A un lado del tablero aparecen los hipócritas que, con aparente indignación, prometen blindar la sanidad pública y derogar leyes que ellos mismos mantienen en pie. Al otro, los defensores del lucro en la gestión sanitaria, que reducen las denuncias a conflictos empresariales. En el fondo, ambos comparten el mismo interés: garantizar que la salud continúe siendo una fuente de beneficio para las empresas privadas que parasitan el presupuesto público.

Desde finales de los años noventa, con la aprobación de la Ley 15/97, o de “Nuevas Formas de Gestión en el ámbito del SNS” con los votos de PP, PSOE, CC, PNV y CiU, se legitimó la entrada del capital privado en la gestión de los hospitales y centros sanitarios. Aquel texto, aprobado por la suma de los grandes partidos, abrió una puerta que ya nunca se cerró. Bajo el pretexto de la eficiencia, se instauró un modelo que convierte cada acto médico en un cálculo económico. La sanidad dejó de ser un derecho para transformarse en un mercado donde las empresas compiten por captar pacientes “rentables” y desechar a los que no lo son.

El resultado ha sido previsible: aumento de la mortalidad evitable, reducción de personal, altas médicas precipitadas, recortes en material y precarización laboral. Pero lo más grave ha sido la complicidad institucional que ha permitido estas prácticas. Los gobiernos de turno, sean del PP, del PSOE/PODEMOS o de sus aliados progresistas, no solo mantuvieron intacta la legislación privatizadora, sino que ampliaron los contratos y concesiones a las multinacionales del sector sanitario.

Mientras tanto, los colectivos que llevan más de veinte años luchando por una sanidad completamente pública han sido sistemáticamente silenciados. La Iniciativa Legislativa Popular en la que colaboró la militancia del PCPE, impulsada por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), para derogar la Ley 15/97 reunió cientos de miles de firmas en todo el Estado. Sin embargo, quienes se llenan la boca con discursos “por la sanidad pública” —PSOE, Podemos, Sumar y compañía— se negaron a respaldarla. No solo miraron hacia otro lado, sino que llegaron a obstaculizar la recogida de firmas con campañas paralelas que desviaron la atención y diluyeron la movilización popular.

Esa hipocresía se repite hoy con el caso Torrejón. La ministra de Sanidad, Mónica García, conoce desde hace años las condiciones bajo las que operan los hospitales de gestión privada. Aun así, insiste en hablar de “colaboración público-privada” como si fuera compatible con un sistema sanitario universal. Hace apenas unos meses aumentó en más de un 40 % la financiación estatal a las aseguradoras privadas de las mutualidades, reforzando el mismo modelo que dice querer desmontar.

Pedro Sánchez, habla del “blindaje constitucional” de la sanidad, una promesa que ya hizo en pandemia y que nunca cumplió. Palabras huecas frente a una realidad en la que las empresas privadas se enriquecen con recursos públicos mientras los hospitales estatales se recorta en personal, infraestructuras y las listas de espera son interminables.

El llamado “pacto sanitario” entre todas las fuerzas del régimen del 78 es un reflejo del consenso de clase entre la derecha y la izquierda institucional. No hay diferencias de fondo, solo reparto de papeles. Unos promueven abiertamente la privatización; otros la maquillan con lenguaje progresista. En ambos casos, el resultado es el mismo: el desmantelamiento del derecho a la salud y la subordinación de la vida al beneficio.

Frente a ello, solo la movilización organizada puede revertir este proceso. Recuperar la sanidad como un servicio plenamente público, gratuito y gestionado democráticamente por los trabajadores y usuarios no es una utopía, sino una necesidad histórica para defender la vida frente al lucro.