Hay que iniciarlo en la calle de donde sacaron a las ciudadanos esperando el «milagro» de las elecciones. Toma milagro: España tiene comprometidos 122.122 millones de euros públicos en ayudas a la banca.
El acumulado de los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria se situaba a cierre de 2015 en 60.718 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas, pero la aportación total ha ascendido a 122.122 millones de euros, teniendo en cuenta préstamos y avales.
El principal componente de este coste ha sido el derivado de las aportaciones al capital y cuotas participativas, que ascienden a 46.021 millones de euros, explica el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria.
El Estado otorgó avales a las entidades de crédito relacionadas con los procesos de reestructuración o resolución, por un importe máximo de 85.965 millones de euros, ascendiendo el saldo vivo de la única emisión no amortizada hasta la fecha a 1.059 millones. Además, el saldo vivo a 31 de diciembre de 2015 de las emisiones de deuda senior de la sociedad Sareb, que ascendía a 43.476 millones de euros, está avalado por el Estado.
El Tribunal apunta que no todas estas medidas suponen un coste del proceso para el sector público. Según las estimaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, el coste acumulado de los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria se situaba, al cierre de 2015, en 60.718 millones de euros.
Las entidades que han supuesto un mayor coste para el erario público son CatalunyaBanc, hoy integrada en BBVA con 12.676 millones, le sigue Bankia con 12.347 millones, Banco CAM, absorbida por Banco Sabadell (11.065 millones) y Novacaixagalicia (9.159 millones).
La estimación del coste del proceso de reestructuración no puede considerarse definitiva, en tanto que no se encuentren finalizados todos los procesos de restructuración, destaca el tribunal. Hay que tener en cuenta el hecho de que ciertas operaciones realizadas con posterioridad a 2015, pueden provocar un incremento o una disminución del importe.
Coste por ciudadano
En el momento del rescate, el Gobierno de Rajoy solicitó a Bruselas 40.000 millones en 2012. Por entonces, el ministro de Economía, Luis de Guindos, prometió que las ayudas a la banca no costaría «ni un sólo euro» al contribuyente. Lo cierto es que tomando la cifra del Tirbunal de Cuentas, de momento, le está costando a los más de 19 millones de contribuyentes, en concreto 19.359.020 para ser exactos, según el número de liquidaciones de IRPF en 2014, 3.194 euros. En el caso de tomar de referencia al número de habitantes, 46,5 millones para el INE, la factura se distribuye en 1.300 euros por persona.
Además, el Tribunal de Cuentas pone de relieve en su informe las dificultades para calcular los gastos totales del proceso de reestructuración. Recomienda al FROB que por cada procedimiento de venta de entidades afectadas por procesos de reestructuración o resolución, elabore un documento en el que se regule el citado proceso; y que, tanto el FROB como el Fondo de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito, deberían establecer un sistema de contabilidad analítica que permita conocer, de forma directa e inmediata, los recursos que se aplican a cada uno de los procesos de reestructuración o resolución, así como los ingresos y gastos directamente imputables a los mismos.
Gastos innecesarios por parte del FROB
El Tribunal de Cuentas afea algunas de las decisiones adoptadas por el fondo de rescate español, el FROB, ya que, excepto en dos casos, no aprobó un procedimiento que estableciera las reglas básicas a aplicar en cada una de las ventas de entidades de crédito.
De hecho, el fondo ni siquiera determinó los criterios «financieros, fiscales y de oportunidad» que debían aplicarse para valorar, ordenar y seleccionar cada uno de los instrumentos de apoyo financiero que cabría adoptar en cada proceso, especialmente en los de resolución y venta de entidades, añade el Tribunal de Cuentas.
Entre abril y octubre de 2001, recuerda, el FROB contrató a expertos independientes para la elaboración de informes y valoraciones de dos entidades, antes de que éstas solicitaran formalmente ayudas públicas.
Esta anticipación en la contratación de los estudios se aparta del criterio establecido por ley y provocó que los informes recibidos por el FROB (que costaron un total de 1,4 millones de euros) fueran «innecesarios».
Sobre este asunto, el Tribunal de Cuentas ya señaló que las propias normas del FROB recogen que este tipo de informes de valoración debían ser repercutidos a las entidades de crédito y, sin embargo, el fondo no ha repercutido estos costes.
La explicación es que «a la vista de un informe solicitado a la Abogacía General del Estado», la Comisión Rectora del FROB acordó la «no aplicación» de esta norma en las últimas ayudas públicas concedidas.
El Tribunal de Cuentas critica asimismo que el FROB autorizara contratar una línea de crédito sindicada de hasta 3.000 millones como fuente de financiación alternativa en el caso de que los fondos de la entidad fueran insuficientes, puesto que al final no la utilizó y ha costado durante sus dos años de vigencia 33 millones.
eleconomista.es
