El referéndum celebrado en 1986 sobre la permanencia de España en la OTAN constituye uno de los mayores fraudes políticos de la historia reciente. No fue una consulta libre ni neutral, sino un mecanismo cuidadosamente diseñado para legitimar una decisión ya tomada por las élites políticas y económicas: la integración definitiva de España en el bloque militar imperialista occidental. La pregunta no ofrecía una alternativa real, sino que imponía una permanencia condicionada por tres compromisos que, con el tiempo, se revelaron como simples instrumentos de engaño.

El primer condicionamiento afirmaba que España no se integraría en la estructura militar integrada de la OTAN. Esta promesa fue clave para desactivar el rechazo popular, especialmente entre amplios sectores de la clase trabajadora y del movimiento pacifista. Sin embargo, la realidad posterior demostró que se trataba de una falsedad deliberada. España pasó a participar activamente en la planificación militar de la alianza, en su cadena de mandos y en operaciones conjuntas en el exterior. La supuesta “no integración” quedó reducida a una fórmula jurídica sin contenido material, mientras las Fuerzas Armadas se alineaban progresivamente con la doctrina estratégica de la OTAN, perdiendo cualquier atisbo de autonomía soberana.

El segundo condicionamiento prometía la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español. Este compromiso apelaba al rechazo social masivo a la guerra nuclear, muy presente en la conciencia popular de los años ochenta. No obstante, nunca existieron mecanismos reales de control, verificación o transparencia. La pertenencia a la OTAN implicó aceptar la doctrina nuclear del bloque atlántico y someterse a su opacidad estructural. El tránsito de buques y aeronaves potencialmente portadores de armamento nuclear por territorio español quedó fuera de cualquier control. La prohibición fue, en la práctica, una declaración retórica destinada a tranquilizar conciencias, no una política efectiva de desmilitarización.

El tercer condicionamiento anunciaba la reducción progresiva de la presencia militar de Estados Unidos en España. Este punto fue especialmente cínico. Lejos de reducirse, la presencia militar estadounidense se consolidó y reforzó. Las bases de Rota y Morón adquirieron un papel estratégico central en las operaciones de la OTAN, en el Mediterráneo, África y Oriente Próximo. Aumentaron las infraestructuras, los efectivos y las misiones, convirtiendo el territorio español en plataforma logística y operativa de guerras ajenas a los intereses del pueblo. La supuesta reducción se transformó en una integración cada vez más profunda en el aparato militar estadounidense.

El principal artífice político de este engaño fue el Gobierno de Felipe González, que pasó de prometer la salida de la OTAN a liderar una campaña basada en el miedo, la manipulación mediática y la resignación. El referéndum sirvió para desmovilizar a un poderoso movimiento popular anti-OTAN y para legitimar un giro estratégico que consolidó la subordinación de España a los intereses del capital transnacional.

En perspectiva el referéndum de 1986 demuestra cómo la democracia burguesa utiliza mecanismos formales de participación para blindar decisiones estructurales del imperialismo. Las tres condiciones no fueron un pacto con el pueblo, sino una trampa coyuntural para neutralizar la resistencia popular. Recordar y denunciar este fraude no es un ejercicio del pasado: es una tarea política necesaria por la Paz, frente a la militarización, la pérdida de soberanía, y la utilización de España como engranaje de la maquinaria de guerra de la OTAN. Esta criminal alianza, brazo armado del capitalismo en crisis liderado por Estados Unidos, impulsa guerras, saqueo social y riesgo nuclear, frente a los que solo cabe organización, movilización unitaria y ruptura. Salgamos a la calle con un solo grito:

¡Contra la guerra imperialista!
¡OTAN no, bases fuera!

MYGO

El pasado 9 de marzo de 2026 El Periódico de la Energía, una publicación patronal del sector de la energía publicaba un artículo titulado «No habrá un ‘Made in Europe’ sin un ‘Powered by Europe’». Aunque no es un comunicado de una autoridad logística, constituye la primera alarma pública y fundamentada sobre el impacto que la guerra contra Irán tendría en la industria española, y nombra al Corredor del Henares como un punto crítico.

Si bien desde el punto de vista político el artículo carece de datos de interés, sin embargo llama la atención que el mismo utilice el Corredor del Henares como ejemplo central de su tesis, que describe con el neologismo de «glocalización del riesgo». Explica cómo un conflicto en un punto lejano del planeta (Ormuz) se convierte en una «variable crítica de la gestión energética de la industria española» en lugares como el Corredor del Henares o el cinturón industrial de Barcelona.

El análisis profundiza en cómo la interrupción en Ormuz, por donde transita una quinta parte del GNL mundial, afectaría los costes energéticos y la competitividad de las fábricas españolas. Señala que, aunque España apenas reciba petróleo o GNL directamente de esa zona, el efecto global en los precios de la energía y los fletes será un efecto dominó.

Y en efecto, el riesgo económico para una zona que, solamente en el área de la provincia de Guadalajara alberga más de 43.000 puestos de trabajo, es una olla a presión que nadie tenía prevista, ya que el Corredor del Henares, al ser el principal centro logístico de Madrid y uno de los más importantes de España, es uno de los territorios más expuestos por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

A la llegada masiva y descoordinada de buques a puertos como Valencia o Barcelona en las próximas semanas se suma que el Corredor es el principal punto de entrada y distribución para Madrid, con una alta densidad de naves y plataformas que ya operan cerca de su capacidad máxima incluso antes del comienzo de la guerra.

La alta concentración de empresas de sectores vulnerables: logística farmacéutica y de temperatura controlada (perecederos) en zonas como Alcalá de Henares, sumado a los retrasos generalizados de 2 a 3 semanas o más en las entregas de productos procedentes de Asia son la tormenta perfecta para un sector enormemente dependiente.

De hecho, el gobierno ya estudia reactivar los ERTE por causas productivas. Para el trabajador del Corredor, un ERTE no es un despido, pero es una mochila de incertidumbre. Supone una reducción temporal de jornada y, por tanto, de salario, así como la angustia de no saber si la empresa se recuperará o si, pasado ese tiempo, se pasará a un despido.

Aunque el núcleo duro de la logística en el Corredor tenga un alto porcentaje de indefinidos, la crisis afectaría de lleno a la contratación eventual. Las empresas, ante la incertidumbre de la demanda y los suministros, ya se plantean congenlar la contratación para picos de trabajo. Esto golpearía especialmente a los trabajadores con menos antigüedad y a aquellos que acceden al sector a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETTs), que son la puerta de entrada pero también los primeros en sufrir cualquier parón.

Esta realidad, que podría ser un acicate para el fin de la paz social, en la práctica está siendo su contrario. Las reivindicaciones sindicales para mejorar aspectos como la conciliación, la formación o la reducción de la jornada ya han pasado a un segundo plano. La agenda sindical pasa por la «gestión de la crisis», donde el objetivo principal sería mantener el empleo, no mejorarlo.