El laberinto del INSS: cuando la burocracia castiga la enfermedad y la vulnerabilidad.
Por André Abeledo Fernández
El sistema de seguridad social en España padece una desconexión alarmante con la realidad de las familias trabajadoras. Detrás de las siglas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no solo hay expedientes administrativos, hay vidas suspendidas y castigadas por la rigidez de normas absurdas. Mi caso, tristemente, es solo el reflejo de una maquinaria burocrática que parece diseñada para desgastar al ciudadano en lugar de protegerlo.
El castigo de enfermar antes de los 55 años.
La primera gran incoherencia del INSS radica en los criterios de edad para calcular el sustento de una incapacidad. En mi trayectoria en el sector de los supermercados y en empleos de alta exigencia física, acumulé un historial médico severo que incluye fascitis plantar bilateral, discopatías cervicales, tendinitis y problemas lumbares crónicos. Al reconocérseme una incapacidad permanente total para mi trabajo habitual, el sistema dictaminó mi sentencia financiera: pasar de un salario digno a percibir únicamente el 55% de mi base reguladora, es decir, 752,15 euros al mes.
La legislación establece que al cumplir los 55 años ese porcentaje sube al 75% bajo el pretexto de que a esa edad es más difícil reincorporarse al mercado laboral. Sin embargo, la realidad económica no entiende de esa frontera cronológica:
Mismos gastos esenciales: Mis hijos de 14 y 17 años, de los cuales tengo la custodia en solitario, comen, visten y necesitan estudiar exactamente lo mismo hoy que dentro de cuatro años.
La utopía de la reinserción: Asumir que un ciudadano con un cuadro médico crónico grave tiene facilidades para encontrar un empleo compatible a los 51 años es de una ingenuidad administrativa insultante.
La trampa surrealista del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
El laberinto se vuelve aún más perverso al intentar buscar el auxilio de las herramientas de protección social complementarias como el Ingreso Mínimo Vital. El entramado burocrático actual genera situaciones aberrantes que atentan directamente contra la estabilidad familiar y los derechos más básicos:
Unidades de convivencia ficticias: La rigidez para valorar la situación socioeconómica de los solicitantes penaliza la convivencia solidaria en los hogares.
Elecciones imposibles: El sistema empuja a personas vulnerables a dilemas inaceptables, obligándonos a elegir entre el sustento de nuestros hijos menores o desestructurar por completo nuestros hogares y relaciones de pareja.
Un grito de auxilio por la dignidad
No estamos exigiendo privilegios, reclamamos los derechos de salud, familia e ingresos económicos dignos que nos corresponden. Un Estado que se autodenomina del bienestar no puede permitir que sus instituciones funcionen como muros infranqueables de exclusión social.
Es urgente que el INSS y el Ministerio de Inclusión revisen estas normativas surrealistas. La protección social debe medirse por las necesidades reales de los dependientes y la gravedad de las dolencias médicas, no por fríos algoritmos de edad o criterios de convivencia obsoletos que asfixian a quienes más lo necesitan. El escudo social no puede transformarse en una trampa burocrática.
André Abeledo Fernández
Desde que empecé a trabajar en servicios sociales he podido constatar una evolución en contra de los usuarios. Se ha despojado de servicios el sistema.
El paso de la Renta Garantizada al INSS ha sido una jugada maestra para echar del sistema a muchas familias. Esta ayuda contra la pobreza va contra lo que son los principios de los Servicios Sociales, entre ellos la gestión de dichas ayudas por la administración más cercana al usuario, en Castilla y León los CEAS (centros de atención social). Están distribuidos cada 20.000 habitantes en ciudad o 10.000 en el mundo rural.
Estos centros están llevados por profesionales que conocen de cerca la problemática de su población. Esperar una resolución sobre el IMV desde Madrid y sin profesionales que lo gestionen, es una pérdida de derechos para el ciudadano.
La devolución de los pagos indebidos por la administración, son pagos que se originan cuando hay un cambio en la situación económica o de otro género, en la unidad familiar. La familia informa de estos cambios, pero la administración tarda en resolver esos cambios. Si esos cambios significan una bajada en el importe del IMV, te lo pedirá un año o dos después, cuando la administración resuelva esa modificación. El caso es que esa familia está obligada a guardar ese dinero a mayores, sin saber cuánto tiene que guardar (no se ha revisado aún). Esto les obliga a tener en la cuenta del banco una cantidad que tiene que devolver. Las reclamaciones de la administración son astronómicas, algunas de 20.000 €.
Y seguiría describiendo más irregularidades de la administración sobre otro tipo de ayudas pero ya me he extendido mucho.