Sonia Iruela (Unidad y Lucha).— La política que mantiene el Gobierno del Estado español, encabezado por Pedro Sánchez, hacia Marruecos es una política plenamente consciente, alineada con los intereses del capital monopolista y subordinada a la estrategia imperialista de la UE, la OTAN y Estados Unidos en el norte de África. El Estado español asume complacido su papel subordinado en el reparto de funciones diseñado por los centros de poder imperialista.

Marruecos, como un buen perro guardián, también cumple la función que le ha asignado el imperialismo: vigilar, contener y reprimir para que el capitalismo mantenga su control sobre África. No actúa por iniciativa propia, sino como pieza útil del engranaje imperialista, garantizando que las rutas comerciales, las inversiones y los intereses militares de las potencias occidentales no se vean cuestionados por los pueblos del continente.

No se defienden los derechos de los pueblos, sino los beneficios del capital. El Gobierno español, por tanto, avala la represión, el chantaje político y la ocupación colonial.

El giro respecto al Sáhara Occidental, que venía observándose en los últimos años, marca un punto de inflexión muy grave. Al asumir la posición de Rabat, con el beneplácito de Estados Unidos y por la UE, el PSOE certifica su plena integración en la lógica imperialista. El derecho de autodeterminación del pueblo saharaui ha sido sacrificado conscientemente en nombre de la “estabilidad regional”. Más aún: el Gobierno español ha defendido en el seno de la UE acuerdos ilegales de pesca y explotación de recursos que incluyen territorio y aguas saharauis, actuando como cómplice directo del saqueo y vulnerando sentencias judiciales y el derecho internacional.

En esta traición ha jugado un papel fundamental el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convertido en ejecutor disciplinado de la sumisión. Su actuación no es diplomacia, es obediencia. La reciente intervención de una diputada saharaui frente a Albares lo dejó en evidencia: frente a una denuncia clara, firme y política de la ocupación y la represión, solo pudo responder con evasivas, en un intento de huida hacia adelante. Respaldar al ocupante y al saqueador es indefendible.

La cuestión migratoria muestra con crudeza esta realidad. Marruecos actúa como policía de frontera de la UE, utilizando a las personas migrantes como instrumento de presión. El Estado español financia esta política, la legitima y la encubre. La masacre de Melilla no fue una excepción ni un error: fue la expresión brutal de una política estructural de externalización de fronteras y de gestión violenta de una parte de la clase trabajadora expulsada de sus países por el propio saqueo imperialista.

En Ceuta y Melilla, la llamada “normalización” comercial no ha supuesto ninguna mejora para la clase trabajadora. Se consolida un modelo económico dependiente y frágil, subordinado a los intereses del capital y a los dictados de Rabat. Todo ello con el beneplácito del Estado español y bajo el paraguas del Régimen del 78, en el que la monarquía borbónica juega un papel central como garante de la continuidad imperialista y del alineamiento con la OTAN.

El silencio sobre cuestiones clave, como las aguas atlánticas, los recursos naturales y el papel estratégico de Canarias, no es casual. El imperialismo necesita territorios seguros para la explotación y el control militar, y estas decisiones se toman al margen del pueblo trabajador y de cualquier control democrático.

Frente a esta política de concesiones y sumisión no caben ambigüedades. Romper con la lógica imperialista es una tarea urgente. Defender el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui no es una cuestión humanitaria, es una posición de clase. Denunciar al Gobierno español, al PSOE, a Albares y a la monarquía no es retórica: es una obligación política. Contra el imperialismo y sus gestores solo hay una salida: organización, lucha e internacionalismo proletario. Estabilidad para el capital significa miseria para los pueblos. Y frente a eso, combate político sin concesiones.