Cuando enfermar se convierte en un problema político y se prioriza la economía frente a la salud.
Hay discursos que no nacen de la improvisación. Se preparan, se repiten y persiguen un objetivo muy concreto: cambiar la forma en que la sociedad entiende un derecho para que termine aceptando su recorte.
Eso es lo que está ocurriendo con el debate sobre las bajas laborales.
Desde hace meses asistimos a una ofensiva política y mediática que pretende presentar el absentismo laboral como uno de los grandes problemas de España. Pero en ese discurso se mezcla deliberadamente el fraude —que debe perseguirse con toda la contundencia— con las bajas médicas justificadas, los permisos reconocidos por la ley y los derechos conquistados durante décadas por la clase trabajadora.
No es un error. Es una estrategia.
Cuando Alberto Núñez Feijóo plantea que las bajas laborales constituyen uno de los principales problemas del mercado de trabajo y propone endurecer las consecuencias para quienes se acogen a ellas, está enviando un mensaje muy claro: el trabajador enfermo pasa a ser visto como una carga económica antes que como una persona que necesita recuperarse.
Y esa estrategia encuentra su reflejo en Galicia.
El Gobierno de Alfonso Rueda ha impulsado medidas dirigidas a reducir las bajas laborales mediante incentivos vinculados a su gestión. Más allá del debate técnico sobre cómo se articulen esos incentivos, el mensaje político resulta preocupante: el éxito empieza a medirse por el número de bajas que desaparecen y no por la salud de las personas.
Un médico no puede decidir pensando en objetivos estadísticos ni en balances presupuestarios. Su obligación es proteger la salud de su paciente. Ese es el principio esencial de la medicina.
Cuando la política introduce criterios económicos en decisiones estrictamente sanitarias, el riesgo es evidente: que la presión por reducir cifras termine pesando más que la situación clínica de quien tiene delante.
Pero existe otra cuestión todavía más preocupante.
España atraviesa una auténtica crisis de salud mental. La ansiedad, la depresión y otros trastornos psicológicos afectan cada vez a más personas. Galicia, además, registra desde hace años una de las tasas de suicidio más elevadas del país.
Ante esa realidad cabría esperar un gran debate nacional sobre las condiciones de trabajo, la precariedad, la incertidumbre vital, la conciliación o el deterioro de la salud mental.
Sin embargo, algunos prefieren centrar el debate en cómo reducir las bajas laborales.
No se preguntan por qué enfermamos.
Se preguntan cómo conseguir que trabajemos incluso estando enfermos.
Esa diferencia lo explica todo.
Porque una sociedad que de verdad se preocupe por sus trabajadores intentará prevenir las enfermedades, mejorar las condiciones laborales, reforzar la atención psicológica y proteger a quien necesita recuperarse.
Una sociedad que solo piensa en la productividad buscará exactamente lo contrario: reducir costes aunque sea a costa de la salud de quienes generan la riqueza.
Lo más llamativo es que este discurso encuentre apoyo entre personas trabajadoras.
Resulta difícil comprender que alguien que vive de su salario respalde políticas que cuestionan derechos que mañana él mismo puede necesitar.
Todos enfermaremos alguna vez.
Nadie está a salvo de una fractura, una intervención quirúrgica, un cáncer, una depresión, una enfermedad cardiovascular o una lesión provocada por años de esfuerzo físico.
Las bajas médicas no existen para premiar a nadie.
Existen para proteger la salud de las personas y evitar que una enfermedad termine convirtiéndose también en una condena económica.
Lo mismo ocurre con los permisos reconocidos por el Estatuto de los Trabajadores. La maternidad, la paternidad o las licencias legalmente establecidas no son privilegios. Son conquistas sociales alcanzadas tras décadas de lucha sindical y política.
Presentarlas como parte de un supuesto problema de absentismo supone desvirtuar deliberadamente su verdadero significado.
Quienes hoy cuestionan estos derechos son los mismos que llevan años defendiendo retrasar la edad de jubilación, aumentar la vida laboral y flexibilizar las condiciones de trabajo siempre en beneficio de la empresa.
Nunca parece suficiente.
Siempre hay un derecho más que recortar.
Siempre hay un sacrificio más que exigir a quienes viven de su trabajo.
La pregunta es sencilla.
¿Quién defenderá a la clase trabajadora si la propia clase trabajadora termina votando a quienes consideran que sus derechos son un obstáculo para la economía?
La democracia del trabajo no consiste únicamente en poder votar cada cuatro años.
Consiste en construir una sociedad donde la economía esté al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía.
Porque el día que trabajar enfermo se considere una virtud y recuperarse de una enfermedad pase a verse como un privilegio, no habremos construido una sociedad más eficiente.
Habremos construido una sociedad menos humana.
André Abeledo Fernández
