De la Marcha Verde a Ceuta: cincuenta años de la misma injerencia, los mismos cómplices.
Hay hechos que la historiografía oficial prefiere contar como un conflicto bilateral entre España y Marruecos, cuando en realidad fueron, desde el primer minuto, una operación diseñada en Washington. Y hay crisis de hoy, como la de Ceuta, que la derecha española presenta como un simple «problema de fronteras», cuando en realidad forman parte del mismo tablero geopolítico que arrancó en 1975. Toca decirlo con nombres y apellidos, camaradas, porque la memoria sin nombres propios es solo nostalgia.
1975: la Marcha Verde no la improvisó Hassan II, la diseñó Washington.
La documentación desclasificada por Estados Unidos, revisada por historiadores e investigadores en los últimos años, ya no deja margen para la duda razonable: el entonces secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, fue informado con meses de antelación de los planes marroquíes sobre el Sáhara, y no solo dio su visto bueno, sino que vio en la Marcha Verde una oportunidad para los intereses militares, estratégicos y económicos de Estados Unidos en la región, exigiendo además máxima discreción para que el propio Gobierno de Madrid no se enterase por vía oficial. Según esa misma documentación, Estados Unidos no se limitó a aprobar el proyecto: planificó la organización de la marcha, asesoró a los marroquíes en su ejecución y proporcionó a Marruecos equipos, armamento y logística, mientras un gabinete de estudios estratégicos en Londres proyectaba la operación y las petromonarquías del Golfo ponían el dinero.
La propia Wikipedia recoge, citando fuentes documentales, que ya en septiembre de 1975 hubo filtraciones de información y la CIA comunicó a Kissinger las intenciones de Marruecos, es decir: la inteligencia norteamericana estaba dentro del plan desde su gestación, no como espectadora, sino como parte informada y activa. Existe además el testimonio directo de Kissinger advirtiendo al entonces príncipe Juan Carlos de los «riesgos» de que España se enfrentara militarmente a Marruecos, en lo que varios investigadores describen abiertamente como una amenaza velada más que como un consejo diplomático. Es cierto que algún historiador matiza el grado exacto de implicación personal de Kissinger en el diseño operativo concreto de la marcha; lo que ningún estudio serio discute ya es que Washington conocía el plan, lo aprobó por sus propios intereses estratégicos en plena Guerra Fría, y presionó activamente para que España no defendiera militarmente su provincia número 52.
La complicidad no fue «España»: fue una parte muy concreta del aparato franquista.
Aquí conviene ser precisos, porque la traición no la cometió «España» como abstracción, sino decisiones tomadas por personas concretas del entramado franquista en su etapa final. Franco, gravemente enfermo, había ordenado sembrar de minas la frontera y sostener la posición española por la fuerza si era necesario. Pero mientras el dictador agonizaba, fue el Gobierno en funciones, con el entonces príncipe Juan Carlos como jefe de Estado interino, quien negoció al margen de esa orden. Juan Carlos viajó a El Aaiún a prometer a la guarnición española que no habría abandono, y días después viajó a Washington a recibir instrucciones directamente de Kissinger. El desenlace es conocido: se ordenó retirar las minas, se pactó la entrega del territorio, y las tropas marroquíes entraron en el Sáhara mientras el ejército español aún permanecía sobre el terreno sin recibir orden de defenderlo. La monarquía que se presentó después como garante de la democracia empezó, literalmente, entregando un pueblo entero a una potencia ocupante bajo instrucciones de Washington.
2026: Ceuta no es un episodio aislado, es la continuidad del mismo tablero.
Medio siglo después, el mapa de intereses no ha cambiado tanto como parece. En diciembre de 2020, la administración Trump reconoció formalmente la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental como moneda de cambio para que Marruecos normalizara relaciones con Israel dentro de los Acuerdos de Abraham. Desde entonces, Marruecos ha intensificado de manera notable su cooperación militar, tecnológica y de inteligencia con Israel, con drones, sistemas de vigilancia y acuerdos de ciberseguridad integrándose en la lógica estratégica regional impulsada por Washington y Tel Aviv. Trump ha vuelto a reafirmar por escrito esa alianza esta misma semana, calificando la soberanía marroquí de «solución justa y duradera» y descartando «cualquier otra vía» como «inaceptable». Y no es casualidad, camaradas, que esa reafirmación se produzca justo en los días de mayor citación de esta alianza a raíz de la crisis fronteriza de Ceuta: el propio debate público español ya conecta ambos hechos.
Resulta legítimo, por tanto —y necesario— preguntarse a quién beneficia que estalle precisamente ahora una crisis migratoria de esta magnitud en Ceuta. Beneficia a Marruecos, que gana palanca de presión sobre España y la UE en plena negociación de fondos y acuerdos pesqueros. Beneficia a Washington y a Tel Aviv, que ven reforzado el papel de Marruecos como socio de seguridad regional dentro de su arquitectura de alianzas post-Acuerdos de Abraham, con Rabat cada vez más integrado en cooperación militar y de inteligencia israelí. Y beneficia, dentro de casa, a una derecha española —PP y Vox, con Feijóo y Abascal a la cabeza, con Ayuso amplificando el discurso del miedo desde Madrid— que encuentra en cada imagen de pateras y saltos de valla el combustible perfecto para su ofensiva xenófoba, jaleada por una caverna mediática y unas redes de desinformación que llevan meses preparando el terreno emocional para la «invasión».
No hace falta imaginar un despacho secreto en Langley para entender esto: hace falta simplemente seguir el dinero, los pactos y los intereses declarados. Cuando una crisis humanitaria coincide en el tiempo con la reafirmación pública de una alianza estratégica entre Washington, Tel Aviv y Rabat, y esa misma crisis es capitalizada al milímetro por la ultraderecha española, la pregunta no es si existe conexión, sino cuánta ingenuidad hace falta para seguir llamándolo casualidad.
La misma lección, cincuenta años después.
De la Marcha Verde a Ceuta, el patrón se repite: intereses imperiales que se deciden en Washington y Tel Aviv, cómplices locales que anteponen el cálculo geopolítico o electoral a la dignidad de los pueblos, y un relato oficial que oculta las conexiones para que la clase trabajadora no las vea. El Sáhara sigue sin su referéndum. Los migrantes de Ceuta siguen sin sus derechos. Y los verdaderos responsables —los despachos de Washington, Tel Aviv y Rabat, y sus voceros de Madrid— siguen sin dar la cara.
Frente al imperialismo y sus cómplices de siempre, memoria, nombres propios y solidaridad de clase.
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*André Abeledo Fernández
