Gremios de la educación y la agricultura en Argentina han repudiado el Presupuesto 2026 aprobado el pasado jueves tras nueve horas de debate, con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención. Pese a que hubo resistencia por parte de algunos diputados, el Parlamento dio luz verde a lo que ya es una herramienta más para la motosierra del Gobierno de Javier Milei y La Libertad Avanza.
Desde que el mandatario lo presentara en septiembre se levantaron denuncias que apuntan a más ajuste financiero para los beneficios sociales y más ventajas para los ricos. Tras la aprobación, gremios universitarios y del sistema científico-tecnológico aseguran que su Artículo 30 elimina los pisos de financiamiento para educación, ciencia y tecnología, lo cual pone en riesgo el ciclo lectivo, la investigación y el desarrollo productivo del país.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), CONADU Histórica y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario (INTA) advierten que la norma habilita un ajuste discrecional cuyo objetivo de fondo es “la extinción de la educación, la ciencia y la tecnología en todos sus niveles”, resaltó el periódico El Destape.
El Presupuesto 2026 impulsa un país para pocos
En conversación con este medio, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, afirmó que la ley es una “catástrofe política” e impulsa un modelo de país «para pocos», donde el futuro del sistema educativo y científico en todos sus niveles se oscurece.
De acuerdo con la sindicalista, los recursos que debían destinarse a la educación fueron redireccionados al pago de intereses de la deuda externa y a la SIDE (Secretaría de Inteligencia). Alesso augura un fuerte impacto de la norma en las provincias, donde sostener los salarios y servicios básicos será un verdadero hoyo; ante esto, ve el 2026 como un año de “alta conflictividad social”, en que el sistema educativo se deteriorará como nunca antes.
“Esto es peor que el propio menemismo, porque supone destruir todas las bases de la educación pública”, aseguró, y cuestionó el discurso liberal del Gobierno cuando afirma “los verdaderos liberales en la Argentina fundaron escuelas”.
Por su parte, Antonio Rosselló, economista y dirigente de CONADU Histórica, advierte que el 60% de la producción científica del país se realiza en universidades nacionales que hoy carecen de fondos para investigación y extensión, realidad que se profundizará con esta norma. De ahí que el deterioro salarial ya ha ocasionado renuncias docentes y un incremento de la desersión estudiantil, que no se revertirán si el nuevo esquema de financiamiento no cambia.
“Está en riesgo el comienzo del ciclo lectivo, porque nosotros con salarios de 250 mil pesos no podemos vivir”, agregó Rosselló. En comparación con programas de austeridad de los años noventa y de la última dictadura, el experto incluso sostiene que “ni siquiera Martínez de Hoz hizo esto”, en referencia a quien ejerciera como ministro de Economía de la Nación entre 1976 y 1981.
Los gremios aseguran, en resumen, que el nuevo modelo favorece a los acreedores externos y a los grandes grupos económicos, millonarios, y representa un retroceso abismal para los jubilados y trabajadores del sector educativo público.
El foco de este rechazo es el Artículo 30 del Presupuesto, que elimina la obligación legal de destinar al menos el 6% del PBI a educación, deshace el esquema de financiamiento progresivo del sistema científico —ello incluye al CONICET, el INTA y otros organismos— y suprime el fondo específico para la educación técnico profesional.
Al respecto, desde CTERA condenaron la inconstitucionalidad de dicha eliminación, en tanto vulnera lo establecido por la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de control del Sector Público Nacional, en la que se establece que el Presupuesto anual “no podrá reformar o derogar leyes vigentes…”, señalaron en un comunicado en sus redes sociales.
Sin embargo, el mal llega más lejos, de acuerdo con la delegada de ATE en el INTA, Julieta Boedo. La disminución de presencia estatal en los territorios afectará las economías regionales y la soberanía alimentaria, mientras la eliminación de los pisos de inversión afecta directamente el trabajo del INTA con pequeños y medianos productores.
De igual manera, alerta que el ajuste del Gobierno se traduce en retiros voluntarios, centralización operativa y pérdida de capacidades técnicas, que tendrán un efecto directo en la producción agropecuaria en las comunidades. Por demás, Boedo coincide en la devastación de todos los organismos del sistema de ciencia y tecnología, al dejar el financiamiento sujeto a decisiones discrecionales.
Tras dos años de Gobierno del ultradefensor de la eliminación de todos los compromisos sociales del Estado, los gremios del sector educativo argentino auguran un año 2026 con mayor parálisis de actividades por protestas, en defensa del rol del Estado en la educación, la ciencia y la producción.
