Venezuela: soberanía, democracia y resistencia frente al imperialismo.
Pocas naciones en el mundo han sufrido una campaña de hostigamiento político, económico y mediático tan intensa como la República Bolivariana de Venezuela. Desde la llegada de la Revolución Bolivariana impulsada por el comandante Hugo Chávez, el país ha sido objeto de una presión permanente por parte de los Estados Unidos y de los sectores más reaccionarios de la oligarquía venezolana.
La razón es sencilla: Venezuela decidió ejercer su soberanía. Decidió que sus recursos naturales debían estar al servicio de su pueblo y no de las grandes multinacionales. Decidió construir un modelo político propio, con sus aciertos y sus errores, pero decidido por los venezolanos y no por los despachos de Washington.
Resulta curioso escuchar a quienes hablan constantemente de democracia mientras apoyan sanciones económicas que castigan a millones de personas. Porque esa es la gran contradicción del discurso occidental sobre Venezuela. Dicen defender al pueblo venezolano mientras respaldan medidas coercitivas que dificultan el desarrollo económico del país y buscan asfixiar a sus instituciones. Incluso la existencia de sanciones y presiones internacionales contra el gobierno venezolano es un hecho reconocido por múltiples actores internacionales.
La historia reciente de Venezuela demuestra que el conflicto político no puede entenderse únicamente desde una perspectiva interna. Durante años hemos visto intentos de aislamiento diplomático, reconocimiento de gobiernos paralelos, apoyo político a estrategias de cambio de régimen y una intervención constante en los asuntos internos de un Estado soberano.
Esto no significa negar los problemas existentes en Venezuela. Sería absurdo hacerlo. Ningún proceso político está libre de contradicciones. Pero una cosa es analizar críticamente una realidad compleja y otra muy distinta asumir sin más el relato construido por quienes jamás aceptaron que un pueblo latinoamericano decidiera tomar un camino diferente al marcado por las élites económicas tradicionales.
La democracia no consiste únicamente en celebrar elecciones. También consiste en respetar la soberanía popular, la independencia nacional y el derecho de los pueblos a decidir su propio destino sin injerencias externas. Y precisamente ahí es donde muchos de los autoproclamados defensores de la democracia muestran sus mayores contradicciones.
América Latina conoce demasiado bien las consecuencias de la intervención extranjera. Golpes de Estado, bloqueos económicos, campañas de desestabilización y operaciones políticas han sido herramientas habituales utilizadas contra gobiernos que se han atrevido a desafiar determinados intereses geopolíticos.
Por eso la defensa de Venezuela no debe entenderse como una adhesión acrítica a un gobierno concreto, sino como la defensa de un principio fundamental: el derecho de los pueblos a resolver sus propios problemas sin tutelas imperiales.
La izquierda internacional debería ser capaz de mantener una posición coherente. Defender los derechos sociales, la justicia y la democracia, sí. Pero también denunciar las agresiones económicas y políticas dirigidas contra países soberanos. Porque no puede haber verdadera democracia bajo la amenaza permanente de la injerencia extranjera.
Venezuela debe decidir su futuro. Ni Washington, ni las grandes corporaciones, ni las élites económicas tienen derecho a hacerlo en su lugar. La soberanía popular no puede ser selectiva. O se respeta para todos los pueblos o deja de ser un principio democrático para convertirse en una simple herramienta de propaganda.
Y precisamente por eso, más allá de las diferencias ideológicas que puedan existir, la defensa de la soberanía venezolana sigue siendo una cuestión de dignidad, de independencia y de respeto al derecho de los pueblos a escribir su propia historia.
La agresión contra Venezuela alcanzó una dimensión todavía más grave cuando Estados Unidos decidió llevar a cabo una operación militar directa sobre territorio venezolano que culminó con la captura y traslado forzoso del presidente Nicolás Maduro fuera de su propio país.
Más allá de las posiciones ideológicas que cada cual pueda mantener sobre el Gobierno venezolano, resulta imposible ignorar el precedente que supone que una potencia extranjera intervenga militarmente en un Estado soberano para detener a su jefe de Estado. Para millones de venezolanos y para buena parte del movimiento antiimperialista internacional aquello constituyó un auténtico secuestro político realizado al margen de cualquier respeto por la soberanía nacional venezolana.
La operación, desarrollada mediante acciones militares en Caracas y otras zonas del país, provocó víctimas y abrió un intenso debate sobre su legalidad internacional. Si se acepta que una potencia puede entrar militarmente en otro país, bombardear objetivos, capturar a su presidente y trasladarlo fuera de sus fronteras, entonces se está poniendo en cuestión uno de los principios fundamentales sobre los que se sustenta el derecho internacional moderno: la igualdad soberana de los Estados. Hoy fue Venezuela; mañana podría ser cualquier nación que decida desafiar los intereses geopolíticos de las grandes potencias.
Por eso la defensa de la soberanía venezolana no es únicamente una cuestión de solidaridad con la Revolución Bolivariana. Es también una defensa del derecho de los pueblos a decidir libremente su futuro sin invasiones, sin tutelas extranjeras y sin que ninguna potencia se arrogue el papel de policía del mundo.
André Abeledo Fernández
