Pepe Aguza* (Periodismo Alternativo).— A estas alturas del siglo XXI, es incomprensible el lamentable retorno intelectual de la mente y la conciencia de la sociedad europea al proponer e instaurar nuevamente la prestación obligatoria del servicio militar a los jóvenes. El miedo y preocupación por invasiones bélicas junto al interés comercial de venta de armas del imperialismo americano, propician la necesidad de ampliar los ejércitos, especialmente europeos, en los que hacía décadas se venían reduciendo.
Dicho servicio a la patria, solo implica un brutal entorpecimiento en la vida laboral o la interrupción de las carreras profesionales o estudios universitarios de los jóvenes, que pueden suponer el fracaso o abandono futuro. Por otra parte, significa un innecesario gasto económico a los Presupuestos Generales del Estado, que bien podría dedicarse a la mejora de los servicios públicos, construcción de centros de salud y hospitales, escuelas o universidades públicas.
Es inaceptable formar a seres humanos para la lucha y la guerra a estas alturas de la Civilización o la Cultura, mientras se debería trabajar por el fomento de la paz, como cantara el desaparecido beatle John Lennon, en aquellos temas pacifistas “Give peace a chace” (Dad una oportunidad a la paz), o “Imagine” que decía:
“Imagina que no hay países,
no es difícil hacerlo.
Nada por lo que matar o morir,
tampoco ninguna religión.
Imagina a toda esa gente
viviendo la vida en paz…”
O recordar ahora que se aproxima la Navidad aquel “Happy Xmas (War is over)” – Feliz Navidad (La guerra ha terminado).
Después de décadas en que la juventud trabajara por la objeción de conciencia o la insumisión, que en muchos casos supondría años de prisión, y los gobiernos suprimieran la obligatoriedad de prestación militar, hoy diferentes países como Letonia, que tras dieciséis años de haberlo suprimido, lo vuelve a restablecer en 2023, Suecia que lo hace en 2018, tras ocho años suprimido, Lituania que los restablecería en 2015 o Dinamarca, que no solo ha ampliado su duración, sino que lo hace obligatorio para las mujeres, igual que ocurre con Croacia, que también lo ha reintroducido haciéndolo extensible voluntariamente a las mujeres, o Alemania, donde fue suspendido en 2011, que pretende aprobar un plan de reclutamiento a partir de 2026.
De los 27 países que conforman la Unión Europea, diez de ellos tienen en activo la prestación del servicio militar obligatorio (Austria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, Lituania y Suecia), mientras otros de los que hay que decir toman la decisión de reintroducirlo, sus políticos y líderes estarían fuera de la edad militar, se proponen volver a activarlo, como sería el caso de Polonia, Francia o Alemania.
Varios de estos países que pretenden reactivar la prestación militar, intentan estimular la conciencia de los jóvenes con promesas de remuneración salarial y otros incentivos económicos, como el caso de Bélgica, que ha enviado una carta a 150.000 jóvenes próximos a cumplir 18 años, prometiéndoles un salario de 2.000 Euros mensuales.
Sin embargo, dependiendo de la zona en la Unión Europea, existen grandes diferencias de opinión sobre la recuperación de dicha prestación militar y así en la Europa Occidental, la posición es mayoritariamente contraria, sobrepasando el 52 %, mientras en la Europa del Este, esta cifra alcanza el 39 %, según estimaciones del pasado año de la empresa americana de consultoría, encuestas y recursos humanos, Gallup, que reconoce que casi la mitad de la población, el 47 % no estaría dispuesta a luchar por su país en caso de conflicto bélico, mientras el 32 % sí lo haría y el 21 % que no sabe o no contesta.
Para los jóvenes españoles está claro su rechazo a la prestación del servicio militar obligatorio superando el 58 % de los encuestados, mientras otros países de nuestro entorno como italianos, franceses o alemanes se muestran divididos.
España, tras más de dos siglos de permanencia, puso fin al reclutamiento obligatorio con el gobierno de José María Aznar, a través del Real Decreto del 9 de marzo de 2001 y a pesar del decreciente número de militares profesionales en las Fuerzas Armadas, (aproximadamente 13.300 efectivos en los últimos quince años, hasta 2025), el gasto de defensa para este año, se calcula que superará el 2´1 % del PIB destinado principalmente a los 147.134 militares profesionales en activo y gastos militares. Ello supone que una enorme cantidad de dinero irá destinada a formación para un modelo más competitivo, tecnológico y profesional, con tropa altamente cualificada y especializada, que a soldados voluntarios de reemplazo como mano de obra sin capacitación.
Los motivos de quienes rechazan la recuperación están desde la objeción de conciencia por motivos éticos, morales o laborales que pueden afectar a relaciones familiares, de paternidad o económicas, así como otras relacionadas con la salud por enfermedades mentales, cardíacas, diabetes, asmáticas o problemas graves, incluso otros motivos relacionados con estudios universitarios o profesionales.
Por otra parte, para casi ese 40 % de españoles que apoyan la reinstauración del servicio militar, entre los que por supuesto deberían quedan exentos los que por diversos motivos, edad, patologías o intereses militares de alta graduación, pretenden implantar dicha prestación aumentando la participación de la mujer, dificultando la posible prestación sustitutoria de objetores o penalizando dentro de un marco jurídico la insumisión, valoran de forma positiva ideas fascistoides como el reforzamiento de la conciencia nacional, defensa y respeto de los símbolos patrióticos o los valores humanos.
Pero también podemos encontrar detractores como la Ministra de Defensa, Margarita Robles, contraria a su implantación, frente a políticos como Josep Borrell, Alto Representante para Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, que defiende la idea de un servicio militar obligatorio que integrara a los jóvenes en la disciplina de un ejército europeo, cuyo servicio se prestara lejos del lugar de nacimiento del recluta y bajo el mando de un país diferente de su nacionalidad, lo que supondría una auténtica afrenta y falta de respeto a los derechos individuales del ciudadano.
Por ello y como apuntaba al principio, una decisión de tal trascendencia, debería ser tomada por personas cuya edad se vea afectada por dicho servicio y no por quien ya queda fuera de tal resolución, que en definitiva no solo afectaría a sus vidas, sino a la estabilidad y futuro del país.
* Pepe Aguza es miembro del Colectivo Prometeo.
