El 27 de enero de 2011, ante el “Pensionazo” (la reforma en el sistema de pensiones que elevó la edad de jubilación a los 67 años) se celebró una manifestación de protesta por el centro de Madrid.
La asistencia a la manifestación fue muy alta, en consonancia con el rechazo social que la reforma provocó. De hecho, constituyó parte del proceso que dio lugar, meses más tarde, al 15M.
Al final del recorrido, en la Plaza de Canalejas, se produjeron momentos de tensión, con varias cargas policiales.Tres personas, cada una en una circunstancia distinta, fuimos detenidas. Las detenciones fueron completamente arbitrarias, entre el tumulto de personas que nos encontrábamos allí. Se nos imputan los cargos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. Nos piden penas de casi cuatro años, dos años y medio y un año y dos meses de cárcel respectivamente. Además, se nos carga una multa de Delegación del Gobierno de 6.000 euros por los mismos hechos. Los tres estuvimos dos noches y tres días en los calabozos. Los cargos aumentaron cuando solicitamos el parte de lesiones tras ser detenidos.
El próximo 21 de marzo (a las 11 h. en el Juzgado de lo Penal nº 6 en c/ Julián Camarillo), más de seis años después, se celebrará por fin el juicio. Han sido seis años de retrasos sin justificación; un período dilatado de tiempo que ha ahondado en la incertidumbre y desasosiego que todo el proceso está generando en nosotros y en nuestro entorno. Afrontamos el juicio con firmeza, con la seguridad de nuestra inocencia, pero igualmente queremos denunciar la situación, exigimos nuestra absolución y pedimos apoyo. Manifestarse no es un delito, sino un derecho que necesitamos ejercer.
