La Policía Nacional española detiene al consejero municipal de Podemos Jorge Aranda y a un compañero activista cuando impedían el desahucio de una familia en Madrid.
Los hechos tuvieron lugar la mañana del viernes en un piso del madrileño barrio de Entrevías (sur). En la vivienda habitaba una pareja joven con dos menores, que unos meses atrás ocuparon la vivienda por problemas económicos.
El piso es propiedad de un banco, que les denunció por usurpación. En consecuencia, un juzgado de Madrid (capital española) ordenó el desahucio del inmueble, una circunstancia que preocupa mucho a las familias españolas que se encuentran ante situaciones parecidas.
Desde las 5H00 de la madrugada del viernes, hora local, un dispositivo policial compuesto por varias unidades de antidisturbios, unos 30 agentes, cortaron la calle donde se ubica el referido piso e impidieron que persona alguna entrara en la vivienda, en la que estaba la familia y una decena de personas.
Hasta el lugar de los hechos acudieron varias personas de plataformas antidesahucios para apoyar a los desalojados. En un momento dado se produjo una trifulca entre agentes y manifestantes, que terminó con la detención de Aranda y el activista Fernando Calvo.
La Policía les acusa de atentado a la autoridad, resistencia y desobediencia, pues, alega que uno de sus agentes resultó herido leve por pequeñas contusiones, según indicaron fuentes policiales a los medios de comunicación.
Asimismo, las mismas fuentes informaron que ambos arrestados saldrían en libertad una vez presten declaración y que no les llevarán ante la Justicia como ha ocurrido con otros activistas.
Todo el apoyo a nuestro compañero Jorge, detenido por defender pacíficamente el derecho a techo que recoge la Constitución
¡Sí se puede! pic.twitter.com/yq7sj3bUvS
— Ramón Espinar (@RamonEspinar) May 12, 2017
A pesar de las protestas de la jornada de ayer, una comisión judicial ejecutó el desahucio tras tres intentos fallidos. En este sentido, el portavoz vecinal, Diego Sanz, aseguró que la entidad financiera se ha negado a negociar con la familia y también les niega la posibilidad de un acuerdo para proporcionarles un alquiler social, como varios responsables municipales de Madrid habían negociado con el banco.
Sanz criticó que esta familia cuenta con muy pocos recursos económicos y no le será fácil encontrar otro lugar para habitar con sus hijos. Además, denunció que solo en este mes de mayo se han ejecutado siete desahucios de viviendas propiedad de la entidad bancaria, varios por usurpaciones, algunos por hipotecas no satisfechas y otros derivados de estafas de prestamistas con intereses abusivos.
En 2015, Amnistía Internacional (AI) presentó un duro informe sobre las ejecuciones hipotecarias en España y recordó que el derecho a una vivienda digna sufre la mayor violación de derechos humanos en este país europeo.
