José Negrón Valera (Sputnik).— La iniciativa, propuesta por el diputado Roy Daza, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), responde a lo que el parlamentario calificó como la conversión del tribunal en «un instrumento de los intereses imperialistas y coloniales«, ejerciendo una «persecución» contra la nación sudamericana, en lugar de garantizar la justicia internacional.
Sputnik conversó con la abogada venezolana y magíster en Derechos Fundamentales, Ana Cristina Bracho, para profundizar en las implicaciones jurídicas y geopolíticas de este paso dado por el poder legislativo venezolano.
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El contexto de una decisión
Bracho inicia su análisis situando la decisión venezolana en un marco global de cuestionamiento a la CPI.
«Es un tema que, más allá del caso de Venezuela, se ha denunciado con frecuencia», señala, recordando que en el debate legislativo se habló de la Corte como un «instrumento de coloniaje jurídico».
Esta crítica, afirma, no es aislada. «Ya hace más de 10 años que los países africanos vienen denunciando cómo se ha constituido una corte de blancos que solamente ha condenado naciones negras, como si estos [Estados] fueran los únicos enclaves donde se violan derechos humanos», recuerda.
La experta subraya una falla estructural de origen: la CPI es una arquitectura jurídica de fines del siglo XX que «no logró sus objetivos». Su mayor evidencia es la ausencia de potencias clave.
No lo consiguió porque «podemos ver que es una estructura en la que no forman parte, por ejemplo, Estados Unidos, China y Rusia retiraron su firma. Ya tenemos que una gran parte del mundo no está sometida a esa jurisdicción», asevera.
La narrativa de una relación fracturada
Venezuela, como país signatario que ratificó el Estatuto de Roma, tiene dos expedientes abiertos en La Haya. «Venezuela I» es una investigación de la Fiscalía de la CPI sobre presuntas violaciones de derechos humanos, en el contexto de las protestas de 2017.
En 2020, el Estado venezolano, en un movimiento poco común, solicitó la apertura de «Venezuela II», una investigación donde denuncia que las medidas coercitivas unilaterales impuestas principalmente por Washington constituyen crímenes de lesa humanidad contra su población.
A partir de ahí, la relación transitó por visitas y la firma de un memorándum de entendimiento, que incluía el establecimiento de una oficina de la CPI en Caracas. Este punto es crucial, explica Bracho, para entender el principio de «complementariedad» que rige al tribunal.
«Esta Corte no es, en principio, [un organismo] contra los Estados, sino un instrumento adicional a [los países] para determinar responsabilidades individuales y tienen que trabajar complementariamente en colaboración», subraya la experta.
Sin embargo, Caracas ha denunciado reiteradamente que, en el caso «Venezuela I», la CPI no actuó bajo ese principio, mostrando «falta de rigor» al tomar, por ejemplo, «notas de prensa como prueba».
La gota que derramó el vaso, según el relato de la analista, ocurrió esta semana. «Iniciando la semana, la Corte Penal Internacional anuncia que va a cerrar esa oficina en Caracas, argumentando que no tiene una relación de complementariedad con las autoridades venezolanas», expone.
Para Bracho, el mensaje es claro: la CPI «está anunciando que quiere proceder a una investigación de manera unilateral, sin los procedimientos del estatuto».
«Por eso, Caracas responde y dice, ‘bueno, eso significa no querer trabajar en los términos del Estatuto, sino establecer una relación colonial en la que quiere sustituir las autoridades venezolanas'», enfatiza. Recuerda que, ante cualquier delito, el deber primario de investigar recae en el Estado, y que Venezuela, en el marco de «Venezuela I», revisó expedientes y actuó en colaboración con la Corte.
Los efectos del retiro
Frente a la decisión de la Asamblea Nacional, surgen interrogantes prácticas. ¿Qué pasa con las investigaciones abiertas?
Bracho es precisa: la denuncia de un tratado tiene efectos hacia el futuro. «La salida de Venezuela no significa el fin de la investigación abierta», pondera.
Cita el paralelismo con Filipinas, que se retiró de la CPI en 2019, pero cuyas pesquisas iniciadas en 2018 siguen activas y en trámite.
«Así que lo que veríamos, sería que, a futuro, no pueden seguirse abriendo investigaciones sobre Venezuela», destaca.
La segunda interrogante es hacia dónde puede acudir Caracas para buscar justicia internacional, por ejemplo, por las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe o el crimen de agresión que, según su perspectiva, engloba las sanciones.
Bracho reconoce que el escenario es complejo. «La ONU es una organización compuesta por diferentes actores bastante desordenados y descoordinados», reflexiona.
Aunque menciona que la Secretaría General de las Naciones Unidas ha reconocido que el abordaje contra Venezuela viola el derecho internacional, las vías quedan reducidas principalmente a «las instancias diplomáticas».
La decadencia de un sistema
Para Bracho, es lógico que instituciones como la CPI reflejen prácticas colonialistas, esto porque el sistema, nacido tras la Segunda Guerra Mundial, está en decadencia.
«Las nacionalidades de quienes son los jueces, los sitios donde [ellos] estudian, los razonamientos que tienen reflejan esa lógica», precisa.
Por tanto, un nuevo mundo «requiere una nueva infraestructura jurídica».
El futuro de este sistema, argumenta la experta, dependerá de la pugna geopolítica. Mientras tanto, observa una realidad cruda: el derecho internacional clásico es sustituido por un «orden basado en reglas», impuesto por unos pocos, y se vive «una década sin precedentes de uso de medidas coercitivas unilaterales que rompe el principio de la igualdad de los Estados».
El caso de Palestina, señala, es sintomático. «Tenemos dos grandes actores muy identificados, que son Estados Unidos e Israel, los dos fueron firmantes del Estatuto de Roma y en el mismo momento, en el 2002, los dos retiran la firma. Y esa es la causa por la que se ha vuelto una instancia que no tiene ninguna incidencia».
La decisión de Venezuela de iniciar el camino para salir de la Corte Penal Internacional, a juicio de Bracho, trasciende el caso específico. Se presenta como un acto de defensa soberana dentro de un sistema de justicia internacional fracturado, acusado de selectividad y de operar como un brazo jurídico de intereses geopolíticos dominantes.
Un gesto que se inscribe en un creciente descontento global con las instituciones nacidas en el siglo XX, y que plantea, una vez más, la urgente pregunta sobre cómo construir mecanismos de justicia verdaderamente universales y libres, ante lo que muchos en el sur global perciben como un lastre colonial.
