El pasado 1 de junio la jueza de Instrucción 4 de Alcalá de Henares amplió en nueve personas más el número de militares y guardias civiles investigados por vender armas y explosivos a los grupos fascistas. En total ya hay 16 acusados.

Entre los dirigentes de la banda está el coronel de la Guardia Civil Rodolfo Sanz Sánchez, más conocido por los alias de “Rudolf” y “El Nazi”, detenido en mayo de 2015 por su implicación en una red de tráfico de armas.

El coronel confesó a la prensa que es de ideología falangista y que asiduamente participaba en los homenajes a Franco y José Antonio Primo de Rivera. La banda era muy famosa en las cloacas neonazis. “Rudolf” llegó a reunirse en Madrid con un candidato a las elecciones europeas de Falange Española Independiente. Le ofreció un fusil de asalto M-16, grilletes y munición. Pero el falangista se decantó finalmente por una ametralladora valorada entre 4.500 y 5.000 euros.

La banda está relacionada con un falangista que estuvo en prisión por apuñalar a un joven en Guadalajara y el coronel “Nazi” también entregó un paquete sospechoso el 4 de abril de 2015 en la calle Canarias de Madrid a un candidato electoral del grupo fascista Alianza Nacional.

Esta mafia custodiaba las armas y municiones en diversos trasteros de alquiler en Madrid a los que denominaban “zulos”. En el radicado en los bajos de un edificio del número 199 de la calle Embajadores de Madrid, entre botellas de butano y cartones guardaban un total de 24 kilos de explosivo de los tipos TNT y PG-2, un material plástico utilizado por la Guardia Civil y el Ejército en dosis de gramos por su alto poder detonante. También había 12.500 cartuchos, decenas de petardos de trilita y armas de guerra.

El arsenal tenía capacidad para hacer saltar por los aires las viviendas donde se hallaba almacenado en secreto. El subteniente del Ejército Francisco C. M. también acumuló un polvorín casero en dos trasteros en Meco y Alcalá de Henares, donde guardaba cinco fusiles, dos subfusiles, 18 pistolas y revólveres, decenas de cañones y una mina contra carros.

La banda formó el arsenal con material suministrado por un subteniente del Ejército de Tierra en la reserva que, como Rodolfo, pasó diez meses en prisión preventiva tras las detenciones.

Además del tráfico de armas, la jueza investiga otros delitos de extorsión, pertenencia a organización criminal, revelación de información privilegiada, cohecho, riesgo provocado, descubrimiento y revelación de secretos, falsificación de documentos y omisión del deber de perseguir delitos, entre otros.

Todos trabajaban a las órdenes de Jesús de G.L., alias “El Grande”, un capitalista de Benavente con antecedentes por homicidio y amenazas. El jefe ejercía la violencia y el chantaje para cobrar deudas.

Entre los implicados aparece un miembro de los Grupos Rurales de Seguridad, tambien de la Guardia Civil, y además hay dos militares involucrados. Otro acusado es un funcionario civil del Ministerio de Defensa que pretendía transportar 11 millones de euros de procedencia desconocida. Otro miembro de la banda es un civil con antecedentes por narcotráfrico que sobornó al coronel Rodolfo Sanz datos reservados. También aparece un especulador segoviano que compró una pistola a la red mafiosa. Finalmente, otro es un detective privado con pasado neonazi.

El coronel falangista no sólo traficó con armas, sino que además cobró deudas con violencia e incluso asesoró a delincuentes sobre cómo huir de España. Aprovechaba su condición de guardia civil para filtrar a los delincuentes información sensible a las bases de datos de la Guardia Civil a cambio de un sueldo de entre 500 y 1.000 euros al mes.

En el sumario aparece que sus colegas se jactaban de las torturas: “No hace ni diez minutos que le acabo de romper la cabeza a un dominicano. ¡Le he dado una paliza que le he descojonado por completo!”, alardeó un guardia civil.

https://politica.elpais.com/politica/2017/02/14/actualidad/1487090041_119936.html
https://www.lanuevacronica.com/9-investigados-mas-en-el-caso-del-trafico-de-armas-del-coronel-de-la-guardia-civil

La Audiencia Nacional ha condenado a dos años y un día de prisión a los doce raperos del colectivo La Insurgencia acusados de delitos de enaltecimiento del terrorismo,quitándoles así la posibilidad de solicitar la suspensión de la pena de cárcel. El alto tribunal les condena también al pago de una multa de 4.800 euros y a nueve años de inhabilitación absoluta.

“Ahora toca recurrir al Supremo”, ha señalado a El Salto Saúl Zaitsev, uno de los miembros de La Insurgencia condenados. La sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no rebaja ni un solo día la pena de cárcel solicitada por el fiscal José Perals -el mismo que 375 años de cárcel para los jóvenes del caso Altsasu-.

Es la misma sala de la Audiencia Nacional que juzgó y condenó a doce años de cárcel a Mónica C. y Francisco S. por la detonación de la Basílica de El PIlar de la Zaragoza con la que comenzaron los procesos judiciales relacionados con el supuesto terrorismo anarquista que dieron lugar a las operaciones Pandora, Piñata -cuyos procesos judiciales ya han sido archivados- e ICE, por la que Nahuel, un joven de 25 años, estuvo un año y medio en prisión preventiva y a día de hoy sigue en espera de juicio. La condena a Mónica y Francisco fue posteriormente reducida a cuatro años y medio por el Tribunal Supremo.

El proceso penal contra la Insurgencia ha sido instruido por la juez Carmen Lamela, ante la que los jóvenes se negaron a declarar. Iba dirigido contra los trece raperos de este colectivo, cinco de ellos residentes en Vigo. Uno de ellos no ha ido a juicio aun al ser menor de edad. Los doce llevados a juicio tienen entre 18 y 27 años de edad.

Durante el juicio, la Fiscalía defendió que las canciones de La Insurgencia “propagan un método violento para combatir un sistema que [los acusados] consideran injusto”. También reiteró que estos raperos hacen enaltecimiento del PCE(r)-Grapo. Comparándoles con yihadistas, el fiscal afirmó que «los acusados tienen una religión que es la lucha sindical obrera y que la explotación de los oprimidos merece una lucha armada contra determinados colectivos».

Los doce raperos de La Insurgencia son los primeros en ser condenados a más de dos años de prisión, por lo que, si el Supremo no acepta su recurso, entrarán en la cárcel. Alfredo Remírez, detenido en una de las operaciones Araña, fue condenado a año y medio de cárcel por enaltecimiento tras llegar a un acuerdo con Fiscalía, pero posteriormente la Audiencia Nacional decidió su entrada en prisión por los antecedentes derivados de una causa anterior de enaltecimiento por pedir el acercamiento de presos con muñecos de cartón en las fiestas de Amurrio.