El 16 de diciembre de 2014 cientos de agentes de los Mossos d’Esquadra (alrededor de 500) se despliegan en 14 locales y casas de Barcelona, Manresa y Sabadell. Los registros también llegan a un domicilio de Madrid. La operación está dirigida por la División de Información de los Mossos y está coordinada por la Audiencia Nacional. Es la Operación Pandora I. Once personas son detenidas y siete de ellas entran rápidamente en prisión incondicional. Los cargos son durísimos.
El magistrado de la Audiencia Nacional Gómez Bérmudez les atribuye la comisión de delitos de constitución, promoción, dirección y pertenencia a organización terrorista en relación con delitos de tenencia y depósito de sustancias o aparatos explosivos y daños y estragos con finalidad terrorista. La nota de prensa que los Mossos d’Esquadra remiten a los medios hablan de la desarticulación de “una organización terrorista de cariz anarquista a la que se le atribuyen varios atentados con artefactos explosivos”.
Se trata de la primera operación a gran escala contra este presunto terrorismo anarquista implantado en España. Después vendrá la Operación Piñata, en la que serán detenidas 15 personas y cinco entrarán en prisión; y la Operación Pandora II, en la que serán detenidas otras nueve personas. Los cargos y la base de la acusación son prácticamente idénticos: pertenencia a organización terrorista, daños y tenencia ilícita de armas para uso terrorista.
En total, 33 personas fueron detenidas y 12 encarceladas en apenas un año acusadas, en su mayoría, de participar de uno u otro modo en una presunta organización terrorista a la que se acusa de ser el brazo operativo en España de la FAI-FRI (Federación Anarquista Informal-Frente Revolucionario Internacional) y actuar bajo el nombre de Grupos Anarquistas Coordinados (G.A.C.).
Esta organización terrorista tendría, según describe el auto de la Operación Piñata que envía a prisión a cinco personas, unos 17 miembros activos aunque habría muchos más en su órbita y sería una especie de coordinadora de células terroristas que habrían actuado ya en explosiones como las que tuvieron lugar en la catedral de la Almudena de Madrid y en la basílica del Pilar (Zaragoza) en 2013.
Estas células —describe el auto— estudiaron “ejecutar un acto delictivo con finalidad terrorista en las fechas próximas al Acto de Coronación de Felipe VI”. Asimismo, se señala que estas organizaciones están movidas por “motivos puramente ideológicos” y pueden “atacar todo lo que representa al Estado español, así como a símbolos religiosos o financieros (empresas, entidades bancarias), y con ello, ejecutar los hechos con el afán de subvertir el orden constitucional instaurado en España”. Una clara muestra de ello, dice el auto, es la lectura de la obra “Contra la democracia”.
En noviembre de 2015, además, llegará otra operación relacionada con las dos anteriores. Arrestan en Madrid a seis jóvenes acusados de formar un peculiar grupo terrorista anarquista y vegano, que rechazaba las drogas y el alcohol, llamado Straight Edge. Uno de los jóvenes, de hecho, pasó hasta 14 meses en prisión de máxima seguridad con la acusación de haber participado en la quema de cajeros.
Las operaciones policiales ponían fin a una larga lista de advertencias de las autoridades. Apenas unos meses antes, algunos de los principales responsables del país en materia de seguridad advertían de los peligros del anarquismo. El que era Director General de la Policía, Ignacio Cosidó, anunciaba que “el terrorismo anarquista se había implantado en España” y que había “riesgo de atentados”, mientras que el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, culpaba a los anarquistas de los disturbios de Gamonal. Incluso el diario El País publicó por aquellos tiempos unos informes policiales que señalaban que “el terrorismo ácrata” había copiado (aunque “a otro nivel”) la forma de actuar y organizarse de Al Qaeda. El diario de Prisa, de hecho, tituló la información así: “El terrorismo anarquista copia a Al Qaeda”.
El auto habla de “posibles ilícitos penales relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas”; sabotajes bancarios o de la colocación de explosivos en templos religiosos con la finalidad de alterar gravemente la paz pública. La alarma policial se dejó ver en los medios de comunicación. La palabra anarquismo se situó entre las principales noticias del día cada vez que hubo novedades en los casos y siempre asociada a la idea de violencia y terrorismo.
Dos años y medio después del inicio de estas operaciones, absolutamente ninguno de los acusados e investigados ha sido condenado por estas acusaciones. Muy al contrario, la Audiencia Nacional ha dado serios varapalos a las operaciones y a las tesis policiales. En junio de 2016 fue sobreseída la Operación Pandora II y hace apenas una semana sucedió lo propio Pandora I. En los dos autos se especificaba que “pese al tiempo transcurrido no se han averiguado hechos nuevos que puedan ser estimados como indicios suficientes”.
Asimismo, la última persona encarcelada por la Operación Piñata, por la que entraron en la cárcel 11 anarquistas, fue liberada en mayo de 2015. El auto de puesta en libertad, además, fue muy duro con las medidas de prisión provisional decretadas anteriormente. Así, el documento critica que la decisión de encarcelar a cinco de los detenidos se realizó sin reflejar en el texto “indicios racionales de la comisión de una acción delictiva” ni “la “comisión de acciones terroristas de ningún tipo, y en concreto con el GAC, no constando esos supuestos ataques indiscriminados ni se ha producido una situación de grave alteración”.
El auto además resaltaba que ninguno de estos presuntos ataques, además, había imposibilitado la normal convivencia de los ciudadanos ni había provocado una grave alteración de la paz pública. “La escasa intensidad de los hechos atribuidos por la policía impide hablar de la existencia de una organización terrorista ya que no existe un grupo coordinado, jerarquizado y estructurado; ni las acciones que se les atribuyen tienen finalidad terrorista, sino que, normalmente, suelen responder a protestas concretas”, queda reflejado en el documento.
Por otro lado, no deja de ser curioso que el manual “Contra la democracia”, descrito en los autos prácticamente como un manual terrorista, no dice nada de nada relacionado con el terrorismo. “El texto contiene la palabra ‘violencia’ 9 veces y en ninguna de ellas haciendo un llamamiento expreso a la misma sino que reflexiona sobre la violencia del Estado o la no-violencia del ciudadano medio o para reflexionar si existiría violencia o no en caso de desaparecer los ejércitos del mundo. La palabra ‘armada‘ aparece 3 veces: una para referirse a la Armada Invencible, otra para los zapatistas y otra sobre ‘la época en que había más lucha armada’. En ningún momento se refieren a acciones violentas o lucha armada. ‘Sabotaje’ no aparece ni una sola vez”.
Asimismo, el auto también ataca la presunta integración de estas personas en una organización terrorista. “La vinculación que se lleva a cabo de estos grupos es absolutamente gratuita […] No se ha acreditado la existencia de tales grupos (GAC) y mucho menos la pertenencia a los mismos del ahora recurrente. Sus actividades eran absolutamente legales y no tenía nada que ocultar, como lo demuestra el hecho de que conocía que eran objeto de investigación policial”, prosigue.
¿Pero cómo es posible que hayan pasado por prisión cautelar sin fianza varias personas acusadas de terrorismo y que la Justicia no haya encontrada nada contra ellas? ¿Qué buscaba la policía? La tesis policial consiste en que los G.A.C. son la rama española de FAI-FRI, organización que sí que está reconocida como terrorista por las autoridades europeas, y que diferentes grupos anarquistas del Estado español sin una relación formal entre sí, sin conocerse, sin adiestramiento previo de ningún tipo, aprendiendo cada uno por su cuenta, sin consignas y sin jerarquías integran esta organización siendo todos ellos responsables de las acciones de los otros.
Las operaciones policiales contra el anarquismo nacen en el año 2013 tras la explosión de dos artefactos pirotécnicos en La Almudena y la basílica del Pilar. Los dos ataques fueron reivindicados por el autodenominado Comando Insurrecionalista Mateo Morral y dos ciudadanos chilenos fueron detenidos como responsables de estos hechos: Franscisco Javier Solar y Mónica Andrea Caballero.
A partir de ahí, la policía comienza una labor de seguimiento de las personas que los visitan en prisión y con los que han podido mantener lazos o compartir información. La tesis es que este Comando Insurrecionalista Mateo Morral junto con el resto de organizaciones o colectivos anarquistas con los que tienen relación forman parte de una misma organización terrorista que tiene como fin la “subversión del orden constitucional”. La única prueba es que sus miembros mantenían relación entre ellos, establecían contactos y, de vez en cuando, realizaban acciones conjuntas.
La película de ficción de los servicios de inteligencia de la Policía duró hasta que la Audiencia Nacional, en una sentencia ratificada por el Supremo, condenó a los dos ciudadanos chilenos en marzo de 2016 por sendos delitos de lesiones terroristas y daños terroristas, pero los absolvió del delito de integración en banda armada.
La descripción que la policía hacía de los GAC y de los FAI/FRI no encajaba en ni uno solo de los requisitos establecidos en el Código Penal español para que alguien sea condenado por integración en organización terrorista ni para que la organización descrita, los GAC, pueda ser considerada como terrorista.
“Si se considerase a la FAI/FRI-GAC organizaciones terroristas, serían tan defectuosas, incapaces y objetivamente disfuncionales que ni siquiera tendrían relevancia penal. Y es que una organización horizontal no es una organización”, establece la sentencia de la Audiencia Nacional, que también recrimina que “no se ha practicado prueba alguna tendente a acreditar que los procesados […] estuvieran integrados en alguno de los llamados grupos de afinidad de FAI/FRI—GAC”, dicta la sentencia.
Con esta sentencia, los cargos contra los anarquistas comienzan a diluirse cual azucarillo en vaso de agua. Los acusados van saliendo de prisión y las operaciones Pandora I y Pandora II ya han sido cerradas. Los que ayer eran una amenaza real para el terrorismo en España, hoy están en la calle.
Es el extraño caso de una organización terrorista sin organización ni terroristas.
http://www.publico.es/sociedad/extrano-caso-organizacion-terrorista-anarquista.html
