Las recetas para superar el crack generan un país dual en el que las magnitudes macroeconómicas como el PIB alcanzan máximos históricos mientras las estrecheces de las familias y la exclusión económica llegan a cotas nunca antes alcanzadas.
EDUARDO BAYONA
España es cada vez más rica y los españoles cada vez más pobres. Es el nuevo “milagro español”: un país en el que, tras la crisis, se está cronificando un cuadro de disociación económico-social en el que el PIB (Producto Interior Bruto) y los niveles de pobreza alcanzan niveles de récord de manera simultánea.
La confirmación oficial de ambas tendencias se ha producido en vísperas de un Primero de Mayo en el que los sindicatos de clase, que celebran el 40 aniversario de su legalización el 28 de abril de 1977, centran sus reivindicaciones en la reclamación de mejoras salariales y la derogación de la reforma laboral.
Tanto el
Fondo Monetario Internacional (FMI), hace unos días, como el propio
Gobierno de Mariano Rajoy, este viernes, han anunciado sin decirlo que la
riqueza nacional española alcanzará este año un nivel de récord: los crecimientos del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,6% y del 2,7% que han pronosticado, respectivamente, suponen que el volumen de negocio del país superará los 1,14 billones de euros, más de 25.000 millones de euros por encima de la anterior marca de 1,116 billones registrada en 2008.
Sin embargo, esa recuperación de la macroeconomía de las altas finanzas y las grandes empresas, que va a superar los 115.000 millones de euros en menos de cuatro años (desde el bache de 1,025 billones de 2013), no discurre en paralelo a una mejora de la microeconomía de las familias y el consumo doméstico. De hecho, ocurre más bien lo contrario.
Más empleo, menos trabajo y menos sueldo
Entre otras causas, por los efectos de esa reforma laboral que en sus cinco años de vigencia ha provocado, tras arrollar los ERE a 1,2 millones de empleados que suponen más del 10% de los asalariados –uno de cada seis trabajadores, si se incluyen autónomos y funcionarios-, una
devaluación sin precedentes de las condiciones
laborales y salariales de los trabajadores españoles, en un proceso en el que la
precarización del empleo ha ido paralela a un desplome de las rentas.
Según los datos de la Agencia Tributaria, las rentas del trabajo pasaron de los 323.487 millones de 2012 a los 317.397 de 2015; es decir, un recorte de 6.090 millones de euros. Mientras, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) revelan otra de las tendencias paradójicas de la economía española: hay más empleo y menos trabajo.
El cruce de los
datos de ocupación y los de
horas trabajadas revela como la jornada media semanal de los trabajadores se situaba en casi 35 y bajaba a poco más de 33 y cuarto en el primer trimestre de 2014, cuando cesó el proceso de destrucción de empleo iniciado a finales de 2007. Sin embargo, y pese a la creación de puestos de trabajo de los últimos tres años, ese ratio ha seguido descendiendo para caer a 33 al cierre del primer trimestre de este año.
En esa evolución resulta clave la precarización del mercado laboral, en la que el volumen de horas de trabajo cubierto por contratos de
jornada parcial encadena ocho años de aumento mientras las asignadas a
jornadas completas apenas llevan tres de aumento tras dejarse 116 millones en el quinquenio 2009-2014.
El sistema productivo español, que al cierre de marzo generaba 609 millones de horas de trabajo semanales,
mantiene una pérdida de 70 con respecto a 2008, aunque con tendencias dispares: las
jornadas completas han perdido 77 millones pese a la recuperación de los últimos años mientras las
parciales ganaban siete.
Cuatro millones de familias pobres
El martes, la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (Instituto Nacional de Estadística) revelaba con datos de 2016 cómo el constante
avance de la pobreza se mantiene en España para alcanzar al 22,3% de los hogares: los ingresos de más de cuatro millones de familias no alcanzan los 8.209 euros anuales, un exiguo nivel de renta escasamente superior al Salario Mínimo Interprofesional (684 euros por 707) que las sitúa por debajo del umbral de subsistencia, un fenómeno que se está intensificando entre los mayores de 65 años y los menores de 16.
Esas tasas de pobreza afectan a más de la tercera parte de las familias en comunidades como Andalucía (35,4%) y Canarias (35%) y superan el 30% en otras como Castilla-La Mancha (31,7%) y Extremadura (30,4%).
La estimación, además, tiene un
truco que la corrige a la baja, ya que el propio INE admite que incluir en los cálculos “el valor de la vivienda en la que reside el hogar, cuando ésta es de su propiedad o la tiene cedida gratuitamente, hace que dicha tasa [de pobreza] disminuya”.
Es decir, que, de no incluir el valor de la casa, la tasa de pobreza del país, que alcanza un nivel nunca antes registrado, sería mucho más elevada. Por mucho que el Ministerio de Economía intente restarle importancia atribuyendo el aumento a un efecto estadístico provocado por una subida de las rentas.
No llegar a fin de mes
Algunos datos relacionados con las dificultades económicas de las familias, como la posibilidad de irse una semana de vacaciones, pierden gravedad, aunque eso no evita que más de un tercio de los hogares siga sin tener capacidad para afrontar gastos imprevistos (38,1%), ni impide que más de la séptima parte de las unidades de convivencia (15,3%) tenga “mucha dificultad para llegar a fin de mes”.
Este último indicador ganó más de un punto y medio en un año, lo que supone que el número de familias a las que no les alcanza el dinero ha pasado de 2,51 a 2,8 millones.
En ese contexto, lacras como la pobreza energética siguen afectando, aunque con una ligera tendencia a la baja de menos de un punto en dos años tras ganar casi cinco en el sexenio anterior, a casi dos millones de familias (un 10,2% del total) que no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada. Esta problemática alcanza a la sexta parte de los hogares monoparentales (16,6%).