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Recientemente el gobierno español ha lanzado un conjunto de medidas denominadas “Escudo social”, que se han presentado como una batería de medidas para proteger a la clase obrera de las consecuencias económicas derivadas de la guerra de rapiña llevada a cabo por el imperialismo norteamericano y sus acólitos. Bajo la apariencia de medidas encaminadas a rebajar el coste de la vida de una manera inmediata, se esconden bonificaciones, reducciones fiscales selectivas y un conjunto de ayudas puntuales, sobre todo a pequeñas y medianas empresas y hacia la protección de los beneficios de los monopolios, que lejos de transformar las condiciones materiales de la clase obrera, terminan lastrando la capacidad recaudatoria del Estado y, por lo tanto, debilita la capacidad del mismo para sostener los servicios públicos universales. Y no se produce porque el poder lo ostente tal o cual partido en el gobierno, ocurre porque es una lógica inherente al modelo productivo.

Directivas europeas de progresivo desmantelamiento del ferrocarril, aplicadas por el Estado en forma de políticas de privatización, un constante riego de millones de euros en licitación a las grandes empresas del IBEX y grupos filiales, y, por supuesto, corrupción generalizada. Son algunos de los elementos que podemos situar como inherentes al progresivo deterioro que ha sufrido el ferrocarril en España, todo ello en connivencia, a lo largo de los años, de los diferentes gobiernos, independientemente de su signo.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, ofreció recientemente una entrevista al politólogo español Pablo Iglesias Turrión en el espacio digital Canal Red, la cual fue transmitida en el espacio Mesa Redonda