El negocio redondo de las mutuas: dinero público para el control patronal.
Por André Abeledo Fernández
Existe una verdad incómoda que la propaganda empresarial se empeña en maquillar con conceptos vacíos como la «eficiencia» y la «colaboración público-privada». Detrás de las siglas de las mutuas de accidentes de trabajo no se esconde un servicio social desinteresado, sino un engranaje millonario que funciona bajo una lógica perversa: hacer negocio privado utilizando el dinero de toda la clase trabajadora. Asistimos a una privatización encubierta de la salud laboral, un trasvase masivo de recursos públicos hacia intereses patronales que desprotege al eslabón más débil de la cadena: el trabajador.
Conviene desmontar la gran mentira sobre la que se asienta este sistema. Las mutuas no se sostienen con pólizas privadas ni con capital riesgo de los empresarios. Su presupuesto milmillonario procede directamente de la caja única de la Seguridad Social, es decir, de las cotizaciones que se detraen del sudor y del esfuerzo diario de la clase obrera. Sin embargo, aunque el dinero es cien por cien público, la gestión es cien por cien privada y está en manos de asociaciones de empresarios. El resultado es un modelo idílico para la patronal: control absoluto de la gestión médica financiado íntegramente por el Estado.
El verdadero beneficio de este entramado no se mide solo en los excedentes de los balances, sino en su función como herramienta de control y abaratamiento de costes para las grandes corporaciones. Las mutuas operan con objetivos mercantilistas donde el paciente deja de ser un enfermo para convertirse en un coste que hay que eliminar cuanto antes. De ahí la presión asfixiante por acelerar las altas médicas, incluso cuando el trabajador no está recuperado, y la sistemática negativa a reconocer las enfermedades profesionales. Si una dolencia es catalogada como contingencia común, la mutua se ahorra la factura, la empresa limpia sus índices de siniestralidad y el problema se traslada al saturado sistema público de salud.
Esta estafa social se agrava mediante la subcontratación y la externalización de servicios. Las mutuas desvían de forma constante millones de euros de dinero público hacia clínicas y hospitales privados para realizar pruebas, operaciones y rehabilitaciones. Mientras la sanidad pública se asfixia por la falta de recursos, el dinero de las cotizaciones sociales sirve para engordar las cuentas de resultados de los grandes grupos de la sanidad privada.
La firma de acuerdos como el V AENC, que abre la puerta a que las mutuas metan la mano en la gestión de las bajas comunes, no es más que la claudicación de la política ante los intereses del capital. Permitir que la patronal tutele la salud de los trabajadores en su ámbito privado es el último paso para consolidar un modelo donde el derecho a la salud queda supeditado al absentismo y a la productividad. El dinero público debe volver a la sanidad pública, y la gestión de nuestra salud debe responder a criterios médicos, no a los dividendos de ninguna gran empresa. Nuestra salud no es su negocio.
André Abeledo Fernández
