sobre las pensiones se plantea únicamente como un problema matemático o demográfico, se oculta deliberadamente la cuestión central de quién posee la riqueza y quién se beneficia de ella.
La pregunta de fondo no es si una sociedad tan rica como la nuestra puede permitirse pensiones dignas, sino si está dispuesta a repartir de forma más justa la riqueza que produce.
André Abeledo Fernández
