Por Raúl Zibechi

Todos los días, desde hace una década, se acumulan noticias macabras que elevan la cifra de muertos por la ‘guerra contra el narcotráfico’ a más de 200.000 personas y 30.000 desaparecidos.

Al día siguiente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ONU-Mujeres apuntan al corredor Puebla-Tlaxcala como una de las principales zonas de captación y tránsito de personas con fines de explotación sexual, lo que sucede desde hace, al menos, 20 años, «sin que el Estado mexicano intervenga de manera decidida en un fenómeno delictivo que se extiende cada vez más» (La Jornada, 20 de marzo de 2017). El informe asegura que «México es país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas, a lo cual contribuye su situación geográfica, dado que se ha convertido en paso obligado de los migrantes centroamericanos».

El mismo día, los medios informan del asesinato del periodista Ricardo Monlui Cabrera, propietario y director del portal El Político, cuando salía de un restaurante junto con su familia en el municipio de Yanga, en Veracruz. Sólo en ese estado, 24 periodistas y fotógrafos fueron asesinados durante las Administraciones de los miembros del PRI (Partido Revolucionario Institucional) Fidel Herrera y Javier Duarte. Este fue gobernador entre 2010 y 2016 y, desde hace seis meses, se encuentra prófugo de la justicia, que lo acusa por delitos de «delincuencia organizada», lo que habla de su vinculación con el narcotráfico.

Este breve panorama dibuja no obstante la lacerante actualidad de México, que sufre una guerra que se ha cobrado más víctimas que las guerras civiles centroamericanas en las décadas de 1980 y 1990. Hay tres aspectos que merecen ser destacados: la inacción del Estado, la connivencia de una parte de las instituciones con el narcotráfico y la acción de la sociedad civil organizada como única respuesta a la violencia.

El caso de Veracruz, que estos días ocupa las portadas de los medios, puede servir de muestra de lo que sucede en casi todo el país. Por un lado, aparece la disputa entre diversos carteles de la droga (Jalisco Nueva Generación y Los Zetas, con apoyo de agentes policiales y de la Secretaría de Seguridad Pública, en asesinatos y desapariciones). Una de las luchas más crueles se registra por el control de puerto de Veracruz, sobre el golfo de México, el puerto marítimo y comercial más importante del país azteca. Por allí salen toneladas de droga e ingresan los preciados precursores químicos imprescindibles para fabricar estupefacientes.

Veracruz tiene 212 municipios y se han encontrado fosas clandestinas en 44 de ellos, sobre todo en el entorno del puerto. La más reciente es la descubierta en Colinas de Santa Fe, que alberga un mínimo de 250 cadáveres, pero que la Policía Científica estima que podrían superar los 600.

El narco opera de una manera directa. Cuando una autoridad no se pliega a sus negocios, ya sea participando o dejando hacer, la asesinan o crean una situación insostenible. Cuando Miguel Ángel Yunes, del PAN, asumió la gobernación de Veracruz (el 1 de diciembre de 2016), en sustitución del prófugo Duarte, se produjeron 600 homicidios en los primeros 100 días de su Administración. Un mensaje mafioso, una advertencia para que participe en los negocios ilícitos o por lo menos no se entrometa.

Pero uno de los hechos más elocuentes es el trabajo incansable de las madres de desaparecidos, que decidieron salir a buscar a sus hijos e hijas que no regresaron. Es el caso de Colectivo Solecito, que consiguió ubicar decenas de cuerpos y es el responsable del descubrimiento de la megafosa de Colinas de Santa Fe, probablemente la más grande hallada en América Latina.

Son apenas medio centenar de madres, que dedican todo su tiempo a realizar marchas, denuncias y a cavar en las fosas clandestinas con sus manos. Financian sus actividades con ventas de ropa en garajes, kermeses y rifas para apoyar a sus brigadas de búsqueda. El 10 de mayo del 2016, varios desconocidos se les acercaron en una marcha y les entregaron papeles con mapas dibujados a mano que les permitieron llegar a la fosa de Colinas de Santa Fe.

Las madres del Colectivo Solecito dijeron a Proceso que el fiscal general del Estado, Jorge Winckler (http://goo.gl/2tV08F), «se burla de nosotras en redes sociales, no nos atiende, no nos recibe», y desprecia el trabajo de las asociaciones de familiares de desaparecidos. En suma, que la complicidad del Estado en los crímenes del narcotráfico está fuera de duda. Por eso, el pasado 16 de febrero, las madres entraron a la fuerza a la Fiscalía empujando a los policías ministeriales, luego de que Winckler las hiciera esperar más de tres horas para recibirlas.

A las narco-fosas se suman las matanzas a cielo abierto. El 20 de septiembre de 2011, fueron abandonados 32 cadáveres en Boca del Río (Veracruz). Estaban maniatados, semidesnudos y con las letras Z talladas en las espaldas. Es una de las muchas matanzas con las cuales el narco pretende amedrentar a la población para que no interfiera en sus negocios.

Lo que llama la atención es que el Banco Mundial, además de otras instituciones y organismos como Forbes, consideran que México es el país que tiene mejor «clima de negocios» de la región, que se sitúa en el «grupo selecto de economías mundiales que han llevado a cabo reformas cada año desde 2004» y que, «una vez más, México es la economía mejor clasificada en la región».

¿Cómo podemos relacionar este ‘clima de negocios’ con una guerra desastrosa para la sociedad mexicana? Este es el punto clave que nos permite pensar que estamos ante un narco-capitalismo. Suele decirse que el de México es un ‘narco-Estado». Pero esta realidad, que remacha el Banco Mundial con sus informes favorables sobre México, nos permite inferir que la guerra contra el narco encubre otra realidad más profunda y terrible: el capital funciona en algunos países en alianza con el narco, del cual toma prestados sus modos de operar, que consisten en hacer negocios aun al precio de destruir la sociedad.