Juana Carrasco Martín (Juventud Rebelde).— Sí. Julian Assange, el periodista fundador de WikiLeaks, el activista social que expuso en 2010 más de 700 000 documentos y audiovisuales clasificados como confidenciales o secretos sobre las actividades militares y diplomáticas, evidencias de los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Irak y Afganistán, está en grave peligro de ser extraditado a EE. UU.
El martes y el miércoles de esta semana, fue la audiencia en la Corte Real de Justicia de Inglaterra y Gales en Londres para la apelación de Julian Assange sobre el fallo que en julio pasado dictaminó el juez del Tribunal Superior, Jonathan Swift. Este le negó el permiso para apelar la decisión de la entonces ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, de extraditarlo a Estados Unidos, donde enfrentaría 18 cargos, entre ellos espionaje y conspiración para cometer intrusión informática, hackeo de las bases de datos de las fuerzas armadas estadounidenses.
Las graves acusaciones que enfrenta, si se le aplica la arcaica pero vigente Ley de Espionaje de 1917, la que estipula que no viola la libertad de expresión de las personas, pudieran ponerlo tras las rejas estadounidenses —si tuviera más de una longeva vida— durante 175 años. Solo por decirle al mundo los «sensibles» secretos del Pentágono y de la Casa Blanca, la desgarradora verdad oculta, pero los magistrados británicos han considerado válidas «las garantías» de Estados Unidos de que no dañarían a Assange.
Esa es una falacia, tan grande como la aseveración estadounidense de que ellos sí respetan la libertad de prensa, de expresión, de pensamiento.
Esta es una muestra reciente. A comienzos de este febrero, Joshua Schulte, ex ingeniero de software de la CIA que supuestamente entregó una enorme cantidad de información clasificada a WikiLeaks, fue sentenciado a 40 años de prisión por el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Nueva York, Jesse Furman, quien lo declaró culpable de espionaje, piratería informática, desacato al tribunal, declaraciones falsas al FBI y hasta de posesión de pornografía infantil.
Joshua Schulte fue la fuente de WikiLeaks, del llamado Vault 7, una revelación de 2017 acerca de cómo la CIA pirateó teléfonos inteligentes, y convirtió televisores con conectividad en línea en dispositivos de escucha, para espiar a gobiernos extranjeros —hasta algunos de sus socios y aliados—. y otras personalidades de la política. Revelaciones también de que en 2017 la agencia de espionaje estadounidense intentaba asesinar a Assange.
El periodista de origen australiano, está encarcelado en total aislamiento desde 2019 en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, Inglaterra, luego que el entonces presidente de Ecuador, Lenin Moreno, se aliara con Estados Unidos y le revocara el asilo y la protección que le concediera en la embajada en Londres el presidente Rafael Correa.
Stella, la esposa de Assange, en un mitin para exigir su libertad declaró: «Julian necesita su libertad y todos necesitamos la verdad», cuando acusó a Estados Unidos de abusar del sistema legal para «acosarlos, procesarlos e intimidarlos a todos».
Ello se ratifica cuando el gobierno de Estados Unidos acaba de alegar ante la suprema corte londinense que Assange «no es un periodista común que merezca protección de los derechos humanos, además de que el tratado de extradición entre Londres y Washington no protege a delitos como «el espionaje» y aseguraron que el editor de WikiLeaks había estimulado el «robo» de los documentos para filtrar materiales que dijeron «no es de interés público», y «creó un riesgo grave e inminente» para la gente que aparecía en ellos, cuando realmente son demostrativos de atroces crímenes de guerra estadounidenses que sí debían ser conocidos por el público estadounidense y del mundo entero.
De hecho, esos argumentos de las autoridades de EE. UU. constituyen una amenaza sin precedentes no solo para Julian Assange, sino para el periodismo en Estados Unidos, en el Reino Unido y en todo el mundo, y merece un paréntesis de recordatorio: No hagamos la vista gorda cuando Israel, casi a diario, está asesinando a periodistas palestinos en Gaza.
La vida de Julian Assange está en peligro si es extraditado y por más que James Lewis, abogado principal del gobierno estadounidense, asegure que no hay «nada que sugiera que se enfrenta a un verdadero riesgo de pena de muerte», cuando se le preguntó si había «algo que impidiera una acusación de complicidad en traición», tuvo que admitir que no había nada que lo impidiera y aceptó «en principio» que esos cargos pudieran conllevar la pena de muerte, como publicó la CNN sobre el tema específico.
Los jueces de la real corte no han emitido todavía una decisión y podrían pasar días o semanas antes de un pronunciamiento de conceder o rechazar la solicitud de Assange a una audiencia de apelación. La jueza Dame Victoria Sharpe, dijo «nos reservaremos nuestra decisión» sin especificar fecha, aunque unos dicen que tendrían de plazo hasta el 4 de marzo y otros hablan incluso de meses…
Dos posibilidades están a la vista: si se le concede el derecho de apelación a Assange tendrá que acudir a otra audiencia en el Reino Unido, que tendría que ratificar que no es extraditado; pero si el tribunal londinense confirme su extradición, también tiene frente a sí un último recurso, apelar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el también llamado Tribunal de Estrasburgo— una corte internacional que se encarga de interpretar y garantizar la aplicación del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) sean respetados por las naciones, esos que Estados Unidos aplica o niega a su libre albedrío, según concuerden sus intereses políticos.
La espada de Damocles sigue pendiente sobre Julian Assange, mucho más cuando no estamos en presencia de un transparente procedimiento judicial, sino una cacería política, una persecución ejemplarizante, para que nadie se atreva a divulgar los crímenes de guerra del imperio dominante.
